Las ocupaciones ilegales de viviendas, ya estuvieran habitadas o deshabitadas, han subido ligeramente en Extremadura en los primeros siete meses del año y se han producido cinco más, pasando de 92 a 97.
Sin embargo en el total nacional han bajado, pero dentro de un contexto que registra anualmente y hasta el momento un incremento de estas prácticas, que suponen un delito en el caso de que la vivienda esté habitada permanente u ocasionalmente (segunda residencia), en cuyo caso se trata de un allanamiento de morada y los intrusos son expulsados por el Juzgado y la Policía en cuestión de horas.
Extremadura, con un incremento del 5,43 %, la Comunidad Valenciana y Murcia son las tres únicas comunidades autónomas donde han aumentado las ocupaciones en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2021; estos datos no distinguen entre allanamiento de morada y la “okupación” de viviendas vacías propiedad normalmente de bancos y promotoras inmobiliarias.
A escala nacional sin embargo han caído un 5,43 %.
En Extremadura, entre enero y julio se registraron 97 acciones de este tipo, por 92 de los mismos meses del año anterior. De los 97 citados, 55 tuvieron lugar en la provincia de Badajoz, lo que supone una caída del 16,67 %, y 42 en la provincia de Cáceres, donde aumentan un 61,54 %.
En el conjunto de 2017 hubo 103 casos en la región; en 2018, 101; en 2019, 120; en 2020, 110 y en 2021, 148.
Son datos del Ministerio del Interior cuyo Servicio Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad muestra que entre enero y julio se registraron 10.220 delitos de este tipo en todo el país, por 10.807 de los mismos meses del año anterior.
En el conjunto nacional de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792 y en 2021, 17.274.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mencionado este lunes estos datos al ser preguntado por la nueva grieta abierta con su socio de Gobierno Unidas Podemos por la enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos en un plazo máximo de 48 horas.
En este sentido, Marlaska ha pedido “no confundir” allanamiento y usurpación que “es penalmente relevante” con los “desahucios” consecuencia de un impago de renta o de hipoteca.
“Esa enmienda no contradice el principio esencial de protección de los colectivos vulnerables para los que está trabajando este Gobierno”.