Una de las respuestas más repetidas por el vecindario de barrios marginales, o entornos en riesgo de exclusión social, es la necesidad de aumentar la vigilancia policial para acabar con la delincuencia que denuncian de manera constante.
La perspectiva del Consejo General del Trabajo Social es bien diferente. Mira al origen del problema. A la desigualdad estructural que sufren las personas que mantienen comportamientos ‘incívicos’. Apuestan por una atención integral, un giro de las políticas públicas y de asistencia social.
Así lo pone de manifiesto Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social y de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Destaca cómo uno de los lemas más repetidos por este colectivo es el de “más trabajadores sociales, y menos policías”.
Aclara que la policía es necesaria y su labor es importante. “Pero la policía intervine cuando hay un problema. Un conflicto en el que se necesita seguridad y se necesita a la policía”. El trabajo social intenta actuar para prevenir ese problema. Anticiparse y generar una dinámica para que ese problema no se dé. “Lo que estamos diciendo es que tiene que haber unas políticas preventivas, y no paliativas”.
Cuando hay un joven que está en la cárcel “hay que atenderle y hay que trabajar con él; aunque también hay que intentar que los jóvenes no vayan a la cárcel”. Y eso se hace desde que son pequeños: en sus barrios, con sus familias. “Esa es la verdadera labor de un trabajador social, intentar que todo eso funcione y no se llegue a una situación paliativa”.
“Vayamos al origen del problema”
A modo de ejemplo se refiere a la paradoja de Alinsky, y muestra a un trabajador social que desde abajo ve a alguien caer al agua desde la montaña. El trabajador social le ayuda, le da una manta. Le propicia calor o alimentos... “Pero no paran de caer y caer. Llega un momento en que el profesional no da abasto. Al final apaña como puede a cada uno, pero no les está siquiera atendiendo bien, porque no tiene capacidad. Llega un día en que dice: voy a subir a la montaña, a ver por qué está cayendo la gente”.
Apuesta por atender a esas personas que 'caen' de la mejor manera posible, “pero otros de nosotros también tenemos que subir a la montaña y ver por qué cae la gente”. Se trata de no mirar solo a lo paliativo, sino al origen.
La crisis y la pobreza
La pobreza y el modo de abordarla. en consonancia con los Objetivos de Desarrollo sostenible, ha sido uno de las cuestiones que se han abordado este fin de semana en el XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado en Mérida.
En torno a la pobreza, Ana Lima muestra su disconformidad con algo que según dice se ha vuelto habitual: que se encarguen de todo las ONG y la solidaridad privada. Una tendencia que se traduce en derivar a las personas con problemas y sin ingresos a un comedor social, o al banco de alimentos, como solución. “Sí, igual en ese momento es necesario, pero creemos que los gobiernos tienen que poner encima de la mesa políticas sociales que garanticen derechos”.
Describe cómo los profesionales de trabajo social se encuentran con frecuencia con familias sin recursos, sin ingresos, y a los que se tarda en aprobar una renta mínima hasta 7 meses. “¿Qué va a hacer esa familia durante siete meses, qué va a hacer un trabajador social con esa familia? El problema que tiene es la ausencia de ingresos, y eso no es el trabajo de un trabajador social. Es el trabajo de una política social que garantice que haya gente que no se enfrente a esa situación, y no se vea sin una cobertura mínima”.
“A nosotros se nos ha vinculado mucho con la idea de ayuda a los pobres, cuando realmente el sistema público de servicios sociales tendría que cubrir a toda la gente, para toda la ciudadanía y con ese carácter preventivo y comunitario”.
Los trabajadores sociales están en contacto directo con la calle, son el punto de atención más cercano al que acuden personas con problemas. Y su trabajo se ha multiplicado. “Tenemos mucho trabajo en los ayuntamientos, estamos agobiados, recibiendo a gente que tiene problemas. Te olvidas de subir a esa montaña de la que hemos hablado. Muchos compañeros están quemadísimos, agobiados, porque no paran de atender a gente con unos problemas tan complejos, a los que a veces es casi imposible darles solución”.
“Mientras que el Estado te dice: pues mándalos a Cáritas o Cruz Roja, que les den un paquete de lentejas. Eso no es solución, nosotros nos hemos revelado en contra de eso hace tiempo”.
En este apunto aclara de nuevo que no tienen nada en contra de la caridad y las ONG privadas. “Pero el Estado no puede abocarnos a eso, tiene que poner en marcha unas políticas sociales que dignifiquen a las personas, y no que las etiqueten y que las traten de aquella manera”.
Los mapas de la pobreza
El trabajo que realizan les permite identificar en las ciudades y grandes municipios los denominados ‘mapas marginales’. Para Ana Lima hablar de pobreza supone también tratar el fenómeno de la gentrificación de las ciudades, que termina por crear barrios por clases sociales.
Existían algunos espacios en el centro, o cercanos a ellos, con alquileres baratos y deteriorados que finalmente terminaron en manos de personas con alto nivel adquisitivo. Y las clases humildes abandonaron estos espacios. “Hacemos un análisis de una ciudad que tiende a acumular a gente con bajos recursos económicos en barrios con menos dotación, hasta establecerse barrios de pobres, y barrios de ricos. Incuso en algunas ciudades a nivel mundial se hacen guetos”.
A su juicio es un modo de no integrar y tiene una parte social muy importante. Tiene que ver con la estructura, con el modo en que se ponen en marcha los recursos, cómo se trabaja y cómo se hace una verdadera política de integración.
“Antes de la llegada de la crisis, y la salida de buena parte de los migrantes, los trabajadores sociales propusimos un modelo intercultural para España. Es decir, que la gente se distribuyera, que no se juntase solo en barrios donde solo estuvieran ellos. Que hubiera una verdadera interconexión, una interrelación con la gente que vivíamos aquí”.
“Hablar de la tolerancia, de la cultura de la paz, y por supuesto una protección social que garantice que unos servicios mínimos estén cubiertos. Se pueden tener unos ingresos bajos, pero si se tiene acceso a una sanidad, una educación y una serie de contingencias que garanticen las rentas y las pensiones, vas a necesitar menos dinero para vivir”.
Insiste en que hay que garantizar a toda la gente la protección social y el empleo digno. Teniendo ambos ejes se logra una sociedad menos desigual. Sin embargo con la crisis “se ha hundido la clase media, de modo que la gente cada vez es más pobre y la gente rica cada vez es más rica”.
Construyendo comunidades sostenibles
Un análisis social de la realidad les permite también identificar que en los últimos años, en los planes urbanísticos, se impuso una cuota de vivienda de protección oficial con familias procedentes de realojos de infravivienda. “Se ha hecho, pero en los barrios pobres como Vallecas, San Blas o Moratalaz. En los municipios más ricos simplemente no se ha hecho vivienda pública para no asumir que allí tenía que ir parte de esa población”.
De modo que se están generando aún más diferencias. “Donde menos gente tendría que ir, porque es donde hay más dificultades para la integración, le meten más población con muchísimos problemas. Simplemente, con darles una vivienda dicen: bueno, pues ya está todo hecho. Y a los municipios que ya son ricos, por supuesto que ya no va nadie”.
Son ejemplos de cómo políticas que, teniendo buena intención, “al final son otra manera de seguir clasificando a la gente y estratrificándole por clases sociales en las ciudades”. “Donde hay un conflicto les metes más leña y donde no hay conflicto echas agua. No se apaga el fuego nunca”.
“Es una realidad, la de barrios enteros con familias en riesgo de exclusión social, y es fruto de las políticas que se han hecho en vivienda hace años. Al final, si no tienes esa visión integral, de que lo social tiene que tener también una sostenibilidad”.
Lamenta que en los planes urbanísticos se solicitan informes a los técnicos de arquitectura, a los que se suman otros tantos sobre ruidos y medio ambiente. “Pero no pedimos informes del impacto social a los trabajadores sociales”.
“A lo mejor habría que pedirlo, porque de eso sí sabemos. Se podrían evitar problemas de ese estilo. Allá en los años 80 ya había experimentos en Madrid donde se aventajaba a decir: esto va a salir mal. No nos tenían en cuenta como voz a nivel técnico. Y esos problemas, después de más de dos décadas se están dando de una manera evidente”.
Pone de manifiesto que desde un análisis de lo social conocían de antemano los riesgos para una comunidad determinada: “Sabíamos lo que iba a pasar. Nadie nos escuchó”. “Es la idea de que la sostenibilidad de las ciudades también tiene esa parte social, que tiene que ser avaluada por alguien. Es importante la parte social, qué tipo de población a vivir, qué recursos necesita, cómo está abierta a la ciudad todo eso”.