El PP gallego dice querer más competencias para Galicia tras diez años de gobierno sin lograr ninguna

La última vez que el Gobierno de España firmó un Real Decreto para transferir nuevas competencias a Galicia el presidente de la Xunta era Emilio Pérez Touriño (PSdeG) y el departamento gallego encargado de las relaciones con la Administración General del Estado lo encabezaba Anxo Quintana (BNG). Era julio de 2008, cuando el Ejecutivo que dirigía José Luis Rodríguez Zapatero hizo efectivos los acuerdos para transferir el Parque de las Islas Atlánticas, el antiguo Hospital Básico de la Defensa de Ferrol y competencias en materia de asociacionismo y convalidaciones de títulos no universitarios. En total, siete transferencias que situaban en 12 las logradas durante la legislatura que había comenzado en 2005. Desde entonces el Gobierno gallego no ha logrado ninguna otra pero, una década después, el PP gallego dice ahora querer nuevas competencias.

Pocos meses después de aquellos últimos traspasos Galicia se encaminó hacia una dura campaña electoral en la que el PPdeG, que aspiraba a regresar al poder, desdeñó las nuevas competencias logradas. El entonces secretario general y jefe de campaña de los populares, Alfonso Rueda, actual vicepresidente, se mofó abiertamente de los “14 traspasiños de asuntos menores” -eran 12- que habían llegado con el Gobierno de coalición, al que calificaba de “antídoto del autogobierno” gallego y acusaba de practicar el “sometimiento a Madrid en materia de autogobierno” durante toda aquella legislatura.

Tras aquellas elecciones de 2009 el PP llegó a la Xunta y aseguró, como indicaba en su programa electoral, que daría un nuevo impulso al autogobierno basándose en el paquete de hasta 70 competencias que todas las fuerzas parlamentarias habían acordado como prioritarias. Iban a comenzar, habían anunciado, por las que el Gobierno de PSdeG y BNG ya había empezado a negociar -museos , bibliotecas y archivos, bolsas de estudio e inspección de trabajo-. Y a seguir por otras más ambiciosas, caso de la competencia sobre el Tráfico, que implicaría el despliegue de la Policía gallega en la línea del previsto en la ley de 2007, la Autopista AP-9 o la ordenación del litoral, entre otras.

Con ligeras variaciones, esos anuncios se repitieron casi literalmente en los dos siguientes programas electorales de los conservadores gallegos. El presidente de la Xunta había descartado definitivamente por la vía de los hechos la promesa de presentar “una completa iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía” y el contador del autogobierno permanecía congelado hasta batir todos los récords de la historia de la autonomía: por primera vez transcurrieron dos legislaturas completas y consecutivas sin sumar competencia alguna y, también por primera vez, un presidente del Gobierno de España cerraba un mandato completo sin que su Ejecutivo hubiese aprobado traspasos para la Xunta.

Las explicaciones para esta parálisis por parte del PP y de la Xunta fueron diversas a lo largo de la última década, pero se concentraron esencialmente en tres. La primera, la necesidad de concentrar esfuerzos en la lucha contra la crisis económica. La segunda, que la vía del incremento del autogobierno mediante traspasos de competencias puntales ya estaba prácticamente “agotada”. La tercera y más reciente, que el Gobierno de Rajoy “decidió que no se podían hacer nuevas transferencias a Galicia, aunque sí la otras autonomías.

Giro tras la llegada de Pedro Sánchez

Después de esa década en blanco la postura reivindicativa del PPdeG sobre el autogobierno gallego comenzó a cambiar tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España. Así, después de que el Ejecutivo del PSOE haya comenzado a negociar con el Gobierno de Euskadi un amplio paquete de transferencias de competencias previstas en el Estatuto vasco y todavía no transferidas, el PP gallego ha aprovechado esta semana el debate de una iniciativa parlamentaria del BNG en defensa de más autogobierno para escenificar el giro.

En un contexto marcado por el discurso recentralizador de la cúpula popular que encabeza Pablo Casado y mientras el propio PP incluso relaciona con ETA las negociaciones competenciales con Euskadi por incluir las competencias sobre las prisiones -previstas en el Estatuto-, el PP se sumó a la petición del Bloque -previas enmiendas- porque dice estar “abierto a valorar cualquier nueva transferencia a Galicia, incluida la de tráfico”, en palabras de la diputada Paula Prado.

Concretamente, el texto que salió aprobado de la Comisión Institucional de la Cámara por unanimidad tras las enmiendas aboga por que la Xunta pida al Gobierno central la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, inactiva de facto desde la etapa de Zapatero, “con el objeto de llevar adelante todas aquellas transferencias ya reclamadas” y “aquellas nuevas que el Gobierno gallego considere convenientes contemplando todas aquellas que ya hayan sido transferidas o se estén negociando con otras comunidades autónomas”.

Sólo por si las reciben Euskadi o Catalunya

Ante el revuelo generado por este aparente cambio de postura el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no existe contradicción alguna entre el apoyo del PP a la iniciativa del BNG y su posición política de los últimos años. Tampoco con línea de Pablo Casado. Los populares gallegos, razona, se abren a posibles competencias para Galicia solo por si las recibieran Euskadi o Catalunya.

“Somos tan españoles como el resto de españoles y no vamos a admitir ninguna discriminación”, afirma Feijóo. Y por eso si el Gobierno de España cree “bueno” realizar “una transferencia a Euskadi o Catalunya”, también tiene que ser “bueno hacerla a Galicia” y “a partir de ahí le corresponde al Gobierno de la Xunta analizar si hay competencias que nos interesa recibir o no”.

No obstante, “para que no queden dudas”, Feijóo advierte de que a su juicio “en este momento España no está para hacer transferencias a las comunidades autónomas” por la “situación política de deslealtad en Catalunya”. También por “determinadas manifestaciones del Parlamento vasco apoyadas por Bildu”, considera.

Pero, al mismo tiempo, reitera, Galicia “puede tener las mismas transferencias” que reciban vascos y catalanes porque “no somos una diputación”, sino “un territorio preconstitucional” con un “Estatuto desde 1936 y una nacionalidad histórica por refrendo constitucional en el 78”. Ese recordatorio, agrega, “no significa para nada otros planteamientos” porque “yo no soy nacionalista ni lo seré”, concluye.