Almunia dinamita el sector naval, que tendrá que devolver las ayudas del 'tax lease'

El tiro de gracia para el naval gallego. El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, anunció este jueves que el sector naval tendrá que devolver las ayudas del tax lease por ser un “sistema incompatible” con la normativa europea. Lo hizo durante un desayuno informativo en Madrid, donde insistió en que “es necesaria una devolución” de estas bonificaciones fiscales. Y lo hizo después de que sindicatos y astilleros le enviaran una carta advirtiéndole de que una decisión así supondría la muerte de su sector.

La indignación por la fatal noticia -tan esperada como temida- no se hizo esperar. El presidente de Pymar (Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconstrucción), Álvaro Platero, presente en el acto, acusó a Almunia de “estar avanzando la muerte del naval”. Además, otros representantes del sector naval increparon al comisario de la Competencia, que no logró calmar los ánimos a pesar de asegurar que los astilleros no deberán reintegrar nada. “Nadie puede exigirles a los astilleros que se subroguen a la devolución de esas ayudas”, insistió el responsable de Competencia en la UE, que aclara que el deber de devolución no podrá trasladarse a otros. “Los astilleros están fuera de esta responsabilidad”.

Almunia propondrá a la Comisión que el reintegro de estas ayudas corra a cargo de los inversores que participaron en la financiación de los buques y que se aprovecharon de las ventajas fiscales, así como de los armadores que compraron los buques a un precio inferior al del mercado. Pymar insiste en que nada cambia por el hecho de que la devolución no recaiga en los astilleros y alertan de nuevo de que “habrá diez mil pleitos y un bloqueo de clientes, lo que supondrá el fin del sector”. Además, también advierten de que acudirán a la Justicia, pero saben que no tienen tiempo como para esperar. El Estado también podrá recurrir la decisión ante la Justicia europea, pero antes deberá cumplir el mandato de la UE.

“El naval desaparece; van a cerrar todos los astilleros”, se escuchó en el hotel Ritz, donde Almunia también adelantó que la decisión sobre la devolución de las ayudas del tax lease es de la Comisión, pero que deberá ser el Gobierno español quien tendrá que pedir a inversores y armadores benficiados por las ayudas que reintegren el dinero. La decisión definitiva será tomada por Bruselas el próximo 17 de julio y conforme a la propuesta presentada por el comisario.

Entre 2005 y 2011, el tax lease se convirtió en un refugio de muchas grandes fortunas, que invertían en el sector naval a cambio de unos muy rentables beneficios fiscales. Hasta que hace ahora dos años Bruselas dijo basta, por culpa de una denuncia de Holanda. El sector, que ya languidecía, entró en barrena, pero la previsible devolución de esas ayudas supondrá directamente “la ruina”, según advierten los sindicatos. La propia incertidumbre es ya un lastre para un sector que se mueve por grandes inversiones, superiores en la mayoría de los casos a los 100 millones de euros, que requieren dos cosas: financiación y seguridad.

En total, la devolución ascenderá a 2.800 millones de euros y afectará a astilleros del País Vasco, Asturias y, principalmente, Galicia. En concreto, de Vigo, donde se concentran el 65% de las inversiones financiadas con el tax lease. Almunia se negó a hablar de porcentajes y a determinar si la devolución sería íntegra en el caso del sector gallego.

En 2009, el sector naval daba trabajo en Vigo a 12.000 personas. Quedan apenas 3.000 en activo, que estaban pendientes de la decisión de Bruselas. La escasa actividad que aún se mantiene se debe a contratos firmados hace uno o dos años o a sectores auxiliares que sobreviven gracias a la exportación. Los tres grandes, Barreras, Vulcano y Freire, están completamente parados. Toda la economía que generaba el naval, como los transportes especiales, empresas de verificación, la ingeniería industrial y técnica, cayó con ellos. Y cuando el sector fuera de España empieza a ofrecer síntomas de una incipiente recuperación, con la creciente demanda de buques del tipo de los que se fabrican en Galicia, la incertidumbre del tax lease mantuvo al margen los astilleros vigueses.

Los sindicatos no se rinden y Caballero vuelve a apelar la una frente común

“El naval no se rinde”. Así reaccionaron los sindicatos tras el anuncio de Almunia, además de hacer un llamamiento a la movilización para “doblarle las rodillas” al comisario de la Competencia en la UE. Tanto CCOO como CIG y UGT coincidieron en que la noticia era “la esperada”, pero advierten también de que desde las instituciones europeas “saben que supone destruir el sector en el Estado y en Galicia”.

Así, todas las centrales sindicales censuran el enésimo “engaño de Almunia” y apuestan por “incrementar la presión” para que las autoridades españolas “se tomen en serio” la situación del naval. Del mismo modo, llaman a la sociedad a participar en la manifestación que saldrá este mismo jueves de Vía Norte a las 20.30 horas.

Por otra parte, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, cargó contra su compañero de partido, Almunia, al que acusó de “hundir” el sector naval con su resolución. Asimismo, subrayó que el comisario “miente” cuando dice que las devoluciones no afectarán a los astilleros. “No se puede presentar como un éxito lo que es un ataque y un gran fracaso”, advirtió el regidor, quien insistió en que el sector debe estar protegido porque actuó según los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. “España debe ser tratada exactamente igual que Francia”, advirtió, en referencia al expediente abierto al naval del país galo, y alertó de que, si no se cambia esa resolución, se producirá “el entierro” de esta industria.

En esa línea, Abel Caballero alertó de que se está produciendo “un ataque sin precedentes” al sector naval gallego y vigués, y destacó que la “decisión injusta” de Almunia infringirá un “daño irreversible” a este sector. Por eso insistió en la necesidad de que se cree un “gran frente” de defensa del naval, con el presidente de la Xunta a la cabeza, y con representación empresarial, sindical y política, para “ir a Bruselas a trasladarle a Almunia y la Durao Barroso el rechazo unánime”. Núñez Feijóo hizo un llamamiento también a la unión de comunidades autónomas como Asturias, Euskadi y Galicia para hacer frente a la decisión tomada por la Comisión Europea.