“Este debe de ser el último que saltó la valla” y “a este había que pegarle un tiro y listo”, son, según la Fiscalía, algunas de las expresiones que usaron, entre risas, los dos policías locales de A Pobra do Caramiñal que se enfrentan este jueves y viernes a juicio acusados de haber agredido a un músico callejero, de haberlo detenido ilegalmente a él y a su hermana y de haber “tergiversado totalmente la realidad” en el informe que elaboraron al respecto. En total, el Ministerio Público pide para cada uno de ellos más de 17 años de prisión, además de ocho de inhabilitación absoluta y seis de inhabilitación especial para el cargo de agente de la autoridad.
Los hechos ocurrieron hace algo más de ocho años, en la noche del 9 de marzo de 2014. El escrito de acusación hace un relato contundente. Señala que la pareja de agentes estaba de patrulla y en uno de los recorridos que hicieron se encontraron al músico, que tocaba habitualmente en la calle y que en aquel momento había empezado a tocar unos acordes “en tono moderado y sin molestar a nadie” en compañía de otras dos personas. El grupo tenía dos clarinetes y una guitarra. Cuando llegaron los policías, se bajaron del coche, “le exigieron” que dejara de tocar e “intentaron quitarle” los instrumentos. El hombre replicó que no tenían derecho y ahí comenzó la agresión: uno de los policías “en acuerdo y anuencia” con el otro agarró al músico por detrás, le puso la pierna sobre la espalda y le apretó fuertemente el cuello con las manos y la porra. Su compañero no intervino para impedirlo, por lo que la Fiscalía considera que ambos “abusaron claramente de su cargo y posición”.
El relato prosigue indicando que el músico “se quedaba sin aire e intentó librarse para poder respirar”. Los movimientos provocaron que el agente que lo había agarrado se cayese sobre él y entonces los dos agentes, “abusando nuevamente de su cargo y sin norma que los amparara”, con “la única y exclusiva finalidad de atentar contra la integridad física y psíquica” del denunciante y de “denigrarle”, empezaron a pegarle repetidamente con las porras “y otros objetos no identificados”. Los golpes fueron en la cara, la cabeza, la espalda, la zona costal, los brazos y las piernas. Es entonces cuando el relato de la Fiscalía recoge que los dos policías “llegaron a reírse” mientras hacían comentarios racistas sobre si había saltado la valla de Ceuta.
La hermana del músico, que se encontraba presente, intervino para intentar que los policías pararan. Los agentes, como respuesta, “la aporrearon y le tiraron de los pelos”, continúa el escrito. El hombre quedó, de acuerdo con el Ministerio Público, en estado semiinconsciente y su mujer lo trasladó al hospital. Sufrió un traumatismo craneoencefálico, varias heridas en la cara y la cabeza, hematoma y excoriaciones. Tiene como secuela una cicatriz en la ceja derecha. Después de ser atendido fue trasladado al puesto de la Guardia Civil del vecino municipio de Boiro de madrugada, acusado de un delito de atentado. Su hermana, por su parte, presentaba hematomas en ambos brazos y en la espalda. Fue detenida en el mismo lugar de los hechos por un delito de desobediencia. Después de pasar a disposición judicial quedaron en libertad sin cargos.
El informe “tergiversado”
La Fiscalía acusa a los dos policías de mentir en el informe que elaboraron con la intención de justificar sus acciones. En el documento, que presentaron ante la Guardia Civil de Boiro, “los acusados tergiversaron totalmente la realidad a fin de eludir todo tipo de responsabilidad”. Según la versión que hicieron constar, la música sonaba muy alta y ellos se dirigieron al músico “de buenos modos”, pero él los agredió. Las heridas que presentaba se las hizo porque perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra la esquina de una casa de piedra, añaden. Aseguran que entonces apareció su mujer -en realidad, su hermana- e impidió que detuviesen al hombre, que dicen que huyó.
El Ministerio Público acusa a los policías de un delito de lesiones, por el que piden dos años y medio de cárcel; de dos delitos de detención ilegal, por los que suma otros cinco años por cada uno -diez en total para cada agente-; y de un delito de falsedad en documento público, por el que solicita cinco años. Además, reclama una indemnización de 4.000 euros para el hombre y de 2.000 euros para su hermana.