La Asemblea Republicana de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) al rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La entidad considera que la constitución en Abu Dhabi, por parte de Juan Carlos de Borbón, de una fundación con fondos multimillonarios para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que posee fondos en el extranjero que ha escondido a la hacienda española, incluso tras dos regularizaciones fiscales. Su fortuna estimada por Forbes y el New York Times -según información de El Confidencial incluida en la acusación- alcanza los dos mil millones de euros.
La denuncia, presentada este mediodía en los juzgados de la ciudad, recuerda que el emérito realizó una primera regularización fiscal en diciembre de 2020 por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por importe de 4,4 millones de euros para la que, según su testimonio, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos y convenció así a la AEAT de que no le quedaba dinero. “Ni por el concepto ni por su cuantía quedó regularizado patrimonio oculto en el extranjero”, argumenta.
En su acusación, recogen numerosas informaciones periodísticas, entre ellas la citada de El Confidencial donde se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. Elena “trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300.000 euros anuales” mientras Cristina “ingresa unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra”. Se trata de sueldos “considerables”, pero el emérito “teme que pierdan esos empleos cuando él falte”. No es su único ingreso ya que ambas “se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela”.
La fundación, presidida por el Borbón, de 87 años, y con sus hijas en el patronato, funciona así como un “vehículo sucesorio” en el que no ha participado ni figura como futuro beneficiario el rey Felipe VI. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el Rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I, que cumplirá 87 años en enero, por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte.
“Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados” que, según recuerda la Asemblea Republicana, se produciría en diciembre de este año y febrero de 2025, respectivamente.
La entidad considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito”, convierte a las infantas en “encubridoras” de uno o varios delitos fiscales y “autoras” de un delito de blanqueo, a lo que se sumaría una infracción tributaria o un delito contra la hacienda pública por percibir sin declarar fondos del extranjero, por cuenta de su padre, para financiar su “alto nivel de vida”.
“La ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene parangón con otros casos de corrupción púbilca. Las dos administraciones interpeladas tienen el deber jurídico de esclarecer y perseguir las conductas que puedan deducirse de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de tales conductas”, concluye la denuncia de la Asemblea Republicana.
“Los próximos pasos para que no se duerma la denuncia serán contactar con todos los grupos parlamentarios de la investidura para que presionen al gobierno para que las actuaciones de investigación comiencen lo antes posible”, dada la proximidad de la fecha en la que prescriben las “complementarias” presentadas por el emérito. Así lo explicó, a las puertas del juzgado, Antón Beiras, fiscalista y uno de los firmantes del texto. “Si no se inician antes las actuaciones, no hay nada que hacer”.
Beiras explicó que optaron por esta vía y no por una querella porque “la anterior la inadmitió el Tribunal Supremo por su doctrina: que las querellas no se pueden fundamentar en recortes de periódico, excepto cuando son dirigidas contra Begoña Gómez”.
Cuestionados por el carácter republicano de su actuación, Beiras repreguntó: “¿No es un escándalo? ¿Acaso un monárquico no se puede sumar a esta iniciativa? Un fraude de dos mil millones de euros cometido por la más alta magistratura del Estado no es perseguido, pero cualquiera de nosotros puede acabar con una multa. No es una cuestión de república o monarquía, es un problema de ciudadanía”, concluyó.