La Atención Primaria de Feijóo en datos: diez años de contrataciones congeladas

El Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que el volumen de la plantilla de médicos de Atención Primaria sigue igual que cuando llegó al poder en 2009: no ha añadido ni un solo facultativo en más de doce años. En realidad, ha hecho justo lo contrario, la ha reducido. Tras tres meses de preguntas sin contestar y una petición de información pública por el Portal de Transparencia, la Consellería de Sanidade ha proporcionado un documento a elDiario.es en el que se constata la tesis que los colegios oficiales de médicos llevan años denunciando: desde que Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta, los recursos humanos de la Atención Primaria se han estancado. En diciembre del año 2009, trabajaban para los centros de salud del Servizo Galego de Saúde (Sergas) 2.524 médicos. A finales del pasado octubre, en cambio, eran ya 2.519.

Del documento emitido por Sanidade también se extrae uno de los factores clave que han propiciado el colapso de la Atención Primaria durante la pandemia: el gobierno de Núñez Feijóo también redujo el número de facultativos de los centros de salud en plena crisis sanitaria. Tres meses antes de que se decretase el estado de alarma, Atención Primaria contaba con 2.565 médicos en activo. Sin embargo, todavía en plena pandemia de coronavirus, la Consellería de Sanidade, dirigida por Julio García Comesaña, redujo en 46 puestos el plantel público. De esta forma, la administración Feijóo quebró la tendencia de crecimiento que había iniciado el gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas en el 2005. En los cuatro años de gobierno de coalición contrataron a 268 médicos nuevos para Atención Primaria.

A finales de agosto, el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra interpuso una denuncia por lo penal a la Xunta de Galicia por los “riesgos de gravedad” derivados del colapso de la Atención Primaria durante el verano. La formalizó en los juzgados de Vigo y Pontevedra y en ella acusa a Sanidade de “privar a los pacientes de una asistencia decisiva” para su salud. El organismo comunicó por carta a sus 4.729 colegiados la decisión: “La precariedad de los medios humanos y la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos (...) no representan solamente un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no se puede dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa”.

Entonces y ahora, los representantes del Colexio argumentan que la situación de colapso que todavía hoy viven algunos centros de salud de ambas áreas sanitarias se podría evitar con una adecuada gestión del personal y la formalización de nuevos contratos. “Es posible que estén incurriendo en un delito de presunta prevaricación. Si son conscientes de que no pueden garantizarles a los ciudadanos una cobertura sanitaria adecuada, estarían poniendo en riesgo su vida y la de los trabajadores a sabiendas”, explicaba a comienzos de septiembre Manuel Piñeiro, vicepresidente del colegio y secretario general del sindicato médico Omega.

Sin embargo, la del Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra no ha sido la única denuncia a la que se ha enfrentado Sanidade en los últimos meses. A mediados de verano, empleados del Centro de Saúde de Sanxenxo decidieron llevar ante la Fiscalía y la Valedora do Pobo la situación de colapso que vivían en su centro de trabajo. Durante los meses estivales, la villa de veraneo del Rey Juan Carlos y Mariano Rajoy se convirtió en la zona cero del coronavirus en Galicia. Esa presión asistencial unida a las bajas vacacionales y de enfermedad no cubiertas por el Sergas y a la enorme afluencia de población turística, llevaron a que los ocho médicos del municipio tuviesen que atender a 70.000 potenciales pacientes. La única medida que tomó la Xunta para paliar aquella situación fue enviar a un enfermero de apoyo, pero ni siquiera a jornada completa.

Sin médicos por unas condiciones de trabajo “precarias e inestables”

Lo que no se le puede achacar al gobierno de Núñez Feijóo es el desconocimiento de la situación de la sanidad pública gallega. Desde Sanidade reconocieron el desastre de la Atención Primaria y el conselleiro, Julio García Comesaña, llegó a decir que en su gabinete no tenían “una varita mágica para sacar médicos de donde no los hay”. Con la misma elocuencia, aprovechó el fervor de la tribuna para tachar de “demagógico” el discurso de la oposición. “Decir que en un centro de salud en agosto la mitad de los médicos están de vacaciones es decir una obviedad”, replicaba Comesaña en el Parlamento de Galicia. Dejar sin cubrir todas aquellas bajas parece que también caía de cajón.

En cambio, ni los sindicatos ni los colegios médicos creen que conseguir médicos de familia y pediatras sea cosa de magia. El Consello de Colexios Médicos de Galicia, el órgano que aglutina a los cuatro colegios de la comunidad, ha señalado en varias ocasiones al Gobierno gallego como único responsable del déficit de personal. “En Galicia no hay más médicos para contratar porque las condiciones laborales que ofrece la Xunta son precarias e inestables”, explica el doctor Manuel Rodríguez Piñeiro, vicepresidente del Consello. El máximo órgano colegial ha acusado al Ejecutivo gallego de ocultar las condiciones de los contratos que, según ellos, son por periodos breves y con una “carga de trabajo tremenda”.

El presidente de la Xunta no es ajeno a la situación. A finales de julio, a la salida de la Conferencia de Presidentes, reconocía la debacle: “No tenemos médicos de familia. No tenemos pediatras. No podemos cubrir vacaciones ni bajas. Tenemos enormes dificultades para atender a las personas en el mismo día en que piden cita en su centro de salud”. Pero lejos de hacer autocrítica, Feijóo exigió al Gobierno central que “se comprometa con la situación de la Atención Primaria”, pese a que las competencias en la materia están transferidas y son exclusivas de la Xunta.

Movilizaciones contra los nuevos recortes en Atención Primaria

Hace apenas dos semanas, la Xunta de Galicia hizo público el proyecto de los presupuestos autonómicos para 2022 y la medicina de familia vuelve a salir perdiendo. Para el nuevo ejercicio, el Gobierno gallego reserva 1.389 millones de euros a Atención Primaria, dos menos que en las cuentas anteriores. Ese recorte y el nuevo plan con el que Sanidade pretende reorganizar la atención en los centros de salud han llevado a que la plataforma SOS Sanidade Pública convoque, para este domingo 14 de noviembre, una manifestación en la capital gallega. El objetivo es reivindicar “más recursos” para la Atención Primaria y que las consultas vuelvan a ser presenciales, además de reclamar un “presupuesto finalista” para este nivel asistencial que suponga el 25% de la partida sanitaria. Su portavoz, Manuel Martín, ha criticado la “política de recortes” en la Atención Primaria y la “falta de personal” que ha sido más notable, si cabe, durante la pandemia.