El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, ha informado de que acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ence que da validez a la prórroga de 60 años de la concesión de la fábrica en Lourizán. El regidor entiende que era “previsible” el auto del Tribunal Supremo contrario al incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento y la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el mismo tribunal el pasado mes de febrero. “No se dieron muchos casos en los que un tribunal se enmiende la plana a sí mismo”, comentó Lores, según informa Europa Press, “sabíamos que en el Supremo estaba atado y bien atado, pero era un paso que había que dar”.
Lores ha recordado que el Ayuntamiento de Pontevedra ha contratado los servicios del despacho de abogados Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados) para coordinar la estrategia jurídica y asumir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “Estamos trabajando ya en él”, ha señalado. Según ha indicado el alcalde, en el equipo que dirige Francisco Caamaño, quien fue ministro de Justicia entre 2009 y 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, “entienden que hay muchísimos argumentos jurídicos” alrededor de la “indefensión” que alega la Administración local, ya que ni el Supremo ni la Audiencia Nacional atendieron todas las argumentaciones presentadas contra la concesión de la prórroga.
“A la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, en el caso de que fuera negativo, indiscutiblemente vamos a ir a los tribunales de la Unión Europea, eso está acordado así”, ha avanzado el regidor que confía en que esta última instancia española “sea favorable a los intereses de los pontevedreses” antes de abrir la vía judicial europea. “Creemos que tenemos todo el derecho del mundo a recuperar el dominio público marítimo terrestre en una concesión que no debió hacerse nunca”, ha sentenciado Lores, “este Ayuntamiento, mientras yo sea alcalde, no va a dejar de luchar por recuperar la ría de Pontevedra” ya que está convencido de que la ubicación de la fábrica de celulosas en Lourizán es “una condena de las más graves que puede tener una ciudad y una comarca”.