Hostelería en Galicia: la indemnización como un derecho

Imagínese que en el peor de sus sueños usted es propietario de una finca de cuya producción mensual depende el sustento de su familia. En ese terrible sueño, usted se encuentra su finca arrasada por máquinas excavadoras que, para construir una carretera, destruyen su sustento sin previo aviso. Entre sudores en la almohada, usted se dirige a las autoridades para reclamar por ese atropello. Aún no logró despertarse y puede ver cómo le explican que la carretera se hace por interés general, que resulta urgente comunicar los pueblos entre sí y que la elección del lugar para hacer la carretera es una decisión de los técnicos y no de los políticos.

Usted, que incluso soñando es un buen ciudadano, reconoce la necesidad de resolver los problemas de comunicación y no duda de la calidad y la certeza de las decisiones técnicas. Educadamente da la enhorabuena a la Administración por su desvelo por el bien común y tímidamente pregunta si, además de esa loable decisión, la Administración va a resolver también sus necesidades de trabajo y sustento.

Es entonces cuando su mal sueño se convierte en una pesadilla. Porque toda la determinación técnica y legal que la administración utiliza para hacer carreteras con decisión y firmeza se convierte en cantos de sirena, recomendaciones paternalistas y nulos hechos para no atender su problema. Lo máximo que consigue son palmaditas de apoyo y el compromiso de “estudiar la posibilidad de concederle alguna AYUDA”. A estas alturas usted ya se despertó sobresaltado, temiendo que los sueños se puedan convertir en realidad.

Cambie usted finca por bar, incomunicación por COVID-19 y máquinas excavadoras por restricciones y cierre obligado y tendrá una idea aproximada del estupor en el que vive la hostelería de Galicia hoy.

No soy partidario de discutir las decisiones técnicas que los gobiernos tomen en medio de una situación excepcional de pandemia y muerte. Prefiero morderme la lengua para no explicitar mi opinión sobre la calidad política de los que forman nuestros gobiernos porque en tiempos de guerra creo que es más importante la unidad que la discrepancia. Estoy dispuesto a acatar el cierre forzado de mis negocios porque aún me sobrecoge más la muerte de vecinos y amigos que los números rojos de mis cuentas bancarias. Pero lo que no estoy dispuesto a soportar es que me tomen por tonto y me traten como a un súbdito de segunda, en vez de como a un ciudadano con derechos.

Que nadie se olvide de que la hostelería no vive de las ayudas de la Administración, sino de su trabajo y esfuerzo. Y, dada la experiencia reciente, lo que más ansiamos es que la Administración se quede lo más lejos posible de nosotros.

La Administración no es nuestra madre y nosotros no somos menores de edad a la espera de ayudas graciables y apoyos paternalistas por portarnos bien. Lo que reclamamos son derechos que nos corresponden como ciudadanos. Ciudadanos a los que se ha privado, por una causa justa y en aras del bien común, de su trabajo y del sustento de sus familias. No es una cuestión de apoyo y solidaridad, es una cuestión de reconocimiento de derechos de indemnización por cese forzoso de la actividad. No es lo mismo. Ni cuantitativa ni cualitativamente.

Los que hablan de ayudas y apoyos, ¿saben a cuánto asciende el gasto corriente mensual de un restaurante de 60 plazas? ¿Saben cuánto suponen, de media, los gastos mensuales de electricidad de una cafetería de barrio? Por favor, no insulten nuestra inteligencia. La subvención suele ser el recurso fácil de un gobierno que quiere eludir sus responsabilidades. Ya. Ya sabemos que somos muchos reclamando y que los recursos son limitados. Como siempre. Pero para eso están el diálogo y la negociación. Negociación, no monólogo del gobierno con unos llamados “representantes del sector” con más espíritu de pedir limosna que de reclamar derechos, y dispuestos a ejercer de palmeros de cuanta ocurrencia gubernamental se ponga sobre la mesa.

Porque una negociación seria con un gobierno como el gallego, famélico de financiación pero con amplias responsabilidades competenciales y políticas, no puede quedarse solo en la determinación del dinero que se destinará a la hostelería. Hay más ámbitos para la búsqueda de soluciones.

¿A qué espera el Gobierno gallego para, en solitario o con la colaboración del Gobierno central, sentar a los responsables de las corporaciones bancarias y exigir un año de carencia en la amortización de los préstamos bancarios asumidos por la hostelería? ¿O es que la banca se va a ir “de rositas” en todo este tinglado?

¿A qué esperan los moradores de San Caetano para convocar a los arrendadores de locales de hostelería y proponer a la Xunta como avalista del pago de arrendamientos a cambio de quitas en los alquileres? ¿Por qué no se utiliza al IGAPE como ente financiero gallego para establecer planes de pagos de la hostelería a sus proveedores, sufridores en silencio de toda esta catástrofe?

En vez de ir a la Moncloa a hablar de chorradas como el adelanto del toque de queda, ¿por qué no se le presenta a Madrid un plan de jubilaciones anticipadas para la hostelería? Es un sector en el que trabajadores y empresarios entrados ya en los 60 tienen que vivir con la desazón de no saber cómo van a completar su cotización para el merecido retiro.

La política es el noble arte de servir al pueblo. Cada uno desde sus ideas y creencias. Unas veces se acierta y otras, no. Lo único imperdonable es refugiarse en el marketing y en la impunidad mediática para jugar con la angustia de la gente. Solo desde el ejercicio del cinismo se puede hablar de “segundo plan de rescate para la hostelería gallega” cuando ni siquiera se hizo el primero.