La vuelta a las brigadas municipales prende las alarmas en la lucha contra los incendios

Entre 1976 y 2012 ardieron en Galicia 1,6 millones de hectáreas que equivalen al 53% del territorio del país. Fueron, según datos oficiales, más de 235.000 incendios que fueron gestionados primero directamente desde el Estado y, más tarde, esencialmente desde los ayuntamientos y la Xunta de Galicia. Tras uno de los años más dramáticos para el monte gallego, el 2006, en el que ardieron más de 95.000 hectáreas en casi 7.000 incendios, el Parlamento constituyó una comisión de estudio sobre el problema de los fuegos forestales. En sus conclusiones aquella comisión ahondaba en las causas de los incendios y, en lo que se refiere a la gestión, destacaba que “la falta de un mando único” supuso “dificultades” añadidas a la extinción de las llamas.

Como recordaba hace escasas fechas la asociación que agrupa a parte del personal del servicio público de extinción de incendios, Apropiga, aquella comisión parlamentaria concluyó también que la falta de un mando único derivaba, en buena medida, de la apuesta histórica de la Xunta por las brigadas municipales, que “obedecen en mayor grado a las instrucciones de los alcaldes”, dando lugar a fallos de “interlocución”. Hacía falta “una mayor profesionalización de los trabajadores del fuego con un mando único, en manos de la Xunta”, señalaba la comisión, indicando así una manera de proceder que se fue aplicando en mayor o menor medida hasta que, en este 2013, la Consellería de Medio Rural vuelve a apostar abiertamente por la fórmula de las brigadas municipales.

Según figura en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para el año 2013 el dispositivo va a estar formado, en el período de mayor riesgo, por un total de 5.708 personas, de las que 2.629, más del 40%, van a proceder de “ayuntamientos, parques comarcales y municipales”. Esto supone incrementar en más de 1.500 personas la aportación de trabajadores y trabajadoras procedentes del ámbito local y, por lo tanto, sin dependencia directa de la Xunta. Mientras el dispositivo total se incrementa en apenas 19 personas, la variación esencial se produce en el notabilísimo descenso de brigadistas procedentes de la empresa pública Seaga.

Para hacer efectivo el retorno al modelo de las brigadas municipales, que serán unas 275, la Xunta tiene que firmar convenios con las correspondientes entidades locales -las mismas firmas que, en 2006, el PP de A Coruña animaba a sus alcaldes a “dilatar” en el tiempo-. Para Apropiga, esta “vuelta al pasado” no sólo es una “cesión envenenada de competencias a los ayuntamientos”, toda vez que supone un gasto para el erario municipal, sino que implica “un servicio defectuoso, derivado de la propia configuración y estructuración de esas brigadas en el dispositivo de prevención y extinción de incendios”. “Volvemos a un modelo ineficaz que ya fue probado en el pasado, agravado de nuevo este al contar con brigadas privadas, contratadas a través de una consultoría con nula experiencia en la creación de brigadas hasta la llegada del PP en la últimas legislaturas”, explican, en referencia a las brigadas helitransportadas.

“Fragmentación” del dispositivo

Todo esto, alertan, da lugar la una “nueva fragmentación” del dispositivo, “desprofesionalizándolo y precarizándolo”. No habrá “los medios necesarios” ni “la necesaria unidad organizativa”, factores que “tan sólo pueden elevar el riesgo de los profesionales que se van a tener que enfrentar a los incendios”. Para esta asociación la Administración autonómica será “absolutamente responsable” de los “riesgos” en los que pueda incurrir el personal del conjunto del dispositivo.

La misma vuelta al pasado es la que observa también la CIG, sindicato para el que la Xunta “vuelve a los años 90 volviendo a ofertar a los ayuntamientos la contratación de parte del dispositivo de lucha contra los incendios”. El Gobierno gallego, dice la central nacionalista, “recupera medidas de antaño que resultaron ineficaces y partidistas”. “Las brigadas de los ayuntamientos fueron sustituidas por brigadas de SEAGA y el año pasado, por brigadas de Tragsa y Natutecnia”, recuerdan, para censurar que, “como el cóctel de personal era poco, la Xunta añade de nuevo brigadas de los ayuntamientos”, obviando que el sistema fue “descartado por el escaso rigor en los criterios de contratación”, su “desvinculación con el mando único” y “la baja profesionalización”, entre otros factores.

Los recelos a respecto de este nuevo modelo llegaban también este miércoles desde el PSdeG, para cuyo secretario de organización, Pablo García, la Xunta tiene la intención de “pasarles la patata caliente” de los incendios a los ayuntamientos. “Financiación, seguridad laboral y responsabilidad civil” son algunos de los aspectos en los que los socialistas tienen seria dudas sobre los convenios con el Gobierno gallego, más aún después de que “algunos ayuntamientos ya fueran advertidos por la intervención municipal de las irregularidades en que se podría incurrir en el caso de firmarlos en los términos en que los está presentando” la Xunta.

“Le trasladan este embolado a los municipios sin un mínimo de garantías”, dice la alcaldesa socialista de Muros, Caridad González, que alerta de que los gobiernos locales están en la “difícil decisión de optar por la defensa de los fuegos o de las personas”. Si la Xunta no varía su apuesta, afirma, “tendríamos problemas de cobertura de los trabajadores con el seguro municipal, pues actuarían fuera del ayuntamiento y habría que buscar otro tipo de seguro”. Por este motivo los socialistas esperan que la reunión convocada para tratar el asunto, la semana próxima en la Fegamp, “permita cambiar los términos del convenio”.

Desde fuera del Parlamento también en los últimos días Compromiso por Galicia ha salido al paso de la medida de la Xunta. A través de Xosé Manuel Pérez Bouza CxG considera que “la recuperación del modelo de las brigadas municipales es una irresponsabilidad y un despropósito que puede tener graves consecuencias”. “El trabajo de extinción de incendios es de máximo riesgo y dificultad”, alerta Pérez Bouza, en cuya opinión “las brigadas deberían estar lo más profesionalizadas posible, por lo que la contratación de una parte del operativo a través de los ayuntamientos es irresponsable”. “La descoordinación y la ineficacia están aseguradas”, dice el dirigente de la formación galleguista.