En la sanidad pública gallega solo un grupo de enfermedades garantizan a quienes las padecen que serán operados en un periodo de dos meses como máximo. Para el resto de las intervenciones no hay ningún compromiso de tiempo por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Lo había hasta 2017 y era de seis meses de forma general, pero ese año una modificación normativa que impulsó la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, eliminó ese plazo de referencia.
Hasta entonces estaba en vigor un texto de 2005, firmado por el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne. El artículo quinto de ese decreto señalaba que “el tiempo máximo de espera estructural en las intervenciones quirúrgicas será de 180 días naturales”, es decir, seis meses. El texto añadía que, pasados 140 días de espera, debía ofrecerse al paciente la opción de continuar en la misma lista o pasar a “cualquier otro centro que disponga de acreditación”. Con la modificación de 2017 se eliminan las alusiones a esos 180 días y se limitan las garantías a las operaciones, consultas y pruebas que se recogen en los anexos. Son un centenar de intervenciones quirúrgicas para cáncer, patologías cardíacas y vasculares, casos de desprendimiento de retina e hidrocefalia para las que hay un plazo máximo de 60 días. En el caso de las consultas y sus pruebas relacionadas, la garantía se restringe a las vías rápidas de cáncer de pulmón, de mama, colorrectal, de próstata, de vejiga, de cabeza y cuello y melanoma. En estos casos, la demora no debe ser de más de 45 días.
El decreto establece que, cuando la espera prevista en el centro que le corresponde al paciente supere estos tiempos máximos, el Sergas debe ofrecerle la posibilidad de ser atendido en otro centro del sistema público gallego o en un centro concertado. Matiza que esta última opción solo se puede sugerir cuando ningún centro público permita cumplir los plazos garantizados.
El texto gallego recoge también que hay una normativa estatal, un real decreto del año 2011 sobre los criterios para establecer tiempos máximos, que ya fija topes para varias intervenciones que deben asumir todas las comunidades. Según ese texto, las cirugías cardíacas valvulares y coronarias, las cataratas y las prótesis de cadera y rodilla deben programarse como muy tarde en 180 días.
Cuando la Xunta aprobó el decreto gallego vigente, Feijóo lo presentó como “un paso más en el compromiso que asume la sanidad pública gallega con sus pacientes”. Entonces, a finales de septiembre de 2017, expuso que, en principio, la intención era incluir únicamente a los enfermos con cáncer dentro de estos compromisos, pero finalmente se ampararon un centenar de intervenciones para casos que se consideran graves.
El conselleiro de Sanidade era en aquel momento Jesús Vázquez Almuiña (quien salió del puesto por el desgaste de la pandemia en 2020, pasó a presidir el Puerto de Vigo y ahora es el candidato del PP a la alcaldía de Baiona, donde ya fue regidor). Ante los medios, consideró entonces que lo que hacía la nueva norma era “no solo ampliar los derechos de los ciudadanos, sino también su autonomía” porque les ofrecería información sobre los plazos en los que serían operados. Se detuvo en la posibilidad de enviar a los pacientes a centros concertados. No explicó, sin embargo, las consecuencias para el enfermo de rechazar esas alternativas y optar por ser atendido en el hospital de referencia y por el equipo que ya se había ocupado de su caso.
Los dos sistemas de listas de espera
El actual conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se enzarzó la pasada semana en un cruce de acusaciones con una diputada del BNG, Montse Prado, sobre los derechos de los pacientes que aguardan una intervención en Galicia. Prado dijo que la Xunta “elimina de las listas de espera” a quienes rechazan ser derivados a centros privados. Pasan, añadió, a las llamadas listas no estructurales, mucho más opacas y menos reguladas que las estructurales y para las que tampoco operan garantías de tiempos máximos. El conselleiro se revolvió: “En ningún caso se les pasa al final de ninguna cola o se les hace esperar más. Es mentira. Y le reto a que vaya a los tribunales y lo demuestre”. Los tribunales fallaron recientemente a favor de un enfermo de Vigo que necesitaba una operación para la que la recomendación sanitaria es no esperar más de 90 días, pero al que el Sergas tardó un año en operar.
La cuestión de fondo aparece también en ese decreto de 2017. Las garantías de tiempo también se pueden perder. La norma expone que el compromiso deja de tener efecto si un paciente rechaza “el centro o centro alternativos ofertados para la realización de la asistencia”. Esto quiere decir que si a alguien se le propone ser atendido en un centro concertado y declina la transferencia, deja de tener la seguridad de que será operado en un determinado periodo.
El balance del decreto
Desde que se empezó a aplicar el decreto de tiempos máximos que incluye solo un centenar de operaciones, los responsables de Sanidad han presumido en más de una ocasión de los resultados. La semana pasada Comesaña aprovechó su intervención en un simposio sobre oncología para dar el dato de que casi 11.00 pacientes que necesitaron una operación estuvieron amparados en 2022 por esa normativa de garantías. Se aplicó también a cerca de 21.000 que se sometieron a una prueba diagnóstica y los en torno a 19.000 que acudieron a una primera consulta.
Estos pacientes son solo una parte de los que atiende el sistema. Los datos de las listas de espera en Galicia al cierre de junio de 2022 (los últimos disponibles), muestran que 43.770 personas estaban pendientes de una operación por cualquier tipo de patología. De ellas, 2.505 llevaban una demora de entre seis y doce meses. Otras 331 asumían ya una espera de más de un año. La media de días que un paciente ha de aguardar en el sistema gallego para una cirugía es de poco más de 75 días, todavía 20 más que antes de que empezase la pandemia de COVID-19. Para acudir a una consulta externa eran casi 200.000 los gallegos que estaban esperando, con una media de 55 días. En el caso de las pruebas diagnósticas la cola varía según el tipo de examen: de los 92.432 pacientes en radiología a 9.274 en endoscopias, 9.556 en electrofisiología y 7.693 en estudios.
El resto de comunidades tienen también reguladas las garantías máximas de espera. En Andalucía los pacientes no deberían esperar más de 180 días para más de 700 técnicas quirúrgicas. El tiempo baja a 120 días para las 71 técnicas más comunes y a 90 para algunas cirugías cardíacas. La Comunidad de Madrid establece una organización por prioridades, pero en cualquier caso fija un tope de 240 días. En Castilla y León la cirugía oncológica y la cardíaca no valvular se programan en un máximo de 30 días.