“Es incongruente oponerse al fondo, por eso ponemos el foco en la forma”. Con estas palabras, el secretario xeral del PSOE en Santiago, Aitor Bouza, justificaba la decisión de la Comisión Ejecutiva Municipal de imponer a los seis concejales socialistas la abstención en el pleno del lunes 24 donde se votará la ordenanza que dejará definitivamente fuera de la ley las 600 viviendas turísticas que no cuentan con habilitación municipal. El grupo municipal del PSOE había anunciado su respaldo a una medida que consideraba una continuación de la reforma del PXOM impulsada en 2023 durante su último mandato al frente del ayuntamiento.
Sin embargo, ha sido Bouza -que no forma parte del grupo municipal- quien ha comparecido en la sede del partido para anunciar una postura que deja en minoría los ocho votos del bipartito formado por BNG y Compostela Aberta ante los 11 de un PP que ya ha mostrado su oposición a la ordenanza. Curiosamente, lo ha hecho apenas una hora antes de que el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, hiciese pública la intención de su gobierno de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en cuatro años.
El secretario xeral ha indicado que el sentido de su voto se basa en la “congruencia” y la “coherencia” con un compromiso adquirido en la reforma del plan urbanístico, que limitaba la creación de viviendas turísticas (vuts) a las primeras plantas de los edificios o bien a sus bajos, si estos tenían uso residencial. Entonces, según Bouza, se prometió encontrar un encaje legal para todas las vuts “preexistentes”, algo que esta ordenanza deja fuera “por la puerta de atrás”.
La normativa que se llevará al pleno recoge la comunicación que se debe realizar al ayuntamiento para poder dar uso turístico durante 60 días a una vivienda habitual o a alguna de sus habitaciones, lo que permitiría combinar alquileres a largo plazo -como los que se realizan a universitarios durante el curso escolar- con otras fórmulas propias de la economía colaborativa. El texto da carpetazo a la posibilidad de regular las vuts que funcionaban sin la pertinente habilitación municipal y restringe que solo la puedan lograr en el futuro aquellas que se ajustan a la nueva normativa. De las 800 registradas en la ciudad, se estima que unas 600 quedarían definitivamente fuera del negocio cuando entrase en vigor.
“No vamos a faltar a la palabra dada a los afectados”, insistió Bouza, quien señala que ese compromiso incluía también a la actual alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín. “No es una solución decir 'no puedo hacer nada'. No hagamos trampa, no intentemos aprobar por la puerta de atrás una ordenanza que regula otras cosas para decir 'yo ya lo hice'”.
El socialista recalcó que la ordenanza “no es necesaria” para realizar la comunicación de actividad y que aumenta la burocracia.“.”Es una reiteracion improcedente, impertinente e inútil que genera más caos“
Y aunque aseguró que en la postura de su grupo no había habido un cambio de opinión, preguntado por lo manifestado por la concejala Mercedes Rosón -responsable de Urbanismo en el anterior gobierno e impulsora de la reforma de 2023-, respondió: “Dijimos claramente que íbamos a escuchar a los colectivos e, igual que pasó con los presupuestos, la Ejecutiva Municipal es la que tiene la competencia para establecer la postura del PSOE en la ciudad”, algo que ejerce “en coordinación con el grupo” y asegura que la postura que se “anticipó” era “las consideraciones sobre lo que íbamos conociendo.”
“Sorpresa” en el gobierno local
La primera valoración del ejecutivo compostelano, apenas minutos después de la comparecencia de Bouza, fue de la primera teniente de alcalde, María Rozas. Visiblemente contrariada, la representante de Compostela Aberta no ocultó su “sorpresa” con una postura “que no concuerda con lo expresado por el grupo municipal ni con lo que se hizo por parte del PSOE en el mandato anterior”. Esa “sorpresa” se debía, además, a la palabras de Rosón, quien “llegó a decir que consideraba que ésta era una medida socialista que consolidaba el proceso iniciado en el anterior mandato”
“No entiendo el posicionamiento ni que digan que no hay información cuando ya pasó por la comisión y tienen toda la información para el pleno”, añadió, antes de insinuar diferencias entre la cúpula local socialista y los concejales. “Si no le llegó a la Ejecutiva Municipal no fue porque no se le pasara a los grupos”.
Tras reinvidicar la postura de Compostela Aberta sobre la regulación de las vuts, “que empezó con la suspensión de licencias en el casco histórico” durante el mandato de Martiño Noriega, Rozas lamentó la actitud del PSOE en un momento en el que existe “un gran consenso en la ciudad” y en el que ayuntamientos “incluso gobernados por la derecha” están tomando este tipo de medidas.
La plataforma por la regulación denuncia “pucherazo” de la cúpula socialista
La Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas (Prevituga), que incluye a una quincena de entidades compostelanas -asociaciones de hostelería, de consumidores, vecinales o del mundo universitario- ha salido en tromba para “denunciar con estupefacción el cambio de opinión” del PSOE sobre “un tema capital para la ciudadanía”, un giro del que considera “únicamente responsable a la cúpula” local del partido y del que excluye “de forma rotunda y sin duda alguna a los concejales”.
En un comunicado, Prevituga traslada su “consternación ante el pulso y amenaza” que han sufrido los ediles “para alterar el sentido de un voto reflexionado y desarrollado desde hace años” e insta a “retomar la senda de la coherencia, evitando actitudes injuriosas y degradantes para toda la clase politica en general y del partido socialista en particular”.
“No es de recibo la imagen dantesca de una lucha sin sentido que solo obedece a intereses personales”, añade el documento, que “aborrece la traición sin paliativos a toda la ciudad” y rechaza “el intento de 'pucherazo', cocinado desde las más altas instancias del Partido Socialista de Compostela”.
Pese a este duro tono, el escrito finaliza instando “a los autores intelectuales” a “retomar la senda de la coherencia y la responsabilidad” abandonando “el bochorno generado” y “liberando” a los concejales para que puedan “desarrollar sus responsabilidades conforme a lo pautado y trabajado en los últimos años”.