A Santi Mina, uno de los futbolistas con más peso la temporada anterior en el Celta de Vigo, la Audiencia Provincial de Almería lo condenó en mayo de 2022 a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer en 2017 en Mojácar. Pero el equipo al que sigue perteneciendo -aunque estos últimos meses ha jugado cedido en Arabia Saudí- no tiene, “fuera de eso, que es 100% condenable, ningún problema con él”. “Ha tenido un problema, pero no deja de ser un jugador canterano”, lo defendió el presidente del club, Carlos Mouriño.
En una rueda de prensa convocada este lunes, Mouriño ha hablado de los planes para la siguiente temporada. Entre las cuestiones a las que tiene que dar respuesta está la del año de contrato que le queda a Santi Mina con el equipo. Cuando se conoció la condena en primera instancia -que está recurrida y pendiente de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, quedaban ya pocas jornadas de la temporada 21-22 y el Celta, que hasta entonces lo había mantenido como titular, decidió apartarlo de los focos y abrirle un expediente disciplinario al jugador. Pocos meses después, el futbolista salió cedido a un equipo de un país que no tiene acuerdo de extradición con España.
El abogado de la víctima pidió el ingreso en prisión de Mina, al entender que el riesgo de fuga era mayor, pero la Audiencia de Almería no lo vio así y permitió que, a la espera del siguiente paso judicial, el deportista se mudase al extranjero. Lo justificó con el argumento de que, a lo largo del proceso, siempre se ha presentado cuando ha sido requerido y ha comunicado sus cambios de residencia. Ahora, con la temporada terminada, el club y el jugador están negociando rescindir el contrato para no incorporarlo de nuevo en Vigo. Mouriño ha dicho que el equipo analiza las posibilidades: “El que tiene siempre que firmar lo que se quiera hacer es el jugador. El club puede proponer. Nosotros queremos hacer una cosa, pero necesitamos su beneplácito”. La decisión de hace un año de buscarle otro lugar en el que jugar, dijo, fue algo “duro”. Esas “medidas”, añadió, “perjudicaban al club, pero se tomaron”.
Mouriño ya había reconocido que no había cuestionado al jugador cuando lo recuperó para el Celta en 2019 -se formó en la cantera, pero en el momento de la agresión estaba en el Valencia-, pese a que le constaba la denuncia contra él, interpuesta en las horas siguientes a los hechos. Entonces lo fichó porque consideró que lo que él contaba -que él era la víctima y la denunciante estaba intentando extorsionarlo- era creíble. El único error que lamentó el presidente del equipo en todo el proceso fue el de no haber incluido en el contrato una cláusula que les permitiese despedirlo en caso de que fuese condenado. Echar al futbolista suponía pagarle por el tiempo restante que había firmado y el club no estaba dispuesto a ello.
Durante el juicio, la estrategia de defensa del futbolista -y de su amigo David Goldar, que finalmente fue absuelto- se centró en intentar desacreditar a la víctima y sembrar dudas sobre si estaba claro que no había dado su consentimiento. Mina, en una estrategia similar a la de la defensa de la Manada de Pamplona, contrató a un detective privado para que siguiese a la denunciante. En las sesiones se supo, además, que los acusados le ofrecieron dinero a cambio de su silencio. La sentencia considera probado que no hubo consentimiento, que Mina introdujo su pene en la boca de la mujer, que esta lo empujó y que, pese a ello, luego le metió varios dedos en la vagina.