Nuevas dificultades para los socialistas gallegos. La jueza Pilar de Lara acaba de citar en calidad de imputados el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, por el caso de O Garañón, una polémica obra paralizada por orden judicial desde 2010 y autorizada en 2005 por el ayuntamiento lucense, cuando el actual líder de los socialistas era concejal de Urbanismo en la ciudad.
El caso de las torres de O Garañón está en los juzgados desde finales de la década pasada, cuando un colectivo vecinal lo denunció por el impacto que esta construcción suponía en el entorno del parque Rosalía de Castro. En el año 2010 el juzgado de De Lara paralizó la construcción cuando el esqueleto de los edificios ya estaba en pie. Argumentó el freno a la obra en la posibilidad de que en esta operación se pudiesen haber cometido presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, cuestionando además la legalidad de la licencia municipal.
Desde el primero momento el gobierno local de Lugo, todavía presidido por Orozco, argumentó que no le quedó más remedio que conceder la licencia porque la edificabilidad de la zona estaba contemplada en el Plan General del año 1991, impulsado y aprobado cuando el PP dirigía el Ayuntamiento. Mientras, la jueza ha venido manteniendo que el gobierno local tenía especial interés en que la obra siguiera adelante.
Tras cambios de la ley del suelo y un farragoso procedimiento judicial en el que se han llegado a reclamar documentos de los años 20, cuando el consistorio lugués comenzó a articular dicho parque, De Lara cita ahora como imputados a Besteiro y Orozco, que tendrán que declarar a finales de mes para dilucidar si han podido ser autores de delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio. También imputa, al “arquitecto municipal en el momento de los hechos”, a la jefa del departamento de licencias y a un funcionario del departamento municipal de arquitectura, según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.