Un diagnóstico claro es clave antes de iniciar cualquier tratamiento. Ése parece ser el principal mensaje que el Consello de Contas, el ente fiscalizador del sector público gallego, quiere enviar a la Xunta en su último informe sobre el reto demográfico: la necesidad de concretar de forma “unívoca” qué se entiende por reto demográfico, cuáles son los parámetros que lo definen o qué hace que un municipio entre en esa categoría. Esa carencia, según el Consello, impide “desplegar acciones que lo combatan de forma integral y coordinada”, pese a contar con una partida de más de 53.000 millones de euros en una década, “casi el 60%” del Plan Estratégico de Galicia 2020-2030.
Con este Plan -creado para definir las “prioridades” de Galicia y hacer “que la próxima década sea la mejor de la historia”- cruzando ya su ecuador, el Consello ha analizado la medidas que se han tomado por parte de las diversas administraciones en casi un centenar de municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes para hacer frente a ese desafío. Como media, entre 2010 y 2022, estos concellos perdieron un 20,85% de su población frente al promedio autonómico del 3,83%.
En su auditoría, Contas concluye que el reto demográfico está “concentrado” en el territorio oriental de Galicia (Lugo y Ourense) y eso “requiere” análisis y respuestas “específicas” a sus problemas. Al igual que echa en falta la definición de “municipio en situación de reto demográfico” o en “riesgo de despoblación”, también achaca la ausencia de indicadores en departamentos como el Instituto Galego de Estatística que permitan observar cómo evolucionan los datos más relevantes y “valorar” los efectos de las políticas adoptadas desde la administración.
Otro reparto de fondos
Entre sus recomendaciones, el informe hace también hincapié en la necesidad de reformar el método de financiación de los ayuntamientos para vincular las ayudas al reto demográfico. Para ello, dice, “debería modificarse el importe del Fondo de Cooperación Local, incrementando la cuantía y reparto entre municipios” y, o bien aprovechar la “modulación” que permite el Fondo adicional para incluir criterios relacionados con este campo, o configurar un Fondo de Cohesión Territorial para sufragar la respuesta en las áreas en riesgo de despoblación.
Del mismo modo, proponen modificar el régimen de convocatoria y transferencia de fondos a los ayuntamientos para “agilizar” una financiación que hoy se concede “por concurrencia no competitiva o concesión directa”. Consideran que la financiación estructural de los pequeños municipios, que cuentan con menos medios humanos y materiales para optar a subvenciones, necesita fórmulas que no le exijan participar en esos procesos. “El reparto de cuantías a precio alzado con atención a los costes de los municipios”, de los que hay, dicen, sobrados ejemplos, “puede simplificar el sistema de financiación y agilizar la respuesta de los pequeños ayunamientos a las necesidades de su ciudadanía”, concluyen.