Hay en toda Europa una única mina de coltán. Se encuentra en una pequeña aldea en el extremo sureste de Galicia, Penouta, perteneciente al municipio ourensano de Viana do Bolo. Desde 2018 la empresa Strategic Minerals –de matriz canadiense– extrae de allí el llamado oro negro, empleado para la producción de aparatos tecnológicos. Pero la actividad acaba de ser paralizada cautelarmente por orden judicial a causa de riesgos medioambientales. La decisión enfrenta a la asociación ecologista que denunció la explotación por contaminación y a los trabajadores y vecinos de la zona, unidos en un frente que ha recibido apoyo de todos los grupos políticos. Han llevado sus protestas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que le piden revertir el auto en el que suspende la autorización dada por la Xunta.
Justo Suárez es el responsable de Industria de Comisións Obreiras –el sindicato mayoritario en la mina, aunque CIG tiene también representación– en la provincia de Ourense. Resume el malestar de los trabajadores de la explotación, que son 129: “La situación es crítica para estas familias. Es la única oportunidad para mantener puestos de trabajo en esta zona”, dice. Si la empresa pierde el permiso para extraer mineral, el sindicalista asegura que a buena parte de los empleados, muchos de ellos de menos de 40 años, les va a tocar “coger las maletas e irse a la ciudad o incluso fuera de Ourense”.
En la comarca de Viana, en el interior de Galicia, hay poca actividad económica y un acusado declive demográfico. Para el alcalde del municipio, Andrés Montesinos, del PP, la mina de Penouta es un asidero para frenar la pérdida de población: “El Ayuntamiento y el pueblo al completo estamos en contra del cierre. No hay ninguna queja de ningún vecino de que haya algo nocivo. No entendemos esta decisión ahora, después de años trabajando”. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, la asociación denunciante, sin embargo, asegura que hay vertidos de sustancias tóxicas y que los vecinos están “vendiendo su alma al diablo”.
La empresa ha sido activa en su comunicación desde que se conoció el auto de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG. Primero trasladó su “discrepancia absoluta” con la decisión y anunció que exploraría “todas las vías legales” para continuar con la actividad. Defendió que la concesión cumple la ley, que la mina pasa “todos los controles y exigencias ambientales”, incluidos los análisis de agua y de vertidos, los de calidad del aire y efectos sobre flora y fauna. También hizo referencia al compromiso de reforestar zonas que quedaron abandonadas por una explotación anterior del terreno. Sus prácticas, asegura, son “responsables” y Penouta es “un proyecto estratégico” y fundamental en la economía de la comarca. El 82% de los trabajadores son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% proceden del entorno más inmediato de la explotación minera, añade.
Después, la empresa fue informando de los apoyos a su causa: el comité de empresa y los sindicatos representados, los alcaldes de Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso, la Cámara Minera de Galicia. El frente común se tradujo en concentraciones en Viana y también en una protesta de unas 200 personas en A Coruña, ante la sede del TSXG, con pancartas en las que se podía leer: “A mina non contamina. A minería é vida”. Piden a la Justicia que cambie su decisión, que es cautelar, a la espera de que los jueces entren al fondo del caso. También la Xunta de Galicia se situó del lado de Strategic Minerals. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha trasladado su “compromiso” con los trabajadores y con la actividad minera en la comunidad.
Una zona sin restaurar y abandonada más de 30 años
La historia de la mina de Penouta se remonta a hace un siglo. Hasta 1985 se explotó para obtener wolframio y estaño. Estaba entonces en manos de Rumasa, el grupo empresarial de José María Ruiz Mateos, que dejó el terreno abandonado, sin reparar y con los escombros allí depositados. Fue en esos desechos en los que Strategic Minerals vio la oportunidad de negocio tres décadas después. En 2018 empezó a extraer columbita y tantalita, es decir, coltán, de los restos que había en las balsas. Más adelante pidió permiso a la Xunta para explotar directamente la veta y la administración autonómica se lo dio en 2022. Se abrió así a la actividad la llamada sección C, la que un auto del Tribunal Superior de Galicia dejó en suspenso en octubre.
Los magistrados defienden que los principios de cautela, prevención y precaución son “propios del derecho de la Unión Europea” y justifican que “ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil o incierta reparación”, deben optar por suspender la actividad y considerar que el que prevalece es “el interés general” de “mantener indemnes esos espacios públicos”. En el caso de la mina de Penouta, se encuentra en una zona adyacente a terrenos de Pena Trevinca incluidos en la Red Natura.
Cristóbal López critica la declaración de impacto ambiental favorable emitida por la Xunta en marzo de 2022 que permitió la explotación a cielo abierto. Se incrementaron los impactos ambientales, pero sostiene que los efectos sobre el lugar de interés comunitario de Pena Trevinca y los arroyos de la zona no se evaluaron “adecuadamente”. “No es la primera vez que las empresas mineras utilizan como rehenes a los trabajadores y los movilizan en contra de la defensa de su propio territorio”, dice. Recuerda que el año pasado la presencia de metales pesados provocó que los vecinos no pudiesen beber agua del grifo un par de días: “Allá ellos si quieren cambiar puestos de trabajo por veneno. Pero lo que no podemos permitir es que envenenen la Red Natura”.
“El pueblo está muy apenado”
Para el ecologista, el hecho de que la Justicia haya aceptado las medidas cautelares quiere decir que los jueces han visto el caso “grave”. Contesta a las críticas sobre la posible destrucción de empleo con el argumento de que, hasta el año pasado, la explotación se hacía en las escombreras, una parte que Ecoloxistas en Acción no ha denunciado, pese a que “lo merecían porque también tuvieron un montón de vertidos”.
El temor a la pérdida de empleos ha unido a plantilla, empresa y responsables políticos de Viana –con unanimidad de PP, PSOE y BNG– y de otros municipios de alrededor. El alcalde recalca que los trabajadores son jóvenes y, en el 80% de los casos, viven en la comarca. En el rural, dice, la población está envejecida y este yacimiento es una vía para “tener a chavales trabajando” en el entorno. “El pueblo está muy apenado. Es una cadena que afecta a las tiendas, los bares...”, lamenta. El sindicalista de CCOO explica que ahora mismo los trabajadores están en ERTE. Cree que la Justicia va a terminar por dar la razón a Strategic Minerals porque tiene “los permisos en regla” y hace “controles estrictos”, pero pone el foco en el largo periodo de incertidumbre que puede mediar entre el momento actual y la resolución definitiva: “¿Quién les paga el daño a estas personas?”. Entretanto, van a continuar con las protestas y han programado la siguiente para el 25 de noviembre en Viana do Bolo.