La multinacional Alcoa confirma el despido colectivo de 524 empleados de su planta de producción de aluminio en San Cibrao, Lugo, y anuncia que parará el corazón de la fábrica, las cubas de electrolisis en las que se consigue el metal. La decisión llega tras cuatro meses de negociaciones -desde el anuncio del expediente de regulación de empleo- con el comité de empresa, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia y a pesar de que existe una oferta de compra por parte de Liberty House que no fue aceptada por la multinacional.
Ante este escenario, el Gobierno central está dando los primeros pasos para tomar el control de la planta y ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para que explore las posibilidades de una intervención o que sea la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que asuma la propiedad para luego vender a un tercero. Esta opción fue una de las que el Ministerio de Industria ofreció durante el período de negociación entre Alcoa y Liberty pero que fue rechazada. Tanto el Gobierno central, como la Xunta y el comité de empresa acusaron a Alcoa de negociar “con mala fe”.
Dos semanas después del fin de esas conversaciones, Alcoa ha tomado la decisión de presentar el ERE y también de hibernar las cubas de producción de manera ordenada hasta el primer trimestre de 2021. El paro de las cubas fue uno de los principales escollos durante todo el período de negociación y una línea roja para los trabajadores que consideran que pararlas sería condenar el futuro de la fábrica y una posible venta debido al coste de su reactivación.
La empresa indica que mantendrá a 99 personas trabajando en una parte de la fundición de la planta y también la refinería de alúmina de San Cibrao mientras que para los 524 trabajadores que despide ofrece indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12, así como la contratación de planes de recolocación, según asegura en un comunicado.
Alcoa sigue manteniendo que la planta “no es viable debido a factores productivos estructurales” entre los que cita la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobreproducción de aluminio y la caída de su precio. Cifra las pérdidas 2020 hasta el mes de septiembre en 45 millones de dólares además de los 126 que arrastra desde 2018.