El FROB se niega a informar al Parlamento gallego sobre sus operaciones en el rescate y venta de Novacaixagalicia
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fue el instrumento creado por el Gobierno de España para canalizar la intervención de las entidades financieras en dificultades durante la crisis económica, así como para gestionar su rescate con fondos públicos y su privatización. La entidad semipública -también está participada por los bancos- fue la que fijó las condiciones y ejecutó en 2013 la venta de Novagalicia Banco, entidad resultante de la bancarización de Novacaixagalicia, la fracasada fusión de Caixa Galicia con Caixanova. Dado su papel trascendental en todo el proceso del fin de las antaño grandes cajas gallegas, la comisión que en el Parlamento de Galicia trabaja en la lenta investigación sobre lo sucedido se dirigió al FROB para reclamar abundante documentación sobre el proceso y, casi un año después de esa petición, el FROB acaba de responder que no va a entregar papel ninguno al legislativo gallego.
Después de permanecer congelada durante tres años por iniciativa del PP, la comisión de investigación de las cajas retomó sus trabajos en el comienzo de la actual legislatura gallega, en los primeros días de 2017. Entre las ampliaciones de información que los grupos acordaron incorporar a la comisión para averiguar lo sucedido figuraban numerosos documentos del FROB. Por ejemplo, los que recogen todas sus “acciones” sobre la gestión de las participaciones preferentes en las antiguas grandes cajas gallegas, sus informes sobre el rescate y venta de Novagalicia Banco o las valoraciones que encargó sobre la entidad gallega a Barclays, Enrnst&Young y HSCB.
Del mismo modo, la Cámara reclamó conocer la auditoría que el FROB encargó a la consultora PwC sobre el valor económico de NCG Banco, clave en la venta al venezolano Banesco. Pidió también una copia del cuaderno de venta de la entidad -que recogía las condiciones de la operación-, encargado por el FROB a la entidad BNP-Paribas, y otros dos informes sobre el proceso de venta al sector privado, encargados a McKinsey&Co y a Nomura International. La documentación reclamada se completaba con los “expedientes relativos a operaciones inmobiliarias de Caixa Galicia y Caixanova”, que el FROB envió a la Fiscalía, y los “informes de supervisión y seguimiento de los procesos de reestructuración bancaria relativos a las antiguas cajas de ahorro gallegas” que el propio FROB realizase.
Esta petición de documentos fue trasladada al FROB por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el 23 de marzo de 2017. En esa misma jornada la comisión aprobó además una cautela adicional. Como en la anterior legislatura, otorgó a la documentación que pudiera recibir el carácter de “reservado”, un cortafuegos que debería permitir hacer frente a las cautelas de secreto bancario. No obstante, esta declaración tampoco sirvió para evitar que el FROB se negase a colaborar.
Respuesta un año después de la petición
El pasado 15 de febrero de 2018 la Cámara gallega recibió la respuesta de la entidad, una carta de tres páginas en las que su presidente, Jaime Ponce, dedica prácticamente la mitad a citar leyes que regulan su funcionamiento. La ley que desde el año 2014 es la guía para las entidades de crédito en España, cita Ponce, “regula el deber de secreto que pesa sobre el Banco de España y, por lo tanto, sobre lo FROB”, sobre los datos y documentos que maneje y fija su carácter “reservado”. Esa norma, resalta, “exceptúa del deber de secreto, entre otros supuestos, las informaciones requeridas por el Tribunal de Cuentas o por una comisión de investigación” de las Cortes Generales.
Sobre esta base, informa, el FROB pidió al Consejo de Estado un informe sobre la petición del Parlamento de Galicia. El órgano consultivo del Gobierno de España, presidido por el exministro popular y antiguo conselleiro José Manuel Romay Beccaría, indicó que el FROB “no tiene el deber de atender el requerimiento de documentación” formulado por el legislativo gallego, por lo que no aportar la documentación solicitada no implica un “incumplimiento del deber de cooperación y asistencia entre administraciones”. El Consejo de Estado concluye que “no resulta obligado” que el FROB “atienda” el requerimiento de Galicia, pero en ningún punto de su escrito señala que sea ilegal hacerlo.
Con todo, el FROB se aferra a ese dictamen y a la normativa general en materia de secreto bancario para no entregar al Parlamento de Galicia ninguno de los documentos que solicitó formalmente sobre la desaparición y venta de Novacaixagalicia. Secunda así la actitud de la Sareb, el 'banco malo', que se negó también a informar al Parlamento sobre el 'ladrillo tóxico' que heredó de las cajas gallegas mientras, no obstante, realiza campañas de publicidad sobre esas mismas viviendas. También Abanca señaló el deber de “confidencialidad” para no revelar al Parlamento la indemnización con la que José Luis Méndez abandonó Caixa Galicia aunque en este caso la principal diferencia es que, en el momento de la petición, esta era ya una entidad totalmente privada.
