Primer torpedeo al reinicio de la investigación sobre la fusión y quiebra de las antiguas grandes cajas de ahorro gallegas. Desde el pasado enero los grupos del Parlamento de Galicia trabajan de nuevo en la comisión de investigación sobre la desaparecida Novacaixagalicia, que tras tres años de parálisis ha reabierto con los límites determinados por el PP, que busca un cierre rápido. Entre las escasas concesiones de los populares a la ampliación de los trabajos está la incorporación de nueva documentación, pero la aportación de uno de los informes solicitados acaba de ser bloqueada por la entidad estatal que tenía que facilitarlo: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esto es, el banco malo participado por el Estado que fue creado para quedarse con el 'ladrillo tóxico' de las entidades rescatadas.
Lo que el Parlamento pidió, concretamente, al banco malo es un “listado” de los “activos traspasados” por NCG Banco durante el proceso de reestructuración. Dicho de otro modo, una lista de las propiedades inmobiliarias sin vender y de los créditos concedidos a ese sector de los que la entidad resultante de la fusión y bancarización de las cajas se tuvo que desprender como parte de las condiciones para acceder a los fondos públicos del rescate. En aquella operación el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó en Novagalicia algo más de 5.400 millones de euros y, a su vez, el banco transfirió a la Sareb activos considerados tóxicos por importe de 5.096,9 millones de euros.
El importe total de los activos tóxicos trasvasados al banco malo es parte de la escasa información que Novagalicia y la propia Sareb habían hecho pública de aquella operación. Lo habían hecho, concretamente, en la obligada comunicación de NCG Banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en diciembre de 2012. El banco malo se quedaba el lastre inmobiliario de las viejas cajas y a cambio le entregaba a la entidad rescatada “valores de renta fija” que contaban “con la garantía irrevocable del Estado español”. Se trataba, informaban entonces, de un mecanismo semejante al que afectó al resto de cajas rescatadas.
En este contexto, una vez aprobada la solicitud de documentación el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, se la hizo llegar formalmente a la Sareb, que respondió con una carta llegada al Parlamento el pasado día 18. En la respuesta, de apenas cinco líneas, el banco malo dice “lamentar comunicar” al legislativo gallego que “no puede dar cumplimiento a la solicitud”. Lo hace, asegura, porque la información solicitada “afecta a personas físicas” y está “sujeta” a la ley de protección de datos. Además, agrega, el contrato por el que Novagalicia Banco le traspasó los activos tóxicos incluye una cláusula de confidencialidad.
Así las cosas, la Cámara gallega se quedará sin conocer con exactitud hasta dónde llegaron las alegrías inmobiliarias de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia, los nombres de las promotoras y constructoras que se beneficiaron de sus créditos y las propiedades que no fue capaz de vender. De este modo, lo más semejante a una información sobre este área de las malogradas cajas es el paquete inmobiliario que ofertaba Novagalicia Banco inmediatamente después del rescate. Entonces NCG ofertaba más de 9.000 viviendas a través de su firma inmobiliaria. Apenas el 40% se encontraban en Galicia. Aquel portal no incluía, no obstante, información alguna sobre los préstamos y promociones inmobiliarias fracasadas durante los años de la burbuja.
Ante esta primera negativa la formación que incorporó esta petición al plan de trabajo de la comisión, el BNG, valorará tramitar una queja formal al respecto. Esperará, no obstante, a conocer la disponibilidad o no del resto de la documentación solicitada. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario subrayan, no obstante, que la negativa del banco malo a colaborar con el Parlamento de Galicia tiene escasa “justificación” no solo por el tiempo transcurrido desde la trasnferencia de activos, sino también por el hecho de que buena parte de la documentación manejada por la comisión tiene “carácter reservado”, por lo que los datos personales que eventualmente pudieran figurar en el informe estarían acogidos a esa misma precaución.