Eloína Injerto, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza: “No hay un problema de ocupación, sino de acceso a la vivienda”

Las entidades del tercer sector no tienen todavía estadísticas que lo midan, pero han detectado un aumento de la pobreza y carencias invisibles sobre las que la pandemia ha arrojado luz. La presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN, por las siglas en inglés), Eloína Injerto, pone como ejemplo la cantidad de menores que no podían seguir las clases a distancia porque no tenían ordenador o conexión a internet. En la red se integran una treintena de entidades centradas en colectivos diversos como inmigrantes o personas con discapacidad o jóvenes en riesgo de exclusión social.

“Los que ya estaban fuera del sistema lo están más”, dice Injerto. Se pregunta cómo llegarán las vacunas a quienes viven en la calle o no tienen los papeles en regla. Y pone el foco una y otra vez sobre la vivienda, “un aspirador de rentas” que se lleva buena parte de los recursos de familias con pocos ingresos y limita sus posibilidades para salir del círculo de pobreza. “No hay un problema de ocupación, hay un problema de acceso a la vivienda”, zanja.

Más de un año después del inicio de la pandemia, ¿cuál ha sido su impacto en la pobreza en Galicia?

Los datos que tenemos son anteriores. Partimos de los que ya teníamos del número de personas en situación de pobreza severa. En Galicia sabemos que eran 212.000 personas y que hay muchas más en este momento. Aun no teniendo datos exactos, sabemos que la situación es peor. Hay mayor demanda dentro de los servicios, programas y atenciones que llevamos a cabo desde las entidades. Sobre todo detectamos un mayor incremento de pobreza en mujeres y familias con niños y niñas o que tienen algunos otros factores añadidos de exclusión. También sabemos, por los datos de la Risga -renta de inclusión social de Galicia- y el ingreso mínimo vital, que hay 8.900 personas que antes no percibían ningún tipo de renta. Eso sí que es un dato que nos indica que hay un incremento identificado de personas que antes no requerían ingresos de renta mínima y ahora sí. Estamos en una situación de mayor pobreza. La situación sanitaria podemos verla más o menos controlada, pero la social, no. Y eso nos preocupa.

¿No habrá mejoría pronto, con una mayor apertura?

No. Por eso el esfuerzo, en el que siempre hemos incidido mucho, de coordinación entre las administraciones y las entidades del tercer sector. Lo vemos con mucha más importancia para asegurar que no haya más personas que vayan cayendo en esta situación de pobreza. Necesitamos poder prevenir de alguna manera esta situación y atender con urgencia.

¿En qué se traduce para las entidades que integran la Rede este incremento de la pobreza?

Nuestros programas están orientados a la inclusión social, más allá de la atención a necesidades básicas de alimentación. En ese proceso tenemos personas que se estaban empezando a recuperar, o que tenían cubierta esa parte económica o laboral que ahora se han visto sin empleo, con lo cual, con menos recursos económicos y con más dificultades añadidas, sobre todo en vivienda, cobertura básica, alimentación. De ahí la tarjeta básica que se puso en marcha en la pandemia -una iniciativa financiada por la Xunta para cubrir gastos básicos de familias vulnerables- y que fue una de las propuestas de respuesta inmediata para la atención de esas necesidades. La idea era que fuese de una manera lo más digna posible y que fuese urgente. Luego vemos el tema de vivienda y de empleo. Dentro de nuestros programas de empleo hay más demanda y más necesidades a nivel económico para poder asegurarse una vivienda. Y, luego, toda la parte emocional, que está unida esta situación, que nos preocupa y es algo que vamos detectando en las familias que atendíamos, pero también se añaden más situaciones y más familias. Eso es lo que vemos: más personas a las que atendemos y con mayores urgencias.

¿A qué se atribuye que la situación empeore más para mujeres y familias con menores a su cargo?

Esto está ligado a los cuidados y los empleos que se han caído con los ERTE, en la hostelería, empleadas del hogar... Y las familias monoparentales, que están formadas sobre todo por mujeres. Es ahí donde vemos esos factores añadidos que incrementan el nivel de pobreza.

¿Eran ya personas más expuestas antes de la pandemia?

Sí, eran personas que estaban ya en procesos de mayor vulnerabilidad y ahora se han visto mucho más afectadas.

¿Hay otros perfiles?

Hay perfiles de todo tipo. Quienes se han visto primero afectados son los que peor estaban, pero aparecen nuevos perfiles. Por ejemplo, la gente joven. Hay cantidad de jóvenes que ahora mismo se encuentran fuera. Igual tenían otras perspectivas y ahora se han visto reducidas.

En cuanto al acceso a la vivienda, ¿en los últimos meses se ha dado demasiado espacio el debate sobre la ocupación?

Nosotros siempre decimos que no hay un problema de ocupación, hay un problema de acceso a la vivienda. A veces ponemos el foco en un aspecto concreto, cuando el problema va más allá y es el acceso a la vivienda o, para quienes tienen acceso a una vivienda, el coste de la vivienda. Hablamos de personas en una situación de pobreza con unos ingresos de 500 euros y el alquiler les cuesta 450. La vivienda tiene que ser digna y accesible. Es como un aspirador de las rentas. Si tienes un ingreso mínimo, se lo lleva todo el coste de la vivienda. Entonces, ¿cómo participo de otros procesos de inclusión social? Hay medidas y hay planes, pero no están llegando a las personas que están en una situación de emergencia residencial. Eso es lo que vemos. Pedimos medidas concretas. Galicia tiene viviendas vacías y esto hay que organizarlo de alguna manera y apostamos por medidas como el alquiler social.

¿Hacen la Xunta y el resto de administraciones lo suficiente?

No, no lo vemos suficiente. Hay más necesidad y es evidente.

Profesionales de la psicología avisan de que la pandemia ha empeorado la salud mental, ¿lo notáis también entre la gente con la que trabajáis?

Sí lo estamos detectando. Creo que es algo general y, como todo, ¿a quién afecta más? A las personas más vulnerables. Son las que se tienen que enfrentar a más añadidos. En la proximidad con las personas lo vamos viendo y lo vamos viviendo.

¿Qué alternativas hay para que alguien con pocos recursos reciba atención psicológica?

Hay entidades que complementan y especializadas en este ámbito. Lo que se hace es complementar la parte de los servicios públicos, que deben ser la puerta de acceso. Preocupa, en ese sentido, la capacidad de respuesta. El colapso en algunos servicios también lo vivimos las entidades. De ahí la importancia de coordinarnos más que nunca. Hablamos de una situación de emergencia y urgencia.

¿Muchos de estos problemas de salud mental se resolverían garantizando el sustento básico?

Claro. Hay una pirámide de necesidades y hemos ido para atrás en eso. Las entidades, si estábamos trabajando en un proceso de inclusión laboral, hemos tenido que primero atender otras necesidades o buscarlo en la administración, como la alimentación. Y si solo atendemos a lo básico, es imposible salir de ahí. Hay que tener una perspectiva de enfoque de derechos e integral en la lucha contra la pobreza. Es una visión importante porque, si no, nos quedaremos en medidas de corto plazo.

¿Han dejado de lado las administraciones programas menos básicos para cubrir necesidades urgentes?

Pudo ser durante el confinamiento. pero no hemos detectado que se hayan dejado de hacer otro tipo de programas. Sí se han adaptado algunos para atender lo más urgente: nos hemos dado cuenta de cosas como que no podemos hacer los programas de apoyo escolar si -los menores- no tienen internet. Hay que ir primero a darles acceso a internet. No se ha dejado de hacer, se ha reorientado para cubrir necesidades que antes estaban cubiertas o que no se contemplaban porque no hacían falta. Y en esas estamos. Hay cosas en las que hemos tenido que ir para atrás para atender lo básico sin dejar de atender otros procesos.

¿Ha sido útil el ingreso mínimo vital?

Está teniendo impacto. Ahora mismo nos consta que hay 11.061 que lo están cobrando. Ha tardado más de lo esperado. La burocracia es algo que hay que ir reduciendo. Pero ha tenido impacto y habrá un incremento -de solicitantes-. Ahí nos preocupa poder complementarlo e ir blindando el ingreso de la Risga para asegurar la atención a las personas y llegar a algunas que, por los requisitos, no están ni en la Risga ni en el ingreso mínimo vital. Hay personas que siguen al margen de unas y otras medidas.

Con estas perspectivas, ¿cuáles son las medidas prioritarias?

Una es la tarjeta básica. Que no sea algo temporal, que siga siendo una herramienta de respuesta urgente. Luego, toda la parte de vivienda, el alquiler social y medidas eficaces. Y garantizar los ingresos mínimos con el IMV y la Risga.

¿Qué va a pasar con la vacunación de quienes no tienen todos los papeles en regla?

Es una pregunta que también tenemos nosotros. A nosotros nos ha llegado el compromiso de que se va a vacunar a todas las personas que estén residiendo -en Galicia-, pero ¿cómo vamos a llegar a ellas? No tenemos la información confirmada, no sabemos cómo se va a hacer. Nos han dicho que se va a llegar a las personas en situación de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad y la gente sin hogar. La gente que ya estaba fuera del sistema lo está más. Pero siempre han estado ahí. Esta pandemia visibiliza situaciones que parece que son nuevas. Si un chaval no tenía internet no lo tenía ya de antes, pero ahora nos damos cuenta de nuevas pobrezas. Nos damos cuenta de que no es yo, somos nosotros. Lo que le pasa a otro me afecta a mí. Espero que esta pandemia nos traiga a ese nivel otro modo de ver y de hacer.