Dos ex cargos del Gobierno de Feijóo, imputados por prevaricación ambiental

El ex director xeral de Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, y el ex secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito Basanta están siento investigados por un juzgado compostelano como presuntos autores de un delito de prevaricación ambiental. Tanto Tahoces (ahora gerente de la Axencia da Industria Forestal, según figura en el organigrama de la misma) como Justo de Benito Basanta, que ya abandonó la administración gallega y ahora ocupa un puesto en la embajada de España en París, fueron citados a declarar el pasado martes en la capital gallega.

Así lo ratifica documentación judicial a la que ha tenido acceso Europa Press. El caso se relaciona con la autorización por parte de la Xunta en 2011 de la reapertura de la mina de Varilongo, en Santa Comba, sin la adecuada evaluación del impacto ambiental pese a la existencia de informes que alertaban de que la explotación podría contaminar las aguas.

En el marco de la causa abierta, la fiscalía solicitó al Seprona el análisis de las aguas afectadas, detectando elevados niveles de metales pesados. A consultas de Europa Press sobre este caso, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta se ha limitado a trasladar su “respeto” a las actuaciones judiciales abiertas. Por su parte, también a preguntas de los medios, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha indicado en rueda de prensa que esta causa se refiere a la “revisión” de una autorización administrativa “de hace diez años”. El dirigente popular ha apelado a la “presunción de inocencia” para las personas investigadas y ha añadido que, igual que “en casos similares”, lo que corresponde es “confiar en la actuación e indepedencia judicial”.

La investigación también señala al actual presidente de la gestora del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, que en el momento de los hechos ocupaba una plaza de secretario general técnico en la consellería de medioambiente sobre las que el juez ha centrado sus pesquisas. Aunque la denuncia vecinal que motivó las primeras investigaciones de la fiscalía no incluía su nombre. Dada su condición de diputado autonómico el tribunal que lleva la investigación no podrá actuar contra esta joven promesa del PP gallego y tendrá que ser el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que decida si prosigue la investigación contra este diputado.