El Ministerio de Asuntos Exteriores admite su “preocupación” por la “grave situación descrita por Pablo Costas Villar”, capitán gallego del buque Cobija, retenido desde hace diez meses en el puerto de Al Mukalla, en Yemen. Pero, más allá de notas verbales y llamadas telefónicas a su organismo homólogo en el país, encomienda el futuro del marinero a que “se resuelva el proceso judicial” en el que, dice, se encuentra inmerso. Este responde a una acusación por pesca ilegal tramitada por Australia y cuya primera condena a tres meses de arresto fue suspendida tras una apelación. Mientras, Costas Villar y su tripulación de 31 personas -indonesias, namibias, senegalesas y peruanas- sobreviven a bordo del barco, atracados en una zona infestada de ratas y con cada vez menos víveres y agua potable. De fondo, literalmente, los ecos de los disparos: Yemen vive desde 2015 un conflicto armado en el que diversas facciones se disputan el territorio.
El Gobierno español ha fijado su posición en una carta remitida a la mujer del patrón gallego, residente en Bueu (Pontevedra), quien la pasada semana se había dirigido al ministerio en una misiva en que denunciaba la pasividad de las autoridades españolas. “Puede estar usted segura de que se continuarán realizando todas las gestiones necesarias para conseguir que su esposo pueda regresar a España lo antes posible”, aduce el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares Juan Duarte, que firma el escrito. El alto cargo realiza un somero repaso a la información referente al proceso que ha obtenido a través de sus embajadas en Riad (Arabia Saudí), Mascate (Omán) y El Cairo (Egipto). España había abierto representación diplomatica propia en Yemen en 2006, pero la retiró en 2012 cuando la situación en el país comenzó a tensarse. Duarte asegura haber solicitado que se “aclare la situación de este ciudadano español y que se facilite la salida del país en caso de haber concluido el proceso judicial abierto contra él inicialmente”.
El recurso de un fiscal en duda
El Cobija atracó en Al Mukalla el pasado mes de septiembre. Procedía de aguas del Índico sur, donde había realizado una accidentada marea debida, entre otros asuntos, al estallido de la pandemia de coronavirus. En el medio de sus labores, el armador del pesquero, de nacionalidad panameña, lo vendió a un empresario somalí. Fue este el que mando arribar a Yemen. Allí fueron retenidos bajo una acusación de pesca ilegal lanzada por Australia a través de Interpol. Apenas tres meses antes, una patrullera de aduanas de este último Estado los había abordado y los había dejado seguir al comprobar que todo estaba en orden. Pero ante los tribunales de Al Mukalla de nada sirivieron estas explicaciones. El 12 de mayo, y ante el pantano legal, Costas Villar solicitó ayuda de la diplomacia española.
Aquí comienza el relato que Asuntos Exteriores encamina a la esposa de Costas Villar, a pesar de que esta -asesorada legalmente por el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadoras (CUT)- lo conoce a la perfección. En él asegura que, tras la pena inicial de prisión de tres meses, el Tribunal de Apelación de Hadramaut -la región a la que pertenece Al Mukalla- aceptó el recurso del armador y suspendió la ejecución de la sentencia. El Gobierno español dice que entonces “comenzó a organizarse el operativo para su salida del país”. Que truncó un nuevo recurso, esta vez del fiscal general. Las embajadas españolas en Riad y Mascate se enteraron “informalmente” de la apelación, la Dirección General de Asuntos Consulares lo confirmó a través del encargado de negocios yemení en España, y el operativo de repatriación se canceló. Los meses pasaban, más de los tres de la pena inicial, y solo uno de los tripulantes del Cobija, de nacionalidad rusa, consiguió marchar, después de gestiones dioplomáticas de su país, en un petrolero que navegaba por la zona.
Este embrollo sucede además en un país desgarrado por la guerra civil. Al Mukalla, uno de sus principales puertos, permanece bajo control del Consejo de Transición del Sur. El Gobierno yemení reconocido por España y por buena parte de la comunidad internacional se encuentra en Arabia Saudí. Mantienen relaciones políticas entre sí. Fuentes conocedoras del caso explican a elDiario.es que el fiscal general que recurrió la suspensión de la sentencia, Ahmed Al-Mosai, se encuentra también en Riad (Arabia Saudí). Su nombramiento a inicios de este año fue polémico: el Consejo de Transición del Sur lo criticó por haberlo impuesto el Ministerio de Interior y no la autoridad judicial.
El Ejecutivo español entiende así que “la salida del Sr. Costas del país está supeditada a que se resuelva la causa pendiente y sea autorizada por las autoridades judiciales competentes”. No obstante, en la carta se cuida de afirmar que las embajadas en Omán y Arabia Saudí han enviado notas verbales y llamado por teléfono al Ministerio de Asuntos Exteriores yemení -ubicado en Riad- para “pedir que se aclare su situación”, “mostrar preocupación por la grave situación que este ciudadano describe” y “solicitar que se le aloje en un lugar seguro con la debida protección por parte de las autoridades locales competentes”. También añade que la fragata Navarra, destinada en la misión Atlanta -operación de la Unión Europea contra la piratería en el Índico-, se ha comunicado con la Autoridad Portuaria de Al Mukalla y esta “ha confirmado que hasta que no se resuelva el proceso judicial en el que se encuentra, el buque permanecerá retenido”.
El BNG denuncia una “asistencia consular deficiente”
Pablo Costas Villar ha expuesto a elDiario.es, a través de notas de voz de Whatsapp remitidas desde el Cobija, que el juicio en la ciudad yemení se desarrolló “faltando a todo el derecho internacional y procesal, de custodia, de estancia, de detención”. Y ha lamentado la pasividad diplomática española. Algo en lo que coincide el BNG, que se ha interesado por su suerte a través de su portavoz en el Parlamento Europeo, Ana Miranda. Esta ha informado al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y ha escrito a las embajadas españolas en la zona y al Ministerio de Asuntos Exteriores. “Ha tenido una asistencia consular deficiente”, sostiene. Asuntos Exteriores ya le ha respondido: la misma carta que a la esposa del marinero.
La embajada española en Riad había recomendado a Costas Villar todavía la semana pasada, dos meses y medio después de que se pusiesen en contacto, buscar un abogado local y un traductor especializado. “Se están conculcando los mínimos derechos de auxilio, algo que está legislado”, considera Manuel Camaño, portavoz de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), que ha convocado una concentración de apoyo al marinero gallego ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el próximo 3 de agosto, a las siete de la tarde. Camaño califica de “kafkiana” una situación en la que “los derechos de Pablo Costas como ciudadano” son obliterados para “seguir el dictado de orientaciones superiores”. “Estamos hablando de un drama, si no fuese un drama sería surrealista”, indica un sindicalista que ha contribuido a la repatriación de decenas de marineros en tesituras complicadas y nunca se había encontrado con semejante inacción diplomática.