En el municipio gallego de Muras (Lugo), casi la totalidad de los vecinos pagan poco o nada por la factura de la luz de sus viviendas. Han pasado ya seis años desde que el gobierno local transformó los impuestos que producen los 381 aerogeneradores que hay en su territorio en un bono social con el que abaratar el recibo. “Era un asunto de justicia social inexcusable. Fue nuestro gran compromiso de gobierno y lo que, con toda seguridad, nos trajo a este consistorio en el año 2015”, explica Manuel Requeijo, el alcalde de Muras, del Bloque Nacionalista Galego (BNG). En un ayuntamiento donde casi el 90% de sus 619 habitantes son jubilados -en concreto, del sector agrícola-, todas aquellas familias con rentas inferiores a 15.000 euros no pagan nada por sus contratos con las eléctricas. Pero la ayuda no solo va dirigida a ellos. El resto de hogares con ingresos más altos también recibe descuentos de hasta el 90%.
Las altas y ventosas montañas de la Serra do Xistral entre las que se encuentra Muras han generado en este ayuntamiento agroganadero el caldo de cultivo ideal para que las multinacionales energéticas instalen sus parques eólicos. Desde mediados de los años 90, no han parado de acoger la construcción de nuevos aerogeneradores. Con veinte parques eólicos diferentes y solamente 619 vecinos, en este pequeño municipio lucense tocan a un molino por cada dos habitantes: “Paradójicamente, tener trescientos molinos a unos metros de tu hogar, en tu propio monte, no te hace autosuficiente en energía eléctrica. Lo que hemos hecho desde el gobierno local no va a cambiar el mundo, pero sí ayudará a nuestros vecinos a luchar contra la pobreza energética”, defiende el regidor.
Esta gestión municipal hizo que en mayo la patronal española del negocio del viento les condecorase con el Premio Eolo de Integración Rural de la Eólica 2021: “Los parques eólicos en esta zona han supuesto un importante desarrollo económico y social para el municipio, así como la integración de un modelo energético sostenible con el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de una política de desarrollo sostenible local”, justificaba la Asociación Empresarial Eólica en el comunicado de prensa en el que hacía público el galardón. No obstante, gobierno local, ecologistas e investigadores no están tan de acuerdo con que el depositario de los beneficios de ese desarrollo económico sea el rural gallego. “Generar cuatro empleos con un negocio multimillonario está muy lejos de las expectativas que deberíamos tener como sociedad en desarrollo que sufre, además, los perjuicios ambientales de destruir sus ecosistemas”, explica Belén Rodríguez, miembro de la Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza. Para el alcalde de Muras también son “migajas”. Una prueba de que ese desarrollo económico es etéreo es que, desde que se instaló el primer aerogenerador en Muras, la población no ha dejado de disminuir.
Según la información facilitada por la Alcaldía, alrededor del 30% de los recursos municipales provienen del sector eólico. Más de 800.000 euros que entran en las arcas municipales a través del impuesto de actividades económicas (IAE), el IBI de características especiales, o las subvenciones autonómicas como el Fondo de Compensación Ambiental. “Según el estudio que todavía está haciendo para nosotros el Observatorio Eólico de Galicia, los 381 aerogeneradores instalados en nuestro territorio podrían estar generando 90 millones de euros. Todo para empresas privadas como Acciona, Endesa, Iberdrola y Norvento, que explotan el potencial ambiental de Muras y se llevan sus beneficios mucho más allá de las fronteras gallegas, españolas e incluso europeas”, lamenta Manuel Requeijo. “Si China, Qatar o Italia se llevan parte del beneficio que generan estos molinos, ¿por qué no pueden entrar Galicia y España en ese negocio?”, añade el alcalde de Muras, en referencia a la posibilidad de crear una empresa pública de energía.
Un pueblo con viento, pero sin industria
A día de hoy, el Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) se ha convertido, por mérito propio, en el principal contrapoder que vigila las incursiones del multimillonario negocio del viento en los montes gallegos. Financiado por las fundaciones Juana de Vega e Isla Couto, este grupo de investigadores de la Universidade de Vigo audita, critica y propone las mejores estrategias para que el desarrollo de los parques eólicos vaya acompañado de un crecimiento económico que beneficie a la sociedad gallega en general y a los pueblos más afectados en particular. Para el portavoz del Observatorio Eólico de Galicia y también profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, el modelo de crecimiento del sector eólico promovido por la Xunta tiene “defectos estructurales que difícilmente serán revertidos en los próximos años”.
“Uno de los mayores errores que observamos desde el grupo es la ausencia de inversiones industriales. En casi 30 años de vida, ni desde el gobierno autonómico ni desde el estatal ha habido iniciativas transversales que estructuren adecuadamente el negocio eólico. No hay planes industriales vinculados a las inversiones públicas”, explica el profesor Simón, que tacha de “pésimo” el impacto económico y territorial de los parques eólicos en Galicia. “Producimos mucho, pero sin nuestra propia tecnología. De hecho, la tendencia es justo la contraria”, añade señalando el reciente cierre de Siemens-Gamesa, una empresa de producción de palas para aerogeneradores asentada en As Somozas (A Coruña) que ha dejado en la calle a sus 215 trabajadores.
Y en esa línea, el portavoz del Observatorio Eólico de Galicia apunta lo que considera el segundo gran defecto estructural del sector: el modelo de acumulación de capital. “Necesitamos que estas empresas tengan un capital social participado por la sociedad gallega, una participación real de la ciudadanía en la promoción de nuevos parques eólicos o en la repotenciación de los viejos”, reclama. “Asistimos a una liberalización absoluta del mercado energético y, si no revertimos la tendencia, cada vez más dependeremos de fondos de inversión extranjeros. Necesitamos empoderar a la ciudadanía. Necesitamos descentralización”, concluye el profesor Xavier Simón.
Para el Observatorio Eólico de Galicia, la ola de proyectos eólicos que se vive en la comunidad tiene relación directa con la liberalización del sector promovida en 2017 por la Xunta, a través de la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales. “Esto se convirtió en el salvaje oeste”, asegura Simón. “El marco actual permite que, en las Áreas de Desarrollo Eólico que no tienen molinos, el primero que solicite ahí un parque se queda con la parcela y nadie más puede instalarse mientras dure la tramitación. Se incentiva que las empresas presenten muchos proyectos para copar todos los terrenos donde se pueden montar eólicos”.
Vecinos indefensos ante la expropiación
En la última década, las legislaciones comunitarias y estatales han recortado en gran medida los derechos de propietarios y comunidades de montes vecinales. Las empresas lo tienen muy fácil para acceder a procesos de expropiación con bajos precios del suelo, según Simón: “No hay ni la más mínima posibilidad de que un propietario se defienda ante una expropiación forzosa que tenga el atributo de utilidad pública o interés social”. Ante la falta de escucha por parte de los diferentes responsables políticos, las labores del Observatorio Eólico de Galicia se han ido encaminando hacia la divulgación: “Si en los gobiernos hacen caso omiso de nuestras investigaciones, tenemos que informar a la ciudadanía de los peligros a los que se enfrentan cuando un comercial de una multinacional eléctrica se presenta en la puerta de su casa y les dice que quiere comprarles una finca”, concluye. “Las empresas del negocio eólico saben bien lo que hacen. Compran suelos catalogados como rústicos a precios irrisorios y, con la complicidad de la Xunta de Galicia, los transforman en suelos industriales”, remata el alcalde de Muras, Manuel Requeijo.