Andrea descansa en paz. Cuatro días después de que el hospital de Santiago accediera a dejar de prolongar su vida artificialmente, la niña de 12 años falleció este viernes. Se ha ido rodeada de su familia más próxima, la misma que en las últimas semanas ha luchado en el hospital y en los tribunales para ponerle fin al “sufrimiento” que la alimentación artificial le estaba provocando a pesar de sufrir una enfermedad neurodegenerativa e irreversible.
La madre y el padre de Andrea, Astilla y Antonio, han personificado durante semana y media la lucha de muchas familias por un final “digno” para sus seres queridos con dolencias incurables. Ha sido el tiempo que ha transcurrido desde que decidieron sacar a la luz pública la lucha por la que estaban pasando: mientras el juzgado condicionaba el futuro de su hija al dictamen del Comité de Ética Asistencial, que apoyaba la reclamación de muerte digna, el Servicio de Pediatría del Clínico de Santiago se negaba a concederla.
La apuesta de la familia de Andrea por recurrir a los medios de comunicación para difundir el caso se ha revelado cómo trascendental. “El sufrimiento de nuestra hija es insoportable”, resumía Estela el pasado 30 de septiembre en una entrevista con eldiario.es. Habían decidido alzar la voz, explicaban, después de un ingreso hospitalario de casi cuatro meses y cuando los propios facultativos acreditaban que en el estado de su hija ya no había marcha atrás. “Si se fuera apagando pero no tuviera sufrimiento estaríamos los meses que hiciera falta y no nos pelearíamos”, explicaba. Pero Andrea estaba “retorciéndose de dolor”.
Con el caso ocupando los titulares el Servicio de Pediatría recibió el apoyo de la Xunta -la ahora exconselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, llegó a equiparar la petición familiar con la eutanasia- pero, no obstante, optó por dirigirse al juzgado de familia para pedir “orientación”. Mientras, la familia acudia también a los tribunales para reclamar la retirada de la alimentación artificial.
En esta coyuntura, el juzgado decidió que un forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) determinara el estado real de la paciente y, con esta información sobre la mesa, el juez Roberto Soto convocó a los padres. Cuando se encontraban en las dependencias judiciales, el pasado lunes, recibieron una comunicación del hospital, según la cual existía “una nueva posibilidad de tratamiento paliativo consistente en retirar la alimentación y mantener únicamente la hidratación necesaria para permitir la sedación”. Se trataba, a efectos prácticos, de acceder a la petición familiar, con un “plan” por cuyo “cumplimiento” veló el propio juzgado.