La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII de A Coruña en manos de la familia Franco, es firme y ya está en vigor la obligación de abrirla al público al menos cuatro días al mes.
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado mes de mayo la declaración de BIC de la Casa Cornide, tras lo que salió en el Boletín Oficial del Estado y empezaron a correr los plazos para recursos administrativos o judiciales contra ese acuerdo del Consello de la Xunta.
Transcurrido este periodo y ante la ausencia de recursos, según han confirmado a EFE fuentes autonómicas y judiciales, el inmueble ya es Bien de Interés Cultural a todos los efectos, lo que incluye la obligación a los titulares de permitir “su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, al menos, cuatro horas al día, que serán definidos previamente”.
El Consello de la Xunta declaró el pasado 27 de abril BIC la Casa Cornide, ubicado en el casco histórico de A Coruña, frente a la colegiata de Santa María.
La propiedad del inmueble es objeto de controversia en la actualidad, pues tras ser propiedad de la familia Cornide pasó a ser pública y entonces, en una operación durante la dictadura, el Ayuntamiento de A Coruña la subastó y acabó en manos de Carmen Polo, viuda de Franco, por lo que el Consistorio ha anunciado acciones judiciales para recuperarla.
El inmueble del siglo XVIII es uno de los pocos ejemplos que queda de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, y en él vivió una de las más destacadas personalidades do Siglo de las Luces, el polígrafo coruñés José Andrés Cornide Folgueira e Saavedra.
Tuvo, entre otras funciones, la de sede del Ayuntamiento de A Coruña y los colectivos memorialistas de la ciudad demandan la reclamación de la propiedad a nivel municipal, en una operación similar a la que llevó a cabo el Estado con el Pazo de Meirás. El ayuntamiento, que lo viene prometiendo desde 2020, asegura que lo hará “este mismo año”.
Fuentes municipales han “celebrado” la declaración como BIC y señala que se logró después de que la alcaldesa, la socialista Inés Rey, “impulsase” el proceso con “los informes técnicos de los mejores profesionales que avalaron” este resultado. El objetivo “no sólo” era la protección del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, sino también “lograr que todos los ciudadanos tengan acceso un bien que tiene que ser público”.