La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a Jealsa-Rianxeira, la mayor conservera de Galicia y propiedad de un exalcalde del PP, por verter residuos contaminantes en la ría de Arousa a la altura del Concello de Boiro (A Coruña). La denuncia de la Fiscalía se fundamenta en la importancia del vertido detectado en la última analítica, realizada en marzo de 2021, así como en “la gravedad de los hechos denunciados derivado de la reiteración en el tiempo, suficientemente documentada, de ese tipo de conducta” unido, además, a la “potencialidad de daños de las sustancias vertidas contra el medio ambiente y para la salud humana”. Así lo explica el escrito que la Fiscalía de Medio Ambiente formalizó el pasado junio y al que ahora ha tenido acceso Europa Press.
En esa línea, la Fiscalía razona que si se confirman las actuaciones realizadas por Jealsa-Rianxeira “constituiría una acción de vertido de aguas contaminadas sin tratamiento adecuado en el medio marino de la ría de Arousa” y que, por lo tanto, sin ajustarse a los límites autorizados en la autorización ambiental integrada“, ”y sin que conste efectuado un seguimiento adecuado“ de su cumplimiento ”ni el ejercicio de manera adecuada de la potestad sancionadora de la Administración“.
Cinco años de lucha ciudadana
Han pasado ya cinco años desde que los primeros parquistas -nombre que identifica a los explotadores de parcelas de marisqueo en las Rías Baixas- de Punta Capitán, en Boiro, se organizaron para recopilar toda la documentación que tenían para demostrar que Jealsa, que opta a los fondos Next Generation, estaba vertiendo aguas contaminadas en la ría de Arousa. Con todas las fotografías, vídeos y análisis de agua que tenían, acudieron a una asamblea de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) para hacerlo público entre sus vecinos. “En cuanto fuimos conscientes de la gravedad de la situación, convocamos una reunión con las cofradías, los ayuntamientos de Rianxo y Boiro y, por supuesto, con la empresa para tratar de revertir el problema”, explica Xaquín Rubido, presidente de la PDRA. “La respuesta por parte de Jealsa fue negarlo rotundamente. No ofrecieron la más mínima concesión”, añade Rubido.
Durante todo este tiempo nadie en la Xunta de Galicia les ha hecho caso. De hecho, ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente en Madrid la que ha ordenado abrir diligencias sobre el caso a su delegación en A Coruña. Todo, según explica Rubido, gracias a que la empresa de uno de los mariscadores estaba domiciliada en Madrid. Fue entonces cuando la Cofradía de Rianxo, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y los parquistas decidieron personarse como acusación popular.
“Los vertidos son terriblemente frecuentes. Cuando conseguimos hacer un poco de presión mediática, Jealsa trata de disimularlo y reducen el ritmo de emisión o simplemente lo hacen por la noche para evitar que hagamos un registro documental”, explica el presidente de la plataforma ciudadana. A la PDRA también han llegado testimonios de personas que trabajan en la empresa que dirige el exalcalde popular de Boiro, Jesús Alonso: “Jealsa tiene mucho poder en la comarca. Con más de 5.000 trabajadores es capaz de ejercer mucha presión a nivel local y en altas instancias de la Xunta de Galicia. Nosotros en ningún momento hemos querido perjudicar a la empresa, pero exigimos soluciones. Llevan años matando la biodiversidad de la ría ”, añade Xaquín Rubido.
Las pruebas documentales
En la investigación de la Fiscalía se recoge la documentación aportada por la Consellería do Mar, en la que se encuentran diferentes vertidos analizados en la zona entre 2017 y 2020. Estos documentos incluyen una mancha oleosa de origen desconocido de 400 por 100 metros en Cabo de Cruz, un vertido en Abanqueiro “junto a la conservera de Jealsa de una extensión de 2.000 m2 de color amarillo” y también diferentes vertidos industriales.
En la documentación aportada por Augas de Galicia, organismo que gestiona las competencias de la Xunta en materia de gestión de aguas, figura una sanción por infracción leve contra Jealsa por “superar en el vertido los límites de nitrógeno amoniacal”, pero se refiere el archivo de otros expedientes al no poder determinarse la procedencia de la contaminación. Por su parte, en los informes de la Guardia Civil no consta el origen de los vertidos, si bien apuntan a una “indudable naturaleza industrial, presentándose en forma de espumas blanquecinas, manchas amarillentas compuestas de grasas de procedencia industrial, cúmulos sólidos blanquecinos o residuos grasientos”.