Cuando, en febrero de 1999, el Gobierno de Manuel Fraga decidió la extinción de las viejas Cámaras de la Propiedad Urbana, Lucila llevaba 36 años viviendo en la cuarta planta de la sede de este organismo en Ourense. Desde principios de 1994 era la titular del contrato de alquiler de renta antigua del piso, que tuvo que asumir por la vía de la subrogación a causa del fallecimiento de su marido, Celso, firmante del arrendamiento el 30 de octubre de 1963.
En el año 2001 Lucila se puso en contacto con lo que pensaba que seguía siendo Cámara para advertir de que no le estaban cobrando el alquiler y que, además, el edificio se había quedado sin servicios comunes como la limpieza, además de otros problemas de mantenimiento. Comenzaba así un periplo burocrático y legal que tiene como último capítulo una querella del fiscal jefe de Ourense contra la Xunta en la persona de dos cargos a los que solicita imputar un presunto delito de coacciones inmobiliarias a esta mujer, que está a punto de cumplir 93 años de edad.
La querella formulada por el fiscal Florentino Delgado, a cuyo contenido ha tenido acceso Praza.gal, asume esencialmente los argumentos esgrimidos por el abogado de Lucila, señala a la Consellería de Facenda por ser responsable de las propiedades de la Administración gallega y a dos cargos en concreto por ser quienes han gestionarodo los intentos de desalojo de la mujer. Se trata de la secretaria general de la Consellería, en este alto cargo desde 2012, y del subdirector de Patrimonio de la misma área, que ocupa el puesto desde 1998. El Ministerio Público atribuye a ambos “medidas de presión no legítimas” e “irregulares, no amparadas en derecho”, para echar a Lucila del piso por “algo que ellos, personalmente, entendían intolerable: que la renta mensual” de la inquilina era de 25,26 euros y la del otro único vecino, de 74,97 euros.
Siempre según el fiscal, fue el subdirector de Patrimonio quien, en 2001, comunicó a la anciana que la Consellería había pasado a ser la responsable del inmueble. Entonces las quejas de Lucila habían sido atendidas e incluso en el año 2005 “se habían llegado a hacer obras de cambios de instalaciones de fontanería”. Pero “la situación cambió radicalmente tras la toma de posesión” de la actual secretaria general de Facenda en 2012. “Ambos querellados”, dice el escrito formulado ante el juzgado decano de Ourense, “entendieron que la Xunta debería recuperar la plena posesión del edificio” desahuciando a los dos arrendatarios para instalar allí servicios administrativos. Y hacerlo “utilizando cualquier vía para esto”.
Sin limpieza ni ascensor para “presionar a los inquilinos”
Así, en octubre de 2013 Facenda pidió formalmente a Lucila que dejara el piso antes de fin de año, a lo que la anciana respondió que no lo iba a hacer “al no compartir la argumentación” de la Xunta, “que de hecho no existió”, según la querella. Fue entonces cuando “se volvió a suprimir por entero el mantenimiento de todas las zonas comunes”: se quedó sin limpieza ni reparaciones en áreas comunes, no era sustituido el alumbrado cuando dejaba de funcionar ni se realizaba “el mantenimiento de servicios tales como el ascensor”. “De este modo -razona el fiscal- por voluntad de los querellados”, los responsables de la Xunta, “dejando de cumplir los deberes de la propiedad intentaban presionar a los inquilinos para el desalojo”.
Justo a continuación, en 2014, la Consellería intentó el desahucio en la vía judicial. El juzgado de primera instancia número 2 de Ourense desestimó la demanda, Facenda recurrió ante la Audiencia y esta dio la razón nuevamente a la inquilina en sentencia firme. Pero tres años después, en noviembre de 2017, Hacienda se volvió a dirigir por escrito a Lucila y a su vecino -el texto, como los anteriores, estaba “redactado” por el subdirector y “firmado” por la secretaria general, destaca- para preguntarles las “condiciones en las que estarían dispuestos a abandonar el inmueble”. Lo hicieron sin informes de la Asesoría Jurídica de la Xunta, que se negó a emitirlos.
En febrero de este 2018, cuando el ascensor del edificio quedó clausurado por “deficiencias muy graves”, la Xunta remitió otra carta ofreciendo “una solución amistosa” antes de “acudir a la vía judicial”, a la que el Gobierno gallego ya había acudido y en la que había perdido dos veces. Un mes antes, en enero, Hacienda había adjudicado por algo más de 30.000 euros las obras de rehabilitación de la vieja Cámara de la Propiedad con el objetivo de dedicarla a servicios administrativos de la propia Xunta, proceso en el que informó a los contratistas de que dos de las viviendas estaban habitadas.
Este es el contexto en el que, el pasado verano, Lucila tuvo que marcharse de la vivienda y residir en un hotel próximo, ya que “la falta de ascensor hace extremadamente difícil el acceso”, prácticamente imposible desde que en el mes de julio “sufrió una caída, con fractura de cadera” que no le permite subir escaleras. Mientras, el estado del edificio es “lamentable e insalubre”, hecho “constatado” ante notario el pasado marzo, indica la Fiscalía. En este contexto el fiscal jefe ourensano pide imputar por coacciones inmobiliarias a los dos cargos de la Xunta y tomar declaración a Lucila con la “mayor urgencia posible” por su “muy avanzada edad y enfermedad”. Cree además que tendría que ser compensada con, al menos, 25.000 euros.
Mientras, tal y como informa Faro de Vigo, la Consellería niega las acusaciones “de forma rotunda” y, asegura que el edificio está siendo limpiado, que el ascensor está a punto de ser reparado tras tener que encargar piezas específicas por su antigüedad y subraya que buscó un “acuerdo amistoso” tanto con Lucila como con su vecino. El abogado de la anciana, por el contrario, se reafirma en declaraciones a Praza.gal en las acusaciones y niega negociaciones amistosas con la Consellería.