El Consello de la Xunta aprobó declarar la Casa Cornide de A Coruña bien de interés cultural (BIC) hace un año. El inmueble, un palacete del casco antiguo de la ciudad, está en manos de los herederos del dictador Francisco Franco y, pese a que esta protección los obliga a abrirlo al público cuatro veces al mes, sigue sin poder visitarse. No hay ninguna justificación para ello -en casos como un mal estado de conservación podría establecerse que no haya visitas-, pero los propietarios no han tomado ninguna medida en estos 12 meses para poner en marcha un sistema que permita acceder a los ciudadanos al edificio. Es la misma estrategia que siguieron cuando fue declarado BIC el Pazo de Meirás y que llevó a enfrentamientos durante años y una sanción a la familia del dictador que no se llegó a cobrar.
Hasta el momento, el Gobierno gallego no ha comunicado ninguna medida para lograr el que inmueble sea accesible para la ciudadanía. Es la Xunta la administración encargada de vigilar que se cumplan las exigencias que acompañan a la declaración de bien de interés cultural, entre ellas la apertura durante cuatro días al mes por un tiempo de al menos cuatro horas. Después de que tanto la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña como el BNG se hayan quejado de que el edificio sigue cerrado un año después, la Consellería de Cultura recuerda que, al ser BIC, sobre la casa se aplica ahora un régimen de protección para “garantizar su conservación” y “supone unas obligaciones relativas a intervenciones, transmisiones o visitas que son notificadas a los propietarios tras su aprobación”.
“Estas cuestiones son conocidas y están previstas en la ley, al igual que las sanciones”, añade la Consellería de Cultura. A la pregunta de si tiene previsto hacer alguna advertencia o abrir expediente a los propietarios se limita a declarar que “como no puede ser de otra manera, la Xunta hará cumplir la legislación”, aunque no aclara cuándo tomará medidas ni por qué medios. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con el abogado de la familia Franco para preguntar su postura sobre el asunto, pero no ha obtenido respuesta por el momento.
El caso reproduce lo ocurrido con el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña). En 2008, con el gobierno bipartito de PSOE y BNG en la Xunta, se iniciaron los trámites para declararlo BIC. Pero los Franco litigaron contra la obligación de abrir al público el inmueble y no fue hasta 2011 que se hicieron las primeras visitas, de las que pasó a encargarse la Fundación Francisco Franco con la intención de hacer loas a “la grandeza” del dictador. No fue el fin de las dificultades para el acceso de la ciudadanía: en las épocas estivales en las que se desplazaban a la propiedad esta volvía a quedar cerrada al público. Las insistentes denuncias por la situación derivaron en 2017 en una multa de 4.500 euros que impuso el Gobierno gallego, pero que no se llegó a cobrar porque la titular del inmueble, a nombre de quien estaba la sanción, era Carmen Franco Polo, que falleció antes de que se hiciese firme.
En la actualidad, tras entregarse la propiedad al Estado, se pueden hacer visitas, aunque con restricciones. Dentro siguen bienes de los herederos del dictador que aún no han retirado, a la espera de que se resuelva el litigio con el Estado por la propiedad de algunos de los objetos de Meirás.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha llevado sus quejas por el incumplimiento de la ley en la Casa Cornide ante la Valedora do Pobo. Ha presentado una queja citando que el Consello de la Xunta aprobó en abril de 2023 la declaración BIC, que se publicó en los primeros días de mayo de ese año en el Diario Oficial de Galicia. Carlos Babío, presidente de la CRMH, critica en declaraciones a esta redacción la actitud de la Xunta. Que los propietarios no iban a abrir el palacete a visitas era, dice, previsible, a la vista de lo ocurrido en Meirás: “Hubo tiempo suficiente para abrir y para que la Xunta, ante el incumplimiento, use las competencias para hacerlo”.
Babío agrega que no consta ninguna justificación de que el edificio no sea visitable. El Gobierno gallego tiene que “garantizar subsidiariamiente, si la propiedad no lo hace, que se abra a las visitas”, insiste.
Por su parte, el BNG le ha reclamado al Gobierno gallego que obligue a la familia Franco a cumplir con sus obligaciones. Las visitas, dice la formación, tendrían que estar permitidas desde mayo de 2021, que fue cuando se incoó el expediente de declaración como BIC, resuelto, casi en el límite de tiempo, dos años después. “La familia Franco lleva tres años incumpliendo la ley y la Xunta mirando para otro lado”, criticó la diputada en el Parlamento Mercedes Queixas. Los nacionalistas han registrado tres preguntas en la Cámara autonómica sobre la cuestión.
El Ayuntamiento de A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña se ha sumado también a las peticiones dirigidas la Xunta. Remitió este miércoles un escrito para reclamar que “tome todas las medidas pertinentes para que la familia Franco se ajuste a la legalidad”. La información la dio la alcaldesa, la socialista Inés Rey, que compareció ante la prensa después de la junta de Gobierno local en la que se aprobó activar los trámites administrativos para intentar anular las decisiones que llevaron a que en 1962 la Casa Cornide terminase en manos de la esposa del dictador, Carmen Polo. Lo que va a hacer el Ayuntamiento es una revisión de oficio de la adjudicación en puja del inmueble. Con esta venta, pasó a manos del empresario y conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que pagó 305.000 pesetas y que tardó solo unos días en entregársela a Carmen Polo por un precio muy inferior, 25.000 pesetas.
El acuerdo irá a pleno y, una vez aprobado, el Gobierno local tiene un plazo de seis meses para resolver. También va a pedir al Ministerio de Educación y al de Hacienda que revisen de oficio la permuta hecha a finales de los 50 que permitió que la casa pasase de estar dentro del patrimonio estatal al municipal. Rey señaló que las decisiones del gobierno local de la época no cumplían las leyes vigentes en aquel momento, según los informes jurídicos. “Permitieron que un edificio público acabase en manos de la familia Franco tras serle usurpado a todos los coruñeses y coruñesas”.
Este es uno de los pasos con los que el Gobierno local asegura que intenta recuperar para el patrimonio público la Casa Cornide. “Ese edificio histórico cerrado para los coruñeses desde hace más de medio siglo tiene que volver a ser de los coruñeses, únicos propietarios legítimos de una de nuestras joyas arquitectónicas”, manifestó la regidora. Carlos Babío, sin embargo, considera que, aunque es positiva, esta no es la vía para que el inmueble regrese a manos públicas. Pide presentar ya una demanda civil, como hizo el Estado en el caso del Pazo de Meirás, y critica que esto no se haya ejecutado ya: “Lo demás son fuegos de artificio”.