El Gobierno gallego ha declarado la prealerta de sequía en 12 sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa tras un mes de enero en donde la ausencia de lluvias y las altas temperaturas han sido la tónica dominante. La decisión se produce solo una semana después de que la conselleira de medioambiente dijese que “no hay que preocuparse” por un primer mes de 2022 tan seco como no se recordaba en más de una década.
Ahora, el Gobierno gallego realiza un “aviso precoz” que se traducirá en un incremento de la vigilancia y control de la situación hidrográfica y el refuerzo de cooperación e intercambio de información con el resto de administraciones -como los ayuntamientos y el resto de demarcaciones hidrográficas-.
La encargada de realizar el anuncio ha sido la conselleira de Infrarestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que el abastecimiento está “garantizado” tanto en las zonas en las que depende de embalses (su nivel de agua almacenado está en indicadores normales) como en las que se nutre de caudales circulantes, aunque estas son “más vulnerable” si no mejora la situación.
Frente a estas palabras, su compañera de gabinete y encargada de las cuestiones medioambientales realizaba el pasado 1 de febrero la siguiente reflexión: “”La atmósfera no tiene memoria. Hay veces que los inviernos secos fueron luego compensados por primaveras húmedas, y hubo otros que no“.
En todo caso, la Xunta opta por declarar la prealerta en 12 de los 19 sistemas de Galicia-Costa (desde el Río Verdugo, Ría de Vigo y Ría de Baiona hasta el Río Mandeo y Ría de Betanzos, exceptuando la zona más norte de Ferrol y A Mariña) tras detectar “dos anomalías claras” en lo que respecta a los niveles de precipitación y los caudales circulantes.
Además, el indicador de la predicción meteorológica tampoco es favorable, puesto que augura la “presencia continua de anticiclones y déficit de lluvia”.
En esta coyuntura, la Xunta incide en la relevancia de compartir información y concienciar en el consumo responsable de agua a los ciudadanos, con el foco también en los ayuntamientos y comunidades de vecinos con el fin de optimizar el control de fugas.