Para el presidente de la Xunta, “no es lo mismo recibir dinero o haber pedido dinero a alguien” que “otras cuestiones”, ni es lo mismo “hablar de cómo accede un empleado a la administración pública” que hacerlo de “empresas privadas que contratan a uno o a otro en función de la indicación de un político”. Alberto Núñez Feijóo realizaba este jueves ante la prensa esta tipología del enchufismo al ser cuestionado respecto a su evaluación ética y política de las conductas que están saliendo a la luz tras el levantamiento parcial del secreto de sumario en la operación Pokémon. Esos enchufes en empresas concesionarias de la administración pública, menos graves para el presidente que los enchufes en la propia administración, fueron los que caracterizaron la puesta en marcha de una guardería en el barrio compostelano de Salgueiriños. Esto es, al menos, lo que consideran los investigadores de Vigilancia Aduanera.
Según un informe datado en septiembre de 2012, en el que el cuerpo que la jueza Pilar de Lara utiliza como policía judicial detalla sus investigaciones de meses anteriores, los investigadores detectan “presuntos delitos de blanqueo, fraude, uso de información privilegiada, prevaricación, soborno y otros” en la conducta de algunos de los presuntos líderes de la trama corrupta y de varios cargos municipales, políticos y funcionarios. En esa documentación, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, los agentes apuntan “concretamente” a los responsables de Vendex José María Tutor y Alberto Quintana y a dos funcionarios del ayuntamiento, quienes “a finales del mes de julio les ofrecen, haciendo uso de una información privilegiada”, el contrato para la gestión de la guardería. “Aun antes de que salga a concurso”, está “claro que la empresa (...) del grupo Vendex es, desde el primer momento, la adjudicataria del concurso”.
Siempre atendiendo a las conclusiones extraídas por los investigadores, la supuesta trama vistió de legalidad el procedimiento incluyendo en él a dos empresas más que, presuntamente, competían por el contrato. “Con el conocimiento y asentimiento de Tutor” y la “colaboración” de una de sus empleadas, explica el informe, le facilitaron al Ayuntamiento “los datos de las citadas empresas” y “realizan actos para que las mismas propongan u oferten peores condiciones, para que la adjudicación recaiga directamente, como ya está previsto aun antes de aprobarse el pliego de condiciones”, en Sermasa, una de las empresas del grupo. De este modo, “aparentemente” se cumplirían “los requisitos formales del procedimiento”, aunque la participación de otras compañías fuera fruto de la “manipulación y la simulación”.
Personal recomendado
Una vez encaminada la adjudicación a Sermasa, las escuchas telefónicas ordenadas por De Lara les permiten a los agentes concluir que el plantel fue seleccionado íntegramente por la vía del “enchufe”, esto es, lo que el propio Feijóo definió como “contratar a uno o a otro en función de la indicación de un político”. En este caso, los dos primeros enchufes llegarían a través de uno de los funcionarios presuntamente implicados, identificado como Xosé Manuel, quien los agentes “deducen” que “enchufó al menos a dos personas para que Sermasa las contrate” en la guardería, “presumiblemente en correspondencia con su actuación en el curso del procedimiento concursal”. Es en este punto en el que se produce, para Vigilancia Aduanera, la implicación del alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), y de la concejal de Educación, Rebeca Domínguez.
En agosto de 2012, explican los investigadores, “Tutor es recibido por el alcalde de Santiago” y, “por las conversas intervenidas (...), entre otros temas hablan del tema del personal a contratar por Sermasa”. Acto seguido, Domínguez “remite por correo electrónico a Alberto el currículo de su enchufada”, una persona que es la “apuesta número uno” de la edil para trabajar en la escuela. En los días siguientes “autoridades y funcionarios municipales concretan la entrega de varios currículos” más, que “Rebeca le tiene que enviar a Alberto”. No obstante, ese envío se ralentizó porque “Rebeca le dice” al responsable de Vendex que “el alcalde quiere revisar todos los currículos” y “donde hay patrón, no manda marinero”.
Aunque en los últimos días el propio Currás ha negado su intervención en esta selección de personal, las conversaciones están repletas de referencias en las que los responsables de Vendex explican, por ejemplo, que “Rebeca solo mandó a una chavala, y que esta y la del alcalde pueden ir a jornada completa y a las otras, que vienen de intervención y de otros sitios, se les explica que, de entrada, va a ser menos jornada”. Tanto José María Tutor como Alberto Quintana, dicen los investigadores, optan por no circunscribir las recomendaciones al gobierno municipal, y por eso “ofrecen también y concretan la posibilidad de emplear a terceros enchufados de la oposición política”, concretamente vinculados al edil del PSdeG Bernardino Rama, “en consideración al cargo o función que puedan desempeñar en el futuro próximo”, toda vez que “esto es cíclico” y “ahora están estos, pero después pueden estar otros”. El concejal socialista, comenta, “debió flipar” con la oferta “para emplear a su gente”.
Con toda la nómina de personal a contratar ya estructurada, Vigilancia Aduanera “observa” que “a la hora de establecer la jornada de trabajo se discrimina entre quiénes son enchufados por los de más arriba”, como el alcalde, “y otros que vinieron del Ayuntamiento” pero “no tan directamente de arriba”. Finalmente, los responsables de Vendex en Santiago “informan a Tutor de la finalización de las entrevistas con los enchufados y que los contrataron a todos”, además de “pedirles máxima discreción”, para que no “alardeen” de su recomendación. La escuela se inauguró el 17 de septiembre de 2012 con la presencia de, entre otros, Currás, Domínguez y Rama.