Guerra del viento en Galicia: el rural gallego se levanta contra un nuevo 'boom' de la industria eólica

A finales de marzo, los vecinos de la aldea de Santón, en el municipio pontevedrés de Lalín, descubrieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la empresa madrileña Green Capital Power tiene intención de levantar al lado de sus casas un megaparque eólico con 20 molinos de 125 metros de altura y líneas de cable suspendido pasando a pocos metros de sus viviendas. La sorpresa fue todavía mayor cuando, al hojear el estudio de impacto ambiental presentado al Gobierno central por la promotora, los 14 vecinos de esta aldea se enteraron de que, según Green Capital Power, Santón está deshabitado.

El megaproyecto en apariencia es uno, aunque oficialmente se divide en dos parques: Monte dos Porcallos y Val do Folgoso. Dos iniciativas gemelas, con 10 aerogeneradores y 56 megavatios (MW) de potencia cada una, cuya infraestructura acabaría afectando a los municipios de Lalín, Dozón, Rodeiro, Vila de Cruces y Silleda. “Si esto sale adelante, la gente dice que se va de la aldea”, asegura Xabier Santiso, un profesor de Biología, afectado por este parque, que teme que el proyecto eche también al traste el plan familiar de abrir una casa rural en Santón. “A ver quién se viene a pasar un fin de semana con esos molinos al lado”, ironiza.

Él, junto a otra treintena de vecinos, mantienen viva desde inicios de abril una plataforma contra estos dos parques que, en cuestión de un mes y con las prisas que imponen los plazos de la administración, logró reunir 2.200 alegaciones de particulares para entregar antes del 4 de mayo, el plazo límite fijado por el Ministerio de Transición Ecológica. Tanto el Ayuntamiento de Lalín como la Xunta dicen que también se posicionarán en contra de estos proyectos, aunque los vecinos no se fían. “El alcalde [José Crespo, del PP] dice que no sabía nada del parque y que él se opone, pero a nosotros no nos dio mucho apoyo en la recogida y registro de las alegaciones. Tenemos la sensación de que no están tan en contra como dicen”, afirma Santiso.

La historia de estos vecinos de Lalín se repite a lo largo y ancho de Galicia. Ya sea en A Baña, Laxe, Mazaricos, Outes o Rebordechao, decenas de pequeñas asociaciones ciudadanas han echado a andar en los últimos meses con la ayuda de organizaciones ecologistas como Adega o Verdegaia, o sindicatos agrarios como el Sindicato Labrego Galego, para frenar por la vía legal el avance de los aerogeneradores. Casi todas tienen su origen en ayuntamientos rurales y comparten la necesidad de aprender a marchas forzadas qué es eso de un estudio de impacto ambiental o los procedimientos administrativos para alegar contra un parque.

Galicia cuenta con más de 4.000 aerogeneradores distribuidos en 180 parques, de los cuales casi un tercio están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Fuentes de la Xunta aseguran que, a día de hoy, el Gobierno gallego está tramitando en torno a 50 nuevos parques. Esto no significa que los 50 vayan a ser finalmente autorizados, sino que se están estudiando los proyectos, su impacto ambiental o patrimonial, así como las alegaciones presentadas por la ciudadanía en la fase de exposición al público. En cartera, además, habría otras 200 nuevas solicitudes de parques, que esperan a que la Xunta compruebe si cumplen los requisitos mínimos para poder iniciar su tramitación, como probar que la promotora eólica tiene permisos de acceso a la red eléctrica o solvencia económica. 

Pero todavía hay más. La ley establece que la Xunta sólo tramitará los parques de menos de 50 MW de potencia mientras que los que superen ese umbral deben pasar el filtro del Gobierno central. Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica muestra en su página web un total de 32 parques en fase de trámite en Galicia, pero es difícil hacerse una idea de la situación general ya que algunos estos parques son retirados de la web en ciertas fases de la tramitación. El Observatorio Eólico de Galicia, dependiente de la Universidade de Vigo, estima que, en conjunto, los proyectos que ahora están en manos del Ejecutivo central podrían alcanzar los 3.000 MW de potencia, algo más de tres cuartos de la potencia eólica ahora instalada en la comunidad.

Una de las comarcas de Galicia afectadas por esta nueva ola de los aerogeneradores es la de Ordes, a medio camino entre las ciudades de A Coruña y Santiago. Desde los años 70, cuando aquí se instaló la central térmica de Meirama en medio de fuertes protestas vecinales, ha sido un ejemplo de lo que se conoce como “zonas de sacrificio”, áreas que sufren el impacto ambiental y social de infraestructuras necesarias para alimentar el hambre voraz de ciudades e industrias, en muchos casos lejanas. Meirama hace ya casi un año que no quema carbón, pero sobre el mapa de Ordes se proyectan a día de hoy buena parte de los más de 130 molinos de viento que, de recibir la luz verde de la Xunta, unirían prácticamente en un megaparque continuo los municipios de A Laracha y Vilasantar, a 40 km de distancia el uno del otro.

“La gente no está en contra de la energía eólica, pero sí de la falta de planificación y del modelo de desarrollo que promueve la Xunta”, asegura Leandro do Río, arquitecto y consultor de la plataforma vecinal Salvemos a Comarca de Ordes. Además del impacto paisajístico y ambiental en una zona de paso migratorio para muchas aves, a los vecinos de la zona les preocupa la distancia entre los aerogeneradores y las casas. El Plan Sectorial Eólico de Galicia de 2002 establece una separación mínima de 500 metros entre los molinos y las zonas habitadas, pero las dimensiones de estas torres no son hoy las mismas que las de hace 20 años. “Antes los molinos medían 60 metros y hoy hay proyectados algunos de hasta 200 metros de altura. Las distancias no pueden ser las mismas y deberían aumentarse proporcionalmente, como ocurre en países como Alemania”, asegura este arquitecto.

Las líneas de cables que conectan los molinos a la red eléctrica son otra de las grandes preocupaciones de los residentes en áreas donde se instalan los aerogeneradores. Precisamente en la comarca de Ordes se encuentra la subestación de Mesón do Vento, uno de los principales nodos eléctricos de la provincia que canalizaría la nueva producción eólica al resto de la red. Si los parques que tramita la Xunta saliesen adelante, muchos temen que sus municipios se verían invadidos por una tela de araña de torres y cables. “No existe una ordenación por parte de Red Eléctrica Española para hacer frente a lo que se nos viene encima, y por eso todos los meses aparecen nuevas líneas de evacuación de la electricidad”, apunta do Río.

Malestar entre alcaldes del PP

La fiebre eólica no solo está enfrentando al Gobierno gallego con movimientos ecologistas y vecinales tradicionalmente afines a la izquierda, sino que también está causando fricciones dentro del PP de Galicia, en concreto con algunos de sus alcaldes del rural. “La Xunta dice que cumple la normativa, pero es una normativa obsoleta, de hace 20 años, que tiene que actualizarse”, asegura Fernando Pérez, alcalde popular del municipio coruñés de Vilasantar desde 2011. En esta localidad, la Consellería de Economía tramita el parque eólico Abrente, de ocho molinos, promovido por Green Capital Power. No es la primera vez que la industria del viento se interesa por estos terrenos. Planes similares habían sido presentados en 2012 y en 2018, aunque finalmente quedaron aparcados. “Las empresas imponen su proyecto sin negociar con los vecinos. Aquí llegaron a presentarse planes que eran un corta y pega de otros ayuntamientos. Qué menos que identificar bien las zonas en las que te quieres instalar”, critica.

Normalmente, los propietarios de las tierras donde se van a asentar los parques eólicos, se enteran de que hay una empresa interesada en sus terrenos cuando ya se presentó el proyecto ante la Xunta y la solicitud fue admitida a trámite. De hecho, la admisión a trámite de un parque eólico en Galicia no requiere a día de hoy de ningún paso en el que participen las personas propietarias. “Somos un ayuntamiento agrario y algunos de los sitios donde se quieren instalar son zonas de paso para nuestros ganaderos. Siempre viene todo determinado desde arriba cuando lo que deberíamos tener es una planificación democrática y negociada”, remata Pérez, que desde su Gobierno local también ha presentado alegaciones contra el parque en nombre de los vecinos.

Un poco más al norte, pero no muy lejos de Vilasantar, siete parques eólicos que tramita la Xunta han llamado incluso la atención de la Unesco, a raíz de una denuncia de la bióloga y premio nacional de Medio Ambiente en 2003, Mónica Fernández Aceytuno, y la directora de la granja ecológica Casa Grande de Xanceda, Cristina Fernández-Armesto. Los aerogeneradores del parque de Legre, entre los municipios de Mesía y Oza-Cesuras y promovidos por Green Capital, y los seis parques proyectados por Galenergy y Greenalia en Monte Gato, repartidos entre Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, se ubican en plena Reserva de la Biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, lo que ha llevado a la agencia de la ONU a requerir un informe a la Asociación de Desenvolvemento Rural, la entidad que custodia este territorio protegido. Su presidente, que también es alcalde popular de Abegondo y exconselleiro de Agricultura durante el último mandato de Manuel Fraga, Manuel Santiso Miramontes, incluso solicitó en las últimas semanas al Ministerio de Transición Ecológica imponer una moratoria de los parques que tramita el Gobierno gallego en la zona para “revisar adecuadamente sus emplazamientos y características”.

Fragmentación de los parques

El de Monte Gato es un ejemplo de una práctica habitual entre las promotoras eólicas de Galicia: fragmentar grandes concentraciones de molinos en pequeños parques. Para colectivos vecinales y ecologistas, estas divisiones sólo buscan evitar sobrepasar potencias de 50 MW, lo que permite esquivar el control “más exhaustivo” del Gobierno central y las mayores exigencias técnicas que requieren los proyectos de mayor escala, sometiéndose sólo a la supervisión de la Xunta. Desde la patronal eólica, sin embargo, niegan la mayor.

“Los parques se dividen como quien planifica una urbanización de casas y las va levantando poco a poco. No hay más rapidez ni menos garantías por presentar cuatro parques en lugar de uno”, defiende el presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo.  A su juicio, de todos los proyectos en fase de tramitación de esta nueva fiebre eólica, tan solo una pequeña parte acabará teniendo autorización para instalarse, al no cumplir muchos de ellos con las garantías ambientales mínimas o, directamente, estar proyectados fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE), los polígonos que el Plan Sectorial Eólico de Galicia reserva para instalar molinos de viento. “Muchos de los parques que están generando problemas son simples consultas que hacen las empresas para sondear si es posible instalar aerogeneradores en una zona o no”, recalca.

Para Pazo, la apertura de nuevos parques eólicos puede ser un revulsivo para revertir el abandono del rural gallego. Las rentas que dejan los parques a los ayuntamientos y a los propietarios de los terrenos, dice, han ayudado a diversificar y aumentar los ingresos de muchas comunidades agrarias. Sin embargo, las negociaciones para la cesión de las tierras han estado en los últimos años en el centro de la polémica. En Galicia, la mayor parte se cierran con contratos de alquiler entre las promotoras y los propietarios particulares o las comunidades de monte comunal. La patronal eólica gallega asegura que en un 80% de los casos se llega a un acuerdo entre las partes, mientras que el 20% restante, se corresponde con expropiaciones.

Plataformas como la Rede Galega por un Rural Vivo, que aglutina a casi 50 asociaciones ecologistas y contra los aerogeneradores de toda Galicia, denuncian que las empresas del sector usan la amenaza de la expropiación como “palanca” para negociar precios a la baja con los propietarios. “Los promotores van a negociar con los paisanos y les dicen que o aceptan sus condiciones o los expropian”, asegura Carlos Penedo, uno de los portavoces de la Rede.

Muras, un molino por cada dos habitantes

Aunque la industria del viento también ve en estos parques un salvavidas para crear puestos de trabajo lejos de las ciudades, la realidad de algunos municipios en donde los aerogeneradores se implantaron de forma masiva hace años no es tan optimista. El caso más paradigmático es el de Muras, una pequeña localidad lucense de casi 700 habitantes en la que el boom eólico ya comenzó en los años 90. Hoy, cuenta con 381 molinos distribuidos en 20 parques distintos. Es el ayuntamiento de Galicia con mayor potencia instalada y, pese a ello, solo cuatro de sus vecinos trabajan para el sector eólico. “No tengo nada contra este tipo de energía, pero desde luego aquí no ha paliado el problema de la despoblación”, afirma el alcalde de la localidad, Manuel Requeijo, del Bloque Nacionalista Galego (BNG). “Cuando se construyen los parques sí se crea trabajo de obra civil y los restaurantes también lo notan por la presencia de operarios. Una vez acabado, todo eso desaparece”, recalca.

Durante los últimos 30 años, Muras no ha dejado de perder población, con excepción de 2020, cuando hubo un pequeño repunte. En todo ese tiempo, los vecinos de la localidad convivieron con la paradoja de estar rodeados de molinos mientras algunas de sus casas no tenían ni siquiera conexión con la red eléctrica. “Hablamos de 2015, cuando llegamos al Ayuntamiento, no de hace décadas”, apunta el alcalde. Hoy, el Gobierno nacionalista ha convertido a Muras en el municipio de España con el recibo de la luz más barato, al poner en marcha un programa de ayudas que financia con los ingresos que dan los parques a través del canon eólico, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto de actividades económicas (IAE). Con esta iniciativa, el ayuntamiento otorga hasta 600 euros al año a las familias de ingresos más bajos y, desde el pasado año, 1.500 euros a las empresas de la localidad para costear la factura eléctrica. “Pese a que son los vecinos los que sufren el ruido y el impacto visual de los molinos, hasta ahora los beneficios de producir esta energía no repercutían en su bienestar. Todo lo llevaban las eléctricas, que ni siquiera tienen sede fiscal en Galicia”, denuncia Requeijo.