Huelga contra el “acuerdo de la miseria” que condenará a la educación gallega durante años, a juicio de los sindicatos

El pasado día 11, la Xunta de Galicia preparó la escenografía de las grandes ocasiones. En una de las salas de la Cidade da Cultura -el complejo diseñado por el arquitecto Peter Einsenmann a las afueras de Santiago-, un panel y una mesa encargadas ex profeso anunciaban lo que allí se iba a firmar: “Acuerdo para la mejora del sistema educativo de Galicia”. Un pacto “histórico” sobre ratios de alumnado y número horas lectivas, algo que repitieron una y otra vez los participantes.

Para reforzar ese carácter, y aunque el conselleiro de Educación prácticamente ejercía como maestro de ceremonias, el encargado de estampar su firma sobre el documento fue el presidente gallego, Alfonso Rueda, lanzado ya en su precampaña electoral. Por la otra parte, tres sindicatos: CCOO, ANPE y UGT. Entre los tres suman el 41% de los delegados elegidos en las elecciones de 2022. Sólo el sindicato mayoritario, la CIG, presenta 5 puntos y 7 delegados más.

Sumado a las otras dos centrales que han secundado su convocatoria de huelga para este martes, STEG y CSIF -junto con la CUT, que no tiene representación-, quienes se oponen al que llaman “acuerdo de la miseria” representan a 6 de cada 10 docentes gallegos. Sin embargo, esta vez en la Xunta nadie habló de pacto de perdedores, ese argumento que tanto gusta a los defensores de la lista más votada.

Los huelguistas hablan de “negociación acelerada” para “dar carpetazo” a las demandas del profesorado y condenarlos a continuar en el “furgón de cola” del estado en cuanto a condiciones. El acuerdo recoge como punto principal la reducción de ratios a 20 alumnos por aula de forma paulatina desde 4º de Infantil (3 años) a partir del próximo curso, un proceso que finalizará en el curso 2032/33 con su implantación en 6º de Primaria. Sin embargo, pospone al entorno del año 2027, cuando finalice la aplicación en infantil, la negociación de descensos para ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En cuanto al horario lectivo, el acuerdo reducirá de 25 a 23 las horas de clase a la semana a partir del próximo curso en Infantil y Primaria. Los convocantes siguen considerando irrenunciable volver a las cifras previas a 2011, 21 en infantil y primaria y 18 en secundaria. Recuerdan que esa era una “condición inexcusable” de todas las centrales en los últimos comicios, pero que a la Xunta, con su propuesta, le han bastado “10 meses” para crear una “profunda brecha” en el movimiento sindical.

El documento firmado también recoge subidas en los sexenios y en los complementos por labores directivas y de tutorización, “la primera subida no lineal desde 1990”. Para los sindicatos, lo que realmente supondrá esa “elevación de sexenios por formación permanente” será un aumento de 5 euros al mes durante tres años. También les parece “insuficiente” el plan de reducción de cargas burocráticas de los profesores.

Los servicios mínimos convocados para mañana vuelven a la normalidad prepandémica y recogen la obligación de mantener abiertos los centros educativos y que haya una persona de dirección o alguien en que delegue para garantizar la apertura. Las organizaciones sindicales coinciden en que esos servicios mínimos “no deberían existir” ya que educación, desde la perspectiva laboral, “no es un servicio esencial”. Finalmente, las tres centrales han hecho un llamamiento a la “participación masiva” del profesorado en la manifestación que saldrá a las 12 horas de la plaza de Cervantes en Santiago y terminará ante la sede de Educación.

A la hora de valorar la convocatoria de huelga, la Consellería se ha remitido a lo dicho este fin de semana por su titular. Román Rodríguez señala a la CIG, a la que acusa de partir “de una postura de máximos a la que nos tiene acostumbrados” y afirma que “no se negocia con quien prácticamente no se sienta a negociar”. Insiste en lo “histórico” del acuerdo, “rubricado por tres de los cuatro sindicatos que forman parte de la mesa sectorial” tras el que destaca un objetivo: “mejorar la calidad educativa de nuestro sistema, ya de por sí muy buena”. Sus ventajas se podrán comprobar, según dice, a partir del próximo curso.