Investigar Angrois: ¿ahora tampoco toca?
Porque el Parlamento de Galicia “no tiene legitimidad”. Porque carece de “competencias”. Porque hace falta esperar por los resultados de las auditorías internas de Fomento, Renfe y Adif. Estos han sido algunos de los motivos aducidos por el PP en los últimos meses para vetar las investigaciones políticas sobre el accidente del Alvia en Angrois. Estas votaciones, en las que los socialistas en el Congreso y en la Cámara gallega optaron por abstenerse, se produjeron antes de que saliera a la luz, a través del periódico El País, que el jefe de maquinistas de Ourense advirtió a Renfe en 2011, casi 20 meses antes del accidente, de la peligrosidad de la curva de A Grandeira en la que se produjo el siniestro que acabó con la vida de casi 80 personas. Ahora, las peticiones de investigación vuelven a estar sobre la mesa.
Esta advertencia, incluida en la causa que instruye el juez Luis Aláez por el abogado del maquinista, señalaba entre las anomalías de la línea Santiago-Ourense el “brusco” descenso de la velocidad en la curva de Angrois. El responsable de los maquinistas de Ourense insistía en su escrito en que este cambio de velocidad se realizaba “sin aviso previo”, sin amparo del sistema de frenado más seguro, el ERTMS, y con una única señal que “de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya”.
Este informe puede ser determinante a la hora de repartir responsabilidades, toda vez que el propio presidente de Adif, Gonzalo Ferre, aseguró ante el Congreso que no había existido ninguna queja previa sobre la seguridad de la línea. “Podemos afirmar que el diseño [de la infraestructura] fue pacífico. También lo ha sido su explotación, ya que durante la misma no hemos recibido ninguna queja ni hemos recogido incidente ninguno en la zona”, aseguró ante la comisión parlamentaria que estudia las posibles mejoras en el sistema ferroviario del Estado.
Requerimientos judiciales y políticos
En este contexto, el juez acaba de exigir que Renfe aporte, en un plazo de tres días, “toda la documentación, de cualquier tipo”, referida a la comunicación del jefe de maquinistas, la cual, según declaró el presidente del ente público a la agencia pública EFE, sólo fue conocida hace un mes, en el transcurso de la investigación interna iniciada, precisamente, a causa del accidente de Compostela. “Sin duda ninguna –argumenta el juez– el aporte documental en el que el jefe de maquinistas de Renfe en Ourense advierte de la insuficiencia de la señalización para prevenir un accidente en la curva de Angrois como el ocurrido el pasado 24 de julio y propone la adopción de medidas para minorar o eliminar el riesgo tiene interés para la causa, como también el de cualquier tipo de documento que tenga relación con la cuestión que pueda encontrarse en poder de Renfe”, dice el auto.
Mientras la Justicia adapta sus pasos a este giro en el caso, en el ámbito político las exigencias de investigación no se han hecho esperar. Después de que, solo en el Parlamento de Galicia, el PP se haya negado por dos veces a abordar el asunto en una comisión, ahora AGE y el BNG la vuelven a pedir conjuntamente –no tienen escaños suficientes para hacerlo en solitario– porque “los datos que se van conociendo muestran claramente las deficiencias de las medidas activas y pasivas de seguridad”. A juicio del portavoz de Alternativa en materia de infraestructuras, Antón Sánchez, es necesario “depurar responsabilidades políticas”, toda vez que “había fallos en las medidas de seguridad y no lo quieren admitir”. “Ahora –abunda– los correos electrónicos del jefe de maquinistas de Ourense muestran que la curva tenía problemas y que hubo profesionales que avisaron de los mismos”.
Por parte del Bloque su portavoz, Francisco Jorquera, opina que el “revelador documento” del responsable ourensano “contradice” a los dirigentes de ADIF, “que en todas sus declaraciones insistieron en que no se había producido advertencia ninguna respecto a los déficits de seguridad en la línea”. El Parlamento, dice el Bloque, está “obligado a investigar” por ser la “máxima representación política del pueblo gallego”, y esta investigación es “perfectamente compatible con la que puedan y deban resolver tanto la administración ferroviaria” como los propios tribunales de Justicia. “Las personas afectadas por el siniestro y el conjunto de la ciudadanía gallega exigen y precisan conocer las causas del accidente y también la situación real de las condiciones de seguridad de la red de alta velocidad en la Galicia”, concluyen.
