Tras pasar 82 años en manos del dictador Francisco Franco y de sus descendientes, el Pazo de Meirás es accesible por primera vez como propiedad pública. Por el momento solo se podrán visitar los jardines. Este sábado un acto formal, encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio por inaugurada esta nueva fase, aunque los ciudadanos no podrán entrar hasta el 1 de julio a las zonas verdes y los primeros días van a estar reservados para las asociaciones de memoria histórica.
La propiedad del inmueble fue entregada al Estado en una histórica sentencia el pasado septiembre y las llaves cambiaron de manos tres meses después. En el interior del edificio siguen los bienes que fueron acumulando los Franco a lo largo de los años y sobre los que se tiene que volver a pronunciar la Justicia. Las administraciones implicadas recurrieron la decisión de permitir que los herederos del dictador sacasen “las cosas, bienes y objetos” del pazo, entre los que están dos estatuas del Mestre Mateo declaradas bien de interés cultural (BIC) y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. La Xunta empezó los trámites para darle la misma protección, que implica que es necesaria una autorización de la administración autonómica para sacarlos de Galicia. El propio inmueble está declarado BIC, lo que obligaba a la familia del dictador a abrirlo a visitas cuatro días al mes.
A la espera de las resoluciones definitivas, el Estado ha decidido reabrir los espacios exteriores. En el acto institucional Calvo estuvo acompañada de representantes de la Xunta -el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez- y de las administraciones locales implicadas -el alcalde de Sada, Benito Portela; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso-. A la comitiva la esperaban representantes de asociaciones de memoria histórica a las puertas del inmueble. La decisión del Gobierno central de impedir hace una semana que llevasen sus actos a los jardines de Meirás provocó malestar entre los colectivos, que recibieron a Calvo pidiendo “más actos y menos fotos”.
Antes de firmar el protocolo general para coordinar las actuaciones de las administraciones implicadas, la vicepresidenta primera se detuvo a hablar con el grupo de personas que estaban concentradas y, según recoge Europa Press, les agradeció su “impulso” y su lucha para que el Pazo de Meirás pasase a manos públicas. Defendió ante ellos la postura de que en los usos futuros de la propiedad se recuerde a las víctimas de la dictadura: “De lo que se trata aquí es de preservar la verdadera memoria de lo que ocurrió y lo que fue esto, la residencia de verano de un dictador, y en eso tenemos que seguir trabajando juntos”.
Uno de los manifestantes, Manuel Monge -histórico representante del movimiento memorialista y preso franquista-, destacó que las víctimas del franquismo desean “acabar con todo lo que quede de la dictadura”, lo que incluye devolver el pazo de Meirás y la Casa Cornide (A Coruña), “pero también la ley de amnistía”.