El juicio entre el Estado y los Franco por el pazo de Meirás comenzará en julio

El abogado del Estado Javier Suárez ha defendido la existencia de un “proceso coactivo” en relación a la adquisición del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), por parte de la familia Franco, en la vista previa del juicio, que comenzará el 6 de julio, según se ha acordado este viernes. Por su parte, el letrado de los herederos del dictador lo ha negado.

“Fue un proceso coactivo con una involucración muy importante de las admistraciones públicas”, ha expuesto Javier Suárez, en relación a las aportaciones dadas no solo por instituciones, sino también por particulares. Este argumento lo ha rechazado la parte demandada en la vista previa a un proceso judicial para reclamar el citado inmueble para el patrimonio público.

“Si fue más o menos voluntaria la aportación, no guarda ninguna relación”, ha dicho sobre un procedimiento en el que están personadas también la Xunta y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. Así, el abogado de los Franco ha calificado de “irrelevante el dato al objeto del presente litigio”, incidiendo, en una posterior réplica al letrado del Estado, en su postura. “Negamos que fuese coactivo”, ha sentenciado.

En la vista previa, en la que tanto la Abogacía del Estado como la representación legal de los Franco han rechazado la posibilidad de un acuerdo –que ya admitieron difícil antes de su inicio en declaraciones a los medios de comunicación–, se han suscitado debates en torno a los hechos controvertidos, especialmente sobre la escritura del año 1941 del inmueble. El abogado del Estado la ha calificado de “simulada” y el de los Franco ha defendido la legalidad de la misma.

En esta vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, se han rechazado, además, algunas de las alegaciones expuestas por las partes, entre ellas las de la familia Franco, pero también una de las que planteó el Estado en relación a las aportaciones hechas, en su momento, por más administraciones públicas a parte de la del Ayuntamiento de A Coruña, que sí admite la familia Franco.

“Donación” a un “Jefe de Estado”

Pese a ello, al término del acto celebrado este viernes, el abogado del Estado se ha mostrado satisfecho por el resultado. También ha asegurado, como expuso durante su intervención, que su posicionamiento en esta demanda pasa por alegar que la adquisición del Pazo fue “para un fin público” y por la condición de “jefe del Estado” de Franco. “No como persona física”, ha recalcado.

En su demanda, la Abogacía del Estado plantea también que fue el Ayuntamiento de Ferrol y no Franco quien abonó el impuesto de contribución, cuestión que se planteó en las alegaciones y que por parte de la jueza se admitió hacer el requerimiento necesario para que se aporte la documentación que conste a este respecto en el consistorio.

Por otra parte, el letrado ha sostenido que había una explotación de carácter agrario de la que se hacía cargo en determinadas cuestiones la Administración central y que se mantuvo vigilancia de la Guardia Civil hasta el año 1990, argumentos, junto a otros, expuestos para respaldar la reivindicación de que el inmueble pase al patrimonio público.

“Fue una donación como jefe de Estado”, ha insistido en su exposición el abogado, quien ha admitido que no afirman en su demanda que hubiese por parte del Estado “un pago como tal”. No obstante, se ha remitido a las aportaciones que, según ha recalcado, hicieron administraciones públicas y particulares en un “proceso coactivo”.

“Abandono” de la Administración

“Lo importante es que el dinero no salió ni del comprador ni de las arcas públicas, sino de particulares que no son parte”, ha expuesto, por el contrario, en relación a este proceso, la representación legal de la familia Franco, quien ha rechazado que fuese una “donación a un jefe del Estado”. “Que fue un regalo es verdad”, ha apostillado.

Mientras, ha dicho que, tras la muerte del dictador, hubo por parte del Estado un “abandono” del pazo, apelando, entre otras cuestiones, a la rehabilitación acometida por los herederos tras el incendio que afectó al inmueble. “Mis demandados han sido poseedores en concepto de dueños”, ha expuesto frente los argumentos de la Administración central.

Otra de las cuestiones que ha centrado parte de las divergencias ha sido la escritura de 1941, que el letrado del Estado –los abogados de la demás partes en la mayoría de los casos se han sumado a su exposición, con algunas incorporaciones– ha puesto en cuestión.

De “fraudulenta” para dar “una apariencia a favor de Franco y sus herederos”, la ha llegado a calificar. “Es un documento válido”, le ha replicado la parte demandada.

Testificales

En la vista, además de concretar las cuestiones relativas a la prueba documental y las alegaciones de cada parte, se ha decidido fijar el inicio del juicio para el 6 de julio.

Además, la jueza ha admitido todos los testigos propuestos por las partes, entre ellos vecinos de Meirás y autores de estudios sobre el proceso de adquisición del pazo, en este caso como testifical-pericial.

Por parte de la familia Franco, se ha pedido la testifical del que fue alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares; de Esteban Medina Mancebo, que fue secretario particular de la viuda de Franco, Carmen Polo, y de Luis Fernando Quiroga Piñeiro, suegro de una de las demandadas y uno de los gestores en las obras de rehabilitación del pazo.