Cofradías y organizaciones ecologistas han remitido al juzgado de Noia un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que se recoge, según indican, un “grave impacto” de los vertidos de la mina de San Finx en el ecosistema fluvial. El estudio, aseguran, confirma que las concentraciones de metales pesados aumentan después del punto de vertido y provocan toxicidad para los seres vivos.
En un comunicado, la cofradía de Noia explica que este informe ha sido realizado por un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Real Jardín Botánico, coordinado por el especialista en gestión de zonas húmedas Santos Cirujano, informa Europa Press. Se recoge una amplio estudio de análisis físico-químicos y biológicos en varios puntos a lo largo del cauce, con una monitorización de metales pesados tanto en el agua como en larvas de lamprea y musgos del río.
Este estudio, encomendado por la cofradía de Noia, “confirmó que los niveles de metales pesados aumentan exponencialmente después del punto de vertido, haciendo que el agua sea tóxica para los organismos acuáticos”, expone el pósito, que batalla judicialmente contra el permiso, concedido por Augas de Galicia -dependiente de la Xunta- para la actividad y el vaciado de las balsas de lodos. Dentro de otro proceso judicial abierto en relación con la mina ha sido citado como investigado un exdirector del área de minas del Gobierno gallego, Ángel Bernardo Tahoces.
El informe del CSIC apunta a una acumulación en las larvas de lamprea de algunos metales que “supera cientos de veces los máximos que impone la Unión Europea”, además de “niveles de cadmio que son 500% más elevados” en los musgos con respecto a los presentes en los ríos gallegos no contaminados.
Las cofradías de Noia y Portosín demandan la imputación de los nuevos administradores de la empresa y el director facultativo, después de que los anteriores propietarios australianos se deshicieran de la mina el pasado verano.
“Actualmente, la mina está controlada por una empresa fantasma de tan solo 3.000 euros de capital, vinculada a proyectos del empresario venezolano Serafino Iacono. Este dejó atrás varios proyectos polémicos de oro, gas y petróleo en Colombia, donde fueron acusados de fraude, prevaricación y violaciones de derechos humanos de la mano de paramilitares y narcotraficantes”, sostiene la cofradía en el comunicado.