“Galicia es una mina”, el lema empleado por la Xunta para difundir y defender la actividad minera en el país, va camino de hacerse realidad al pie de la letra. Eso es por lo menos lo que se deduce del Plan Sectorial de Actividades Extractivas (Psaeg) que el Gobierno acaba de presentar y que ahora se encuentra en período de tramitación y consultas. Supone, según denuncia Adega, “el último clavo que remacha y que permitirá a la patronal minera asaltar nuevos territorios hasta ahora vetados, como espacios naturales, paisajes protegidos, yacimientos o monumentos históricos”, dice en un comunicado.
Tal y como asegura el colectivo ecologista, este plan sectorial es el instrumento ad hoc que precisaban las nuevas explotaciones mineras que quieran situarse en todo tipo de suelo especialmente protegido. Es, según Adega, “el Plan de la Minería que le faltaba a la patronal” para completar la losa normativa de la que las empresas mineras disfrutan en Galicia para asentarse.
Así, recuerda que Feijóo y el consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, ya permitieron en la Ley del Suelo que las minas y canteras anteriores a dicha ley pudieran continuar su actividad si contaban con licencia municipal (todo tipo de suelo rústico). En el suelo rústico de especial protección de infraestructuras, costas, espacios naturales, protección paisajística y histórico-patrimonial, las minas y canteras anteriores a la ley 9/2002 también podían ser autorizados por el Consello da Xunta. Pero para nuevas explotaciones en cualquier lugar especialmente protegido se necesitaba un instrumento de planificación que llega ahora con este plan sectorial.
Adega destaca que la Cámara Minera dirigió la redacción de un documento en el que participó la consultora Eptisa, presidida por el ex banquero Ángel Corcóstegui y en cuyo consejo asesor figuró hasta hace año y medio Luis de Guindos. Para Adega, la Xunta “abre completamente con este plan el melón de la minería en todo el territorio gallego”, atendiendo “a las demandas de especuladores y multinacionales, que se frotan las manos con los elevados precios de algunos recursos mineros como el oro, el litio, el tántalo o el itrio. El Gobierno pretende aprobar ahora este plan ”camuflando sus intenciones bajo la magia de 'armonizar la actividad extractiva con el resto de los usos del suelo' y 'establecer las bases para el desarrollo de una minaría sostenible“.
Del mismo modo, la Xunta exalta la ley franquista de minas de 1973, que pone como ejemplo ambiental en el plan sectorial, además de alabar la mina de As Pontes, que es considerada “un ejemplo de restauración minera referente a nivel estatal”.
Para Adega, la Xunta sólo es “un títere” movido “por los hilos de la minería”, algo que dejaría claro en el documento de inicio del plan sectorial, donde se repite dos veces que el proyecto minero de Corcoesto ya fue declarado “proyecto industrial estratégico”, atendiendo a la Ley 13/2011 de Industria. No obstante, hasta ahora, el Ejecutivo gallego no hizo pública esta declaración, “ni hay constancia oficial en el DOG de que le hubiera concedido al proyecto de Edgewater en Cabana esta prebenda”.
AGE: “El plan sólo beneficia las multinacionales y la quien incumple la ley”
“Galicia será una mina para las multinacionales, y todo con el permiso de la Xunta. Por lo menos esa es la intención del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a través del Plan Sectorial de Actividades Extractivas”, asegura el diputado de AGE, Antón Sánchez, que cree que “con este plan, el Gobierno pretende convertir el país en un campo de minas”.
“Cualquier zona de Galicia, incluso si se trata de un espacio natural protegido o de un yacimiento arqueológico, es susceptible de ser agujereado y desaparecer para siempre jamás. Es totalmente inaceptable”, denuncia Antón Sánchez, que insiste en que el plan gubernamental actualmente en exposición pública “sólo se justifica para favorecer a los lobbies mineros y las multinacionales”. “Estos sólo ven en nuestro país un goloso y fácil negocio, un llegar y vencer que puede hipotecar de por vida nuestra capacidad productiva agraria, la salud de nuestros ecosistemas e incluso nuestras tradiciones y nuestra cultura”, afirma.
“Así sucede, por ejemplo, con el proyecto destructivo de Corcoesto, que lo citado plan de la Xunta califica de 'proyecto industrial estratégico' cuando se cimienta también en terribles irregularidades legales”, alerta, además de recordar que el plan de Feijóo tiene también como objetivo “legalizar actividades extractivas hasta ahora ilegales y realizar así un regalo para quien incumplió la ley y sigue operando sin licencias o autorizaciones autonómicas”. “La intención es facilitar las autorizaciones en zonas de suelo rústico protegidas, retirándole a los ayuntamientos la capacidad de ordenación para agilizar los trámites de este modelo colonialista de destrucción social y ambiental de nuestro país”, concluye Antón Sánchez. “Efectivamente, como dice el lema de la dirección general, Galicia es una mina”, ironiza Sánchez, “pero una mina para las trasnacionales canadienses”.