La Xunta regula su renta de inclusión social con tres años y medio de retraso

“La Xunta de Galicia, en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de esta ley, elaborará las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación”. La Ley de inclusión social de Galicia, aprobada a finales de 2013, fijaba un plazo muy concreto para la elaboración del decreto que debía concretar el procedimiento de tramitación de la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) y de las restantes ayudas de integración social. Sin embargo, el plazo fue totalmente incumplido durante casi cuatro años por el Gobierno gallego, que en febrero de 2017 adelantaba a Praza Pública que estaba “trabajando en la redacción” del decreto y que preveía “terminar los trámites necesarios a lo largo de este año”. Finalmente, la tramitación fue iniciada el pasado 21 de diciembre, abriéndose la pasada semana el plazo de envío de alegaciones. Aunque in extremis, la Xunta cumplió con ese objetivo de presentar el decreto antes de que concluyera el 2017. Llega, en todo caso, con tres años y medio de retraso.

En los últimos años, tanto desde los partidos de la oposición, como desde entidades sociales o asociaciones profesionales se viene reclamando la aprobación de esta normativa complementaria, que debe servir para resolver algunos de los problemas de gestión de estas ayudas, sobre todo los relativos a las dificultades en su tramitación, con una compleja burocracia, y a los errores de coordinación entre administraciones. El Gobierno gallego fue resolviendo estos defectos a golpe de parches e instrucciones administrativas, pero la Oficina de Dereitos Sociais de Coia denunciaba hace meses que la ausencia de un decreto provocaba “indefensión” en las personas que necesitaban acceder a estas ayudas criticaba que la Consejería de Política Social resolvía “los huecos” de la ley “a golpe de opacas instrucciones e interpretaciones restrictivas”. Y, de igual manera, la inexistencia del desarrollo normativo producía según la Plataforma en defensa de la Profesionalización de los Servicios Sociales (Proserso) “una desprotección total de las y de los potenciales beneficiarias y beneficiarios de RISGA y la no homogeneidad en las resoluciones de las diferentes áreas territoriales”.

La RISGA, un flotador para las situaciones más extremas

700 mil personas viven en Galicia en riesgo de pobreza y, entre ellas, 111.460 (más del 4% de la población) sufren una situación de Carencia Material Severa. La Renta de Inserción Social de Galicia (RISGA) busca dar respuesta a estas situaciones más extrema, proporcionando una ayuda mensual de 399 euros, que hoy reciben algo más de 11 mil solicitantes.

En los últimos años los retrasos en la concesión de la ayuda, de varios meses y en ocasiones de incluso dos años, fueron uno de los grandes problemas que tuvieron que afrontar las personas que solicitaban esta renta. Aunque es cierto que el problema de los retrasos ha ido mejorando, reduciéndose bastante en casi toda Galicia, existen notables diferencias entre unas y otras ciudades y delegaciones territoriales y, por ejemplo, los problemas en Vigo son prácticamente los mismos que hace unos años, con retrasos de casi un año en las concesiones.

También fue incrementada la partida presupuestaria destinada por la Xunta, lo que permitió llegar a más demandantes. La cantidad de la que se dispone en Galicia sigue en todo caso muy por debajo de la de otras comunidades y, sobre todo, está a mucha distancia de la que existe en Euskadi y Navarra, que en esta cuestión son los grandes referentes en el Estado. Lo que nunca cambió fueron los problemas de coordinación entre administraciones, incluso entre las propias consejerías de Política Social y Trabajo. Y tampoco las dificultades burocráticas, motivadas en parte por la ausencia de directrices e instrucciones claras sobre los requisitos y documentación necesarias para aprobar la concesión de la ayuda.

También se subrayaba que esta ayuda no era capaz de dar respuesta a los nuevos perfiles de pobreza, conformados como por ejemplo por personas que sí trabajan, pero con condiciones muy precarias y no a jornada completa o de manera continuada, personas que no ingresaban el mínimo necesario para vivir con dignidad pero que no podían acceder a la RISGA, porque esta ayuda sólo se dirigía a las personas sin ingreso alguno. Tampoco la RISGA ayudaba a solucionar los problemas de alojamiento, pues el complemento de alquiler previsto era equivalente al 10% del IPREM (situado hoy en los 537 euros), es decir, de poco más de 50 euros al mes. Y, de igual manera, llevaba en ocasiones a situaciones casi esperpénticas, obligando a abandonar su vivienda a personas perceptoras de la RISGA que estaban a compartir precisamente por sus dificultades económicas, como una forma de ahorro.

Estas son las cuestiones que las entidades sociales y profesionales gallegas, de trabajo social y de lucha contra la pobreza, están a estudiar esta semana, de cara a la presentación en las próximas semanas de alegaciones y sugerencias. El decreto podría -a la espera de la valoración concreta que realicen- ayudar a solucionar los errores de coordinación y dificultades burocráticas. En todo caso, hay algunos aspectos que de momento no van a cambiar, comenzando por la propia cuantía de la prestación, que seguirá rondando los 400 euros, muy lejos de los 665 que se pagan en el País Vasco o de los 548 euros de Navarra.

Alegaciones “masivas” al decreto

Desde la viguesa Oficina de Dereitos Sociais de Coia se muestran muy críticos con la RISGA y su aplicación, y la entidad anuncia que la próxima semana pondrá en marcha una campaña invitando a a entidades y personas de toda Galicia a que presenten alegaciones al decreto. Esta alegación “masiva” no estará centrada tanto en “aspectos técnicos del decreto” como “en el objetivo de visibilizar que la RISGA es simplemente una limosna social que no sirve para combatir una situación de empobrecimiento que cada año crece más”. “Lo que exigimos frente a sus limosnas son derechos fuertes y, en concreto, una renta básica de las iguales”, explica Diego Lores. “¿Piensan que una persona puede vivir con dignidad con 399 euros al mes?”, se pregunta.

Lores comenta que la situación de pobreza y desigualdad en Vigo no ha mejorado en los últimos tiempos, y que tampoco lo han hecho los retrasos en la concesión de la RISGA (“de 10 o 11 meses en muchísimos casos”) o para simplemente tener una cita con los servicios sociales en la ciudad. “Frente al discurso que nos venden de que ya se ha superado la crisis, la realidad que vemos en el barrio es que hay mucha gente que está peor: una familia va a ser desalojada en las próximas semanas, a otra mujer con dos niñas se le termina ahora el contrato de alquiler y se va a quedar en la calle”, dice, y concluye que “la cosa no ha mejorado, e incluso ha empeorado, porque en estos casos el paso del tiempo hace más complicadas las situaciones de necesidad”.