El personal de Justicia en Galicia ya ha perdido casi un millón de euros en sueldos durante la huelga indefinida
La huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia cumple su decimotercera jornada efectiva con más de 7.000 juicios suspendidos y unos 20.000 procedimientos aplazados. “Sin novedad ni avance alguno” desde que rompieran las negociaciones el pasado martes, Gobierno y sindicatos continúan enfrentados. Feijóo advierte de que no habrá nueva oferta económica y censura el “tic antidemocrático” de los representantes de los trabajadores por reclamar que el director general de la Función Pública, José María Barreiro, abandone la mesa de negociación. El comité acusa al presidente de “mentir” y “falsear” datos y avisan de que la “respuesta” llegará este próximo sábado en forma de manifestación en Compostela.
Tal y como relatan fuentes del comité de huelga, fue la supuesta alusión de Barreiro al “ahorro” que la Xunta está experimentando en sus gastos al no tener que pagarle al funcionariado en huelga el dinero que se le descuenta por sumarse al paro una de las cosas que más ha molestado a los trabajadores, además de la recomendación de “marcharse fuera” y presentarse a un concurso de traslados a otra autonomía si no están conformes con sus condiciones económicas en Galicia.
Según los datos que aportan los representantes del personal, cada uno de los que secunda la huelga ve descontada su nómina en unos 67,5 euros de media y por día de paro, en una franja que va desde los 62 euros de recorte de unos funcionarios y los 73 de otros, dependiendo de su labor.
Atendiendo a los datos oficiales de seguimiento que ofrece la Xunta --mucho menores de los que dan los sindicatos--, son alrededor de 1.050 los funcionarios que secundan el paro cada jornada desde el pasado 7 de febrero. Son, toda vez que el martes de Carnaval fue festivo en muchas localidades y que el miércoles siguiente no fue laborable en Pontevedra, unas 12.000 jornadas afectadas por el descuento por huelga. Por tanto, un mínimo de 810.000 euros los que han dejado de cobrar estos funcionarios hasta este jueves, cantidad a la que habría que añadir la rebaja aplicable a la parte proporcional de las pagas extras: cerca de 1 millón de euros. Entre 810 y 743 euros deducidos a cada huelguista desde que comenzase la protesta hace más de dos semanas.
Los forenses del Imelga se unen a la huelga
Por otra parte, la movilización sigue acumulando apoyos entre el funcionariado y trabajadores del sector de la Justicia. Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) han remitido un escrito dirigido a los representantes sindicales en huelga para informarles de que han acordado “por amplia mayoría” secundar el paro.
Los médicos forenses del Imelga de la Subdirección de Santiago advierten de que son conocedores de las reclamaciones por parte de los sindicatos a la Dirección General, “manteniendo de forma activa el seguimiento de las negociaciones”. “Nos sorprendía que no figuraran en las reclamaciones las condiciones laborales de nuestro colectivo, siendo nosotros parte de los trabajadores transferidos a la Administración de Justicia y afectados por cualquier negociación en este ámbito”, remarcan.
Así, añaden que fueron conocedores de la mención de los médicos forenses dentro de las negociaciones. En concreto, este pasado martes trascendió que la Xunta ofertaba para este colectivo una subida retributiva de 100 euros al mes, aplicable en dos anualidades (2019 y 2020). Después de las reuniones realizadas por el personal de la Subdirección, apuntan que se acordó “por amplia mayoría” secundar la huelga, con una cadencia de “dos días por semana” y “respetando los servicios mínimos”.
En la jornada de este viernes, por otra parte, funcionarios de Justicia se han manifestado en varias dependencias de Galicia montando colas para solicitar la dimisión de José María Barreiro o, como en el caso de A Coruña, en la Delegación del Gobierno, con maletas de cartón en la mano, reclamando a la Administración que convoque un concurso de traslados para “emigrar” como protesta simbólica para denunciar la “discriminación económica” que dicen sufrir con respecto a otros territorios del Estado.
