“Los sacaron de su chabola para meterlos en un ataúd”. Antón Bouzas es el coordinador de la asociación Os Ninguéns (Los Nadies), un colectivo vigués que lleva ocho años luchando contra las causas de la pobreza y su estigmatización. Para él, hoy es un día “terrible”. Conocía a Rosana -“una mujer súper responsable”- y a Ezequiel, Aldara y Sara, los pequeños fallecidos en un piso que se presentaba como su refugio ante la intemperie. También a su pareja y a la pequeña que los bomberos rescataron por la ventana del cuarto piso.
Como varias generaciones de su familia, Rosana procedía del poblado de O Caramuxo, en el barrio de Navia, “el más joven de la ciudad” y hacia donde se expande la urbe. Allí, en 2019, se levantaba una treintena de chabolas. En aquella parcela de 31.000 metros cuadrados, la empresa Global Fitness Sport quería levantar un complejo administrativo y deportivo. Pero, para eso, los chabolistas sobraban.
Ahí empezó la lucha del colectivo para quedarse en los que habían sido sus hogares durante los últimos 30 años; algunos, incluso habían nacido allí. En un primer momento, la jueza ordenó el desalojo pero poco después lo paralizó, al tiempo que reclamaba a la administración una “solución urgente” ante la “situación de vulnerabilidad” en la que quedaban las familias. Los chabolistas, a su vez, solicitaban alquileres sociales que los librasen de quedarse en la calle. Llegaron a manifestarse ante el ayuntamiento para demandarlos.
A partir de ahí, recuerdan desde Secretariado Gitano -una de las entidades que participó en el proceso de “acompañamiento”-, comenzó la búsqueda de realojo. Primero, una solución transitoria; después, más difícil, algo definitivo. “No todas las familias pudieron acceder a vivienda normalizada”. Muchos lo hicieron en los conocidos como Pisos del INEM, incluida -cuentan los vecinos- la madre de Rosana. Ella no. Para los que resistieron, los que tardaron más en abandonar O Caramuxo, ya no encontraron hueco, y eso que en el barrio “hay mogollón de pisos vacíos”.
Desatendidos por la Administración
“No hay un programa de vivienda donde recolocarlas”, confirma Ana Pardo, presidenta de turno de la Rede Galega contra a Pobreza y portavoz de Provivenda. Y en el mercado privado, además de precios inaccesibles para personas en la extrema pobreza, las que pertenecen a la etnia gitana se encuentran una dificultad aún mayor: el racismo. “Sufren un estigma. Incluso, cuando las inmobiliarias o los propietarios, con los que hemos hecho mucho trabajo de concienciación, no ponen problemas para alquilarles un piso, son los vecinos los que presionan”.
No importa que sean familias modélicas, como la de Rosana, algo en lo que coinciden tanto los vecinos como los servicios sociales donde tenían su “historia abierta”. Los pequeños acudían tras las clases a un servicio de apoyo en un centro de día de Aldeas Infantiles que desarrollaba ese programa para la Xunta de Galicia. Nunca se les consideró en situación de desamparo, precisamente, por la actitud de sus padres. “Se desvivían por ellos”, recuerdan en el barrio. Pero estas medidas no son más que parches cuando no se tiene garantizado un hogar digno.
“¿Dónde está la vivienda social que necesitamos todos? Hablamos de okupación, pero no hablamos de vivendas sociales, ¿verdad?. Hablamos de policía, pero nadie nos ayuda...”. El grito desesperado de una vecina se colaba en directo en la TVG tras la comparecencia del delegado del Gobierno. La mujer clamaba porque los agentes se habían presentado en el fuego sin extintores o porque “sólo vinieron tres ambulancias para treinta vecinos” (hubo otras, pero tardaron más de 40 minutos), aunque el núcleo de su mensaje estaba claro: en esas largas horas en las que los medios habían tomado la calle Alfonso X, la palabra “okupación” unida a la tragedia había sonado demasiadas veces. Otra residente recoge ese malestar: “Quisieron sacar a sus hijos de la chabola y la administración los dejó a un lado. Como no les dieron un alquiler, se buscaron la vida como pudieron. No entraron en casa de nadie: se buscaron un edificio abandonado, sin agua ni luz”.
“Las personas empobrecidas buscan siempre edificios de este tipo: abandonados por el propietario y las instituciones y en los que no se exigen normas de seguridad”. Por eso, lo que Bouzas se pregunta es “¿cómo vivían esos niños antes de morir, rodeados de peligros, de humedades, de basura?”. Una condición que compartía la treintena de habitantes del inmueble. La Xunta era conocedora de la situación de los pequeños, el Ayuntamiento de Vigo, también.
Para Antón Bouzas, lo de menos es que el incendio pueda haber sido provocado. “Eso no importa, ese edificio era un polvorín. No se puede consentir que la gente viva en esas condiciones en una ciudad tan rica como es Vigo”. Por eso, concluye, contundente aunque sin elevar el tono: “Que esos niños y esa madre hayan muerto en esas condiciones es culpa del ayuntamiento y de la Xunta, por mirar hacia otro lado”.