Nuevo revés para la Xunta: el Constitucional mantiene suspendidos varios artículos de su ley del litoral

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de varios preceptos de dos leyes gallegas que afectan a la protección de la costa. En ambos casos, estos apartados dejaron de aplicarse a finales de 2023 a petición del Gobierno. El propio tribunal recuerda que, pasados cinco meses, debe revisar las decisiones si no hay una resolución definitiva aún. Con estas dos normas gallegas ha decidido mantener las medidas para la mayor parte de las disposiciones.

La ley del litoral que el Parlamento gallego aprobó en 2023 fue recurrida por el Gobierno central porque consideraba que había una invasión de competencias del Estado. En noviembre de ese año el Alto Tribunal comunicó que quedaban suspendidos 31 preceptos. En esta revisión se retiran cuatro de ellos porque el Ejecutivo estatal no pidió que se mantuviese la suspensión. El Constitucional señala que en su decisión ha tenido en cuenta que “la salvaguarda del interés ecológico y medioambiental merece la condición de interés preferente, dada la fragilidad e irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de su perturbación”.

También se mantiene la suspensión de varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas -conocida como ley de acompañamiento y que se aprueba junto con los presupuestos- de diciembre de 2022. Inicialmente se habían paralizado los artículos 10 y 11 y una disposición transitoria. En la revisión, el Constitucional mantiene la medida para el apartado 1 del artículo 10 y para el apartado 1 de la disposición transitoria primera. Estos eran los textos más problemáticos porque fijan un plazo de 15 años para actuar contra construcciones ilegales en la costa. La legislación estatal no establece ningún tiempo máximo a partir del cual no se pueda intervenir en estos casos.

En su razonamiento para extender la medida, el Constitucional asegura que “de no mantenerse la suspensión de estos preceptos, podría producirse la consolidación de situaciones jurídicas irreversibles o difícilmente reversibles que causarían perjuicios a los valores naturales y paisajísticos de la costa gallega”. Toma en consideración, agrega, “la necesidad de salvaguardar el medioambiente”.