El Constitucional suspende la ley gallega que limitaba la capacidad para actuar contra construcciones ilegales en la costa

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dejar en suspenso dos artículos (10 y 11) de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma del presente año. El tribunal de garantías ha atendido la reclamación presentada por el Gobierno central al entender que esos dos artículos suponen una vulneración de las competencias estatales en materia de gestión del espacio marítimo terrestre. Los preceptos que ahora quedan suspendidos planteaban un límite para que las administraciones pudiesen actuar contra las construcciones ilegales en la costa y lo fijaba en 15 años. La legislación estatal, sin embargo, no fija ninguna limitación temporal y abre la mano a actuar contra estas construcciones en cualquier momento.

El Constitucional tiene pendiente abordar otro recurso sobre la misma materia, el presentado por el Gobierno contra la Lei do Litoral de Galicia. Los motivos planteados en el recurso del ejecutivo de pedro Sánchez son similares: se entiende que la Xunta hace suyas competencias que no le corresponden. Este último debate aún no ha sido abordado por el TC, contrariamente a lo que se aseguró por error en una versión anterior de esta información.

Privilegios para el infractor

El recurso de Moncloa ante la ley gallega que regula el litoral discute hasta 31 artículos de ese texto que “reducen indebidamente el nivel de protección” de la costa y que atribuyen a la Xunta de Galicia competencias que no están recogidas en su Estatuto de Autonomía. El TC tiene previsto abordar su tramitación a la mayor brevedad. No es la primera vez que el Constitucional recibe consultas por los intentos del Gobierno gallego de desproteger el espacio marítimo terrestre. En junio de este año un juez de Pontevedra se dirigió al alto tribunal para pedir una aclaración sobre una norma gallega, aprobada unos meses antes, que limitaba a 15 años la capacidad de las administraciones para actuar contra construcciones ilegales frente al mar.

La Ley de Costas, de ámbito estatal, nunca fijó un plazo determinado para hacerlo. En su escrito al Constitucional, el juez de Pontevedra aseguraba: “No es difícil deducir que dicha norma autonómica tiene como única finalidad la de beneficiar a quienes han infringido la Ley de Costas en la zona de servidumbre de protección del litoral gallego, otorgándoles un privilegio singular frente a los que cometen la misma infracción en el resto del litoral español”. La consulta del juez de Pontevedra se refiere a la normativa gallega que este martes ha quedado parcialmente suspendida.

En esa línea de favorecer a los infractores se posicionaba este sábado el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en un artículo publicado en el diario La Voz de Galicia bajo el título “No nos entienden, no: un recurso contra la Galicia del mar”. En ese texto se pueden leer cosas como la siguiente: “Si le preguntamos a cualquier vecino de una localidad costera de Galicia con qué administración no querría tener relación, a buen seguro que una de las más nombradas sería Costas. Citar la Ley de Costas en estos espacios supone ponerse a temblar. La Xunta está convencida de que no debería ser así”.

Guerra política

La pelea sobre la creación de un marco legal propio para gestionar los espacios costeros de Galicia es algo en lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva trabajando desde 2022. En septiembre de ese año Rueda anunció su intención de aprobar una ley autonómica para gestionar la franja costera de la comunidad. Lo hizo a sabiendas de que su pretensión colisionaba con la postura del ejecutivo central que consideraba que, para llegar a ese fin, Galicia debería pactar una reforma de su Estatuto de Autonomía donde dotarse de competencias de las que carece. Ahí empezó una guerra que llevó al Gobierno de la Xunta a explicar alguno de sus planes como el de apoyar la instalación de hoteles en edificios ya construidos en primera línea de playa. A principios del pasado mes de julio el PP usó su mayoría absoluta para aprobar su nueva ley.

Cuando el Gobierno central decidió recurrir ante el Constitucional llegaron las sorpresas. El Gobierno de la Xunta y el Partido Popular no tardaron calificar la decisión adoptada por Pedro Sánchez como un ataque a la comunidad autónoma, sin llegar a valorar en ningún momento la posibilidad de que el Constitucional pudiera darles la razón a ellos y no a quien presenta el recurso.

Entre los argumentos de la Xunta hay uno que no tiene desperdicio y que se refiere a la existencia de un informe del Consello Consultivo de Galicia favorable a la norma. Dicho en otras palabras, el PP opina que si el órgano consultivo gallego dice que una ley es correcta el Constitucional ya no tiene vela en ese entierro. Huelga decir que los magistrados del Consello Consultivo son elegidos por el presidente de la Xunta y por un Parlamento en el que el PP tiene mayoría absoluta.

Otro de los argumentos deslizados por el Partido Popular en estos días tiene un matiz más oscuro. Es el que acusa al Gobierno de haberles ocultado el informe del Consejo de Estado que acompaña el recurso presentado por Moncloa. Ese informe llegará a manos de la Xunta cuando el recurso sea admitido a trámite y la Xunta pase a ser parte del procedimiento.

CORRECCIÓN

En una anterior versión de esta información se informaba por error de que el Constitucional había suspendido este martes la lei do Litoral de Galicia cuando no es así. Ese texto está aún en la bandeja de entrada del tribunal de garantías a la espera de que se debata su admisión a trámite y, consecuentemente, la suspensión cautelar de 31 de sus artículos.