Los inspectores de servicios sociales de Galicia acusan a la Xunta de estar filtrando las fechas de sus controles en las residencias de la comunidad. “La conselleira Fabiola [García, la titular de Política Social] permite que las visitas de las inspecciones se conozcan de antemano en las residencias”, dicen en una denuncia, adelantada por Praza.gal, que ha levantado polémica y que ha llevado al Gobierno gallego a negar que esté pasando esa información a los centros y a los grupos políticos de la oposición a exigir una investigación interna.
No es la primera vez que se denuncia que en algunos centros es evidente que se conoce con antelación que va a haber una inspección. A finales de 2020, cuando la pandemia, que causó estragos entre los residentes de estos centros, sumaba muertos a diario en Galicia, una protesta en Vigo trasladaba el relato de trabajadores de residencias que aseguraban que los responsables daban instrucciones específicas antes de una visita y que en la propia fecha organizaban las tareas para que estuviese todo el personal presente. Ahora, la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS) explica en un comunicado que hace seis meses se alarmaron con otras informaciones en el mismo sentido publicadas en medios gallegos y con las advertencias de trabajadores de algunos centros y se pusieron en contacto con la Consellería.
En una reunión con la Secretaría Xeral Técnica, relatan, pactaron un cambio en el sistema para fijar las citas: cada inspector pasaría a tener asignada una lista de centros y la decisión del día y la hora en la que haría una visita la tomaría en solitario y no la comunicaría hasta el mismo momento de acceder a las instalaciones. Sería entonces cuando la pondría en conocimiento de la jefa de servicio responsable de cada área. El objetivo, dice la AGISS, era “garantizar la máxima confidencialidad de la actuación inspectora”.
Pero en julio de este año se comunicó, “sin aclarar los motivos de la decisión y sin justificación alguna” que este modelo dejaba de aplicarse y se recuperaba el método de que la jefa de servicio programase las visitas y que luego las autorizase la subdirectora de Autorización e Inspección. De este modo, se sabe con una semana de antelación cuándo se hará un control y la información, dicen los inspectores, es accesible para otros cargos de la Consellería. Con las filtraciones de las que acusan al equipo de Política Social, las residencias pueden “tapar” temporalmente irregularidades e ilegalidades para que no sean detectadas y burlar el sistema de supervisión, exponen.
“Resulta curioso que de alguna filtración fuese acusada la propia conselleira, a la que, como a muchos otros cargos de libre designación o de personal de confianza, les llega con mucha antelación el programa de visitas, por lo que se puede filtrar la fecha y la hora”, agrega la AGISS, que considera que haber recuperado el sistema anterior hace peligrar el requisito de que las visitas se hagan sin previa notificación. Esto “supone una falta de garantía jurídica interesada”. La asociación critica la “falta de interés de la conselleira y de su secretaria xeral por garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales” y les atribuye una intención de “desvirtuar la inspección y favorecer a las entidades que se lucran de los resultados de la inoperancia de los responsables de Política Social”.
Críticas de la oposición
La Xunta ha negado que filtre las fechas de las inspecciones. “Se trata de unas acusaciones muy graves que carecen de absoluta veracidad y que, además, a pesar de su gravedad, se hacen sin ningún tipo de prueba. Esto es así porque no la hay, ya que las afirmaciones que aparecen en el documento son completamente falsas”, manifestó Política Social en una respuesta recogida por Europa Press. “No se da ningún tipo de aviso a la dirección de los centros”, insistió la Consellería, que argumentó que sigue habiendo sanciones, algo que sostiene que no ocurriría si se diese información previa de cuándo habrá un control“.
Los dos grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia han reaccionado exigiendo una investigación interna inmediata a la Xunta. La diputada del BNG Olalla Rodil consideró que la denuncia es “gravísima” porque supondría “una vulneración de la ley y un intento por obstruir, por obstaculizar desde el propio Gobierno de la Xunta la labor de los servicios de inspección”. “Es escandaloso”, dijo y pidió depurar las responsabilidades que se determinen tras la indagación.
El PSdeG ha registrado, al igual que el BNG, una iniciativa para arrancar de forma inmediata la investigación. “El Gobierno gallego tiene la obligación de informar a la Cámara para aclarar estos hechos tan graves”, reclama. Están “en juego” los derechos de quienes viven en una residencia y se da “una competencia desleal” con respecto a los centros que sí cumplen las normas. Los dos partidos piden también un incremento del personal y los recursos para el trabajo de inspección.