La Xunta pagó durante más de una década el alquiler de la vivienda del fiscal jefe de Ourense
La Xunta pagó desde 2004 y durante más de una década el alquiler de la vivienda del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que siguió ocupando el piso sin asumir su pago cuando, tras varios avisos, el Gobierno gallego dejó de hacerlo en 2016. La información, adelantada por El País, que señala que el fiscal sigue ocupando la vivienda, la confirma documentación a la que también ha tenido acceso este diario y según la cual no fue hasta el pasado año cuando el propietario del inmueble reclamó judicialmente los retrasos a la Xunta. Ésta contestó al juzgado rechazando asumir el coste “si lo que existe es un pacto tácito” entre fiscal y propietario para prolongar la situación a costa de la administración autonómica. Según El País, el fiscal no ha querido explicar la situación y se ha remitido al proceso judicial en marcha.
El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en el cargo desde 2004, se querelló hace unos meses contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una anciana para que abandonase su vivienda de renta antigua propiedad de la administración autonómica. Según reveló El País el mes pasado, la Fiscalía General del Estado abrió también una investigación tanto a Delgado como al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, por abuso de autoridad al tramitar un expediente relacionado con una denuncia de una concejala socialista que afectaba al exalcalde ourensano del PP Manuel Cabezas.
En el caso de la vivienda del fiscal, según el escrito con el que la letrada de la Xunta dio respuesta el pasado septiembre a la demanda presentada meses antes por el propietario del inmueble, en diciembre de 2004, siendo Manuel Fraga presidente, el Gobierno gallego firmó un contrato por cinco años, hasta diciembre de 2009, para pagar el alquiler de un piso en Ourense para el fiscal jefe de la Audiencia de esa provincia.
Según la Xunta, la decisión de alquilar en diciembre de 2004 por 890 euros al mes más IVA ese piso como vivienda para el fiscal, que había llegado al cargo desde Ciudad Real un mes antes, se debió “a una actuación coyuntural realizada por la administración autonómica con ocasión de la política de fomento que entonces se mantenía para facilitar la cobertura de determinadas plazas en la administración de Justicia en Galicia”. El piso se encuentra en pleno centro de Ourense, a 400 metros de la Audiencia Provincial.
Las viviendas existentes previamente en los propios edificios judiciales ya habían desaparecido pero se decidió mantener esa “ventaja” para el fiscal de Ourense a través de un alquiler externo. Según dice la letrada autonómica, el propio plazo inicial de cinco años de aquel contrato “demuestra el carácter temporal de la ventaja otorgada”.
En septiembre de 2007, durante el gobierno autonómico bipartito de PSdeG y BNG, la Xunta comunicó a la propiedad del inmueble su decisión de resolver el contrato a finales de ese mismo año indicándole que las llaves del piso quedarían a su disposición en una oficina de la administración autonómica en Ourense. Pero eso no pasó. Un año después, en diciembre de 2008, el propietario reclamó a la Xunta por la vía administrativa el pago del alquiler de ese último año “debido a la falta de entrega de las llaves, por seguir ocupado el inmueble por el titular de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia de Ourense”.
En julio de 2009, ya nuevamente con el PP en la Xunta, el Gobierno gallego admitió esa reclamación del propietario, consideró que el contrato seguía vigente y le pagó los retrasos. En febrero de 2010, mes y medio después de finalizado el plazo original del contrato de cinco años, la Xunta “dirige escrito” al fiscal “en el que se pone en su conocimiento que en fecha 31 de diciembre de 2009 finalizó el plazo de duración pactado del contrato de arrendamiento” de la vivienda que venía ocupando “requiriéndole para que proceda al desalojo del inmueble a la mayor brevedad posible, con entrega de las llaves”.
El siguiente paso del que da cuenta la Xunta es de un año después, cuando en enero de 2011 el propietario le reclama nuevamente al Gobierno gallego retrasos en el pago del alquiler del año anterior. A pesar de esa situación, la Xunta, según el relato que su letrada presentó en el juzgado, no vuelve a actuar hasta cinco años después, cuando en junio de 2016 remite un nuevo escrito al fiscal informándole de que “pese a haber sido requerido con anterioridad en varias ocasiones, no ha procedido a abandonar la vivienda”, por lo que “se le requiere de nuevo para que proceda a desocuparla y a hacer entrega de las llaves a la Administración”.
Según la Xunta, “esta actitud por parte de quien en la actualidad ocupa la vivienda denota una negativa manifiesta del mismo a abandonarla, por cuanto no solo tuvo conocimiento de la voluntad de la Xunta de no continuar con el contrato de arrendamiento celebrado en su día, sino que ya era conocedor de que el contrato finalizaría en la fecha de 31 de diciembre de 2009”.
Al tiempo que se volvió a comunicar con el fiscal, la Xunta también se dirigió al propietario informándole de su intención de extinguir el contrato el 31 de agosto de ese 2016, cuando dejó de pagar el alquiler. Sin embargo, un mes después, el propietario presenta una nueva reclamación administrativa a la Xunta insistiendo en que “no se procedió a desocupar la vivienda”. La Xunta no contestó a esa reclamación y no fue hasta comienzos del pasado año que el propietario recurrió a la justicia para reclamar las cantidades que se le debían desde septiembre de 2016 y hasta ese momento, en abril de 2018, que actualizadas según la inflación desde los 890 euros iniciales a 944 euros por mes más IVA ascendían a un total de 21.700 euros. Según El País, la vista está prevista para el día 22.
De acuerdo con el escrito de contestación de la letrada del Gobierno gallego, el problema es del propietario ya que “la Xunta no puede obligar a desocupar la vivienda, por cuanto esta es una facultad que le corresponde exclusivamente al arrendador”. La letrada dice que las sucesivas prórrogas que experimentó el alquiler después del 31 de diciembre de 2009 en que finalizaba el contrato original, a pesar de que el Gobierno gallego siguió pagando hasta agosto de 2016, “no son con la Xunta de Galicia sino con la persona que ocupa la vivienda, la cual continúa en el citado inmueble pese a poder ejercitar el arrendador una acción de desahucio contra ella, lo cual indica que este es consciente y consentidor de que se continúe por parte de esta persona ocupando el inmueble”. En su escrito, la letrada de la Xunta finaliza diciendo que “si lo que existe es un pacto tácito entre arrendador y ocupante para mantener los efectos del contrato, eso no puede afectar a la administración autonómica ni obligarle a pagar la renta”.
