La curva de Angrois, en Santiago, en la que el 24 de julio de 2013 descarriló el tren Alvia provocando 80 muertes no fue evaluada por una entidad independiente antes de la puesta en servicio de la línea de AVE Ourense-Santiago en diciembre de 2011. Adif dice que no era preciso, pero las víctimas del siniestro vienen de evidenciar que la empresa pública sí que lo consideraba necesario tanto en documentos como en reuniones de seguimiento de la obra. Ahora, el abogado del maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, imputado desde el siniestro, acaba de solicitar al juez instructor que cite a declarar a un cargo de Adif para que aclare quién y por qué se decidió no hacer esa evaluación independiente de la curva. El letrado, en un escrito presentado este lunes en el juzgado, también pide al instructor que ponga el foco igualmente en Renfe por no aportar a la causa varios documentos que se le reclamaron sobre cómo desvió toda la responsabilidad hacia el conductor.
La investigación judicial sobre el siniestro está centrándose en si Adif evaluó como debía los riesgos existentes en la línea Ourense-Santiago y en particular en la curva de Angrois, donde el maquinista no frenó a tiempo y descarriló sin que hubiese activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su previsible error humano. En noviembre tres técnicos de Ineco, la empresa pública encargada de evaluar de manera independiente los riesgos de las obras de Adif, declararon en el juzgado que ésta sólo les había encargado analizar el AVE Ourense-Santiago hasta unos metros antes de la curva de Angrois, pero no ese punto, según Adif porque no era necesario ya que según su visión ese tramo final se encuentra ya fuera de la línea de alta velocidad y es considerado una línea convencional para la que no hay esa exigencia.
Sin embargo, hace dos semanas la Plataforma de Víctimas de Angrois hizo público un documento de Adif en el que la propia empresa pública consideraba necesaria esa evaluación independiente también en la curva de Angrois. Del mismo modo, actas internas de reuniones entre varios responsables de la puesta en servicio de la línea revelaron discrepancias sobre si debía realizarse o no esa evaluación, encuentros que culminaron con la decisión de no realizarla.
Ahora, el abogado del maquinista reclama al juez instructor que cite a declarar, como testigo o como imputado, al “responsable máximo de la Dirección de Instalaciones y Control del Tráfico, que adoptó esa decisión”, que pide que sea identificado por Adif. La empresa pública también tiene ya imputado a su entonces director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, responsable último en Adif de autorizar la puesta en servicio de la línea.
El abogado del maquinista también pide al juez que ponga el foco en Renfe por no aportar a la causa documentos que el magistrado le reclamó en octubre -no es la primera vez que Adif o Renfe ocultan o demoran la entrega de papeles-, en particular los que recojan el procedimiento por el que la operadora ferroviaria aceptó la “exportación de riesgos” hacia su conductor realizada por Adif. Una “exportación de riesgos” que supuso hacer responsable en exclusiva al maquinista de frenar a tiempo antes de la curva de Angrois de 200 a 80 kilómetros por hora sin que hubiera ningún sistema automático que lo avisara o paliase su posible error. El abogado destaca, para ratificar su tesis de que no existe esa aceptación de riesgos por parte de Renfe, como según dice exige la normativa europea, que el director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, también imputado, declaró en noviembre en su comparecencia en el juzgado que Adif no se lo comunicó.
Pero el abogado también ponen en entredicho el funcionamiento interno de Renfe en ese área al no hacer nada para mejorar la seguridad cuando un año y medio antes del siniestro un maquinista jefe avisó por escrito de ese riesgo de despiste y exceso de velocidad existente en la curva de Angoris. Renfe se escudó en su momento en que, tras esa advertencia, la decisión que se había tomado había sido la de reforzar la formación a los maquinistas para que prestasen más atención a esos frenazos bruscos. Sin embargo, el abogado del maquinista pone en evidencia que en el expediente formativo de su defendido no figura que recibiese esa formación a mayores, como ya desveló El País hace cuatro años.
Para aclarar esas cuestiones el abogado pide que declaren en la causa dos peritos de parte propuestos por él mismo expertos en conducción ferroviaria y riesgos por factor humano.