La Xunta de Galicia fía buena parte de su estrategia para la recuperación económica tras la pandemia a los fondos de ayuda europeos. Se suceden actos solemnes de presentación por sectores con el presidente Alberto Núñez Feijóo y el vicepresidente económico Francisco Conde, se multiplican los comunicados oficiales de prensa. Cinco “proyectos tractores” son los conocidos hasta ahora. Según el Gobierno gallego, precisan 3.651 millones de euros para materializarse. Pero las cifras bailan, sobre todo las referentes a las previsiones de empleo: en apenas cuatro meses, la futura planta de viscosa pasó de generar 800 puestos de trabajo a 9.700, según las notas del propio Gobierno gallego. Consultado por elDiario.es, este no ha ofrecido una explicación.
El vaivén de números lo destapó la líder del BNG, Ana Pontón, en su pregunta a Feijóo en la sesión de control del Parlamento de Galicia este miércoles. En su intervención, que no obtuvo respuesta concreta por parte del presidente, calificó de “ceremonia de la confusión” la comunicación pública sobre los también denominados fondos NextGeneration por parte de la Xunta y habló de “mezcla de opacidad y propaganda”. Un repaso al repositorio digital de comunicados del gabinete de Feijóo confirma los expuesto por Pontón en la Cámara.
Dos de las ideas en las que más tinta y esfuerzos retóricos ha gastado el ejecutivo gallego ofrecen un significativo cambio en las proyecciones del trabajo que, promete, crearán. Cuando el 13 de octubre se constituyó la Comisión NextGeneration Galicia, encargada de “supervisar la hoja de ruta gallega para optar al Fondo Europeo de Recuperación”, una planta de fabricación de viscosa iba a necesitar una inversión de 700 millones de euros y ofrecer 800 puestos de trabajo. Apenas un mes y medio después, el 30 de noviembre, Feijóo elevaría la apuesta: 950 millones de euros y la “contratación de más de mil personas en el contexto de la fábrica”. Lo hizo en la presentación del Foro NextGeneration Industria Forestal.
Pero el gran salto adelante lo realizó el presidente de la Xunta el 29 de enero, en el comunicado emitido tras ser recibido en la Moncloa, en Madrid, por Pedro Sánchez. La factoría de viscosa, una propuesta nacida de Inditex, se haría realidad con 1.140 millones de euros y daría lugar a nada menos que 9.700 puestos de trabajo. En ese documento, la planta era definida como de “producción de fibras” y relacionada con la “gestión sostenible de los montes gallegos para la producción de fibras celulósicas”. Algo parecido sucedió con otro de los “proyectos tractores”, el referido a la llamada planta de economía circular.
Esta iba a costar, según los datos del 13 de octubre en la presentación de la comisión, 525 millones de euros, y daría trabajo a 800 personas. La siguiente referencia es ya del 29 de enero, después de la reunión entre Feijóo y Sánchez: 500 millones de euros y 5.000 empleos. En la mencionada nota de prensa posterior al encuentro, la fábrica era definida como de “aprovechamiento de residuos orgánicos en la producción de biogás, CO2 industrial y fertilizantes, así como para el tratamiento y valorización de otros residuos”. Los cinco proyectos tractores señalados en el comunicado -además de estos dos, el impulso de un polo aeroespacial, otro centrado en la automoción y el último en la fabricación de vacunas en Zendal- supondrían, a decir la Xunta, “17.000 nuevos puestos de trabajo”.
La versión de la cumbre entre presidentes difundida por el Gobierno central fue mucho menos expansiva en lo tocante a los fondos europeos. En ella, el tema quedaba reducido a que Sánchez había destacado “la importancia de aprovechar con la máxima eficiencia” las ayudas “para impulsar la digitalización, la cohesión social y territorial, la transición ecológica y una España sin brechas de género”.
A preguntas de este periódico sobre el baile de cifras en los proyectos de viscosa y economía circular, la Vicepresidencia de Economía, Empresa e Innovación no se ha pronunciado.
La etiqueta de NextGeneration [“la generación que viene”] designa un “instrumento temporal de recuperación” habilitado por la Unión Europea y dotado con 750.000 millones de euros. Según la propia promotora, “contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus”. Cada Estado miembro de la unión gestionará así su parte de las ayudas. En el caso de España, las comunidades autónomas presentan proyectos al Gobierno. La decisión última corresponde a Europa.