El próximo martes comienza en la Audiencia Provincial de Lugo el juicio del denominado caso Campeón, el primero sobre corrupción que afectó a la Xunta de Feijóo y que tiene entre sus acusados a quien fue director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela, y al exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián. Junto a ellos, se sentarán en el banquillo otras once personas, la mayoría empresarios encabezados por el líder de la supuesta trama de desvío de subvenciones públicas, Jorge Dorribo. Sin embargo, el Gobierno gallego sólo acusa a los empresarios y renunció a hacerlo también contra los excargos del PP y otros dos funcionarios autonómicos, como sí hace la Fiscalía.
Además, la sesión del martes estará dedicada a cuestiones previas y en ella los acusados intentarán anular algunas de las principales pruebas del caso y, según varios medios locales, llegar a acuerdos previos que eviten la continuación del juicio prevista para el 24 de octubre.
El caso Campeón explotó en 2011, dos años después de la llegada de Feijóo a la Xunta, e investigó la presunta trama creada en torno al empresario lucense Jorge Dorribo para, entre otras cuestiones, obtener subvenciones públicas de manera ilegal. Créditos públicos apoyados en facturas falsas y con el exdiputado Pablo Cobián como intermediario, falsedad, sobornos, blanqueo o delitos contables salpicaron una prolongada investigación que toca de lleno a quien fue director del Igape, Joaquín Varela, detenido al inicio del proceso. Junto a él es juzgado también el exsubdirector de información del ente público, Carlos Silva, y la responsable de Financiación de la entidad, Cristina Quintela. Los tres, Varela, Silva y Quintela, tendrán que responder de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, los mismos que se le imputan a Cobián, acusado además de tráfico de influencias y soborno, lo que eleva las penas solicitadas contra él a unos nueve años de cárcel.
La lista de supuestos delitos cometidos por Dorribo es más amplia. La Fiscalía le acusa de hasta ocho en diferentes modalidades: delinquir contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible. En su calidad de acusación particular la Xunta le imputa además la falsificación de certificados. El resto de las personas acusadas por el Ministerio Público y la Administración autonómica son responsables o empleados de la empresa de Dorribo y de otras con las que trabajaba, como la constructora Proitec.
La acusación de la Xunta, con todo, se extiende sólo a nueve de las trece personas a las que acusa el Ministerio Público, y deja fuera a los antiguos responsables del Igape y a quien fue diputado autonómico por el PP y candidato a la alcaldía de Oleiros (A Coruña). Preguntado por esa circunstancia, hace un año el presidente Feijóo aseguró que la decisión de contra quién se persona la Xunta en una causa judicial es de los técnicos de su Asesoría Jurídica, no del Gobierno gallego, y rebajó la importancia del caso Campeón en lo que afecta a los funcionarios públicos a “una mala gestión” sin ver en ellos “responsabilidad penal”.
Por otra parte, la sesión que se celebra el martes estará dedicada a las cuestiones previas y en ella los acusados pedirán que se anulen algunas de las principales pruebas de cargo del caso. Además, según publican varios medios locales, entre ellos El Progreso, Fiscalía y defensas buscan acuerdos de conformidad previos que para la primera garanticen un mínimo de condenas y para las segundas rebajen las penas impuestas.