La Xunta prohibirá temporalmente que se planten nuevas parcelas de eucaliptos en Galicia. Lo anunció este jueves su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez el Gobierno gallego admitía la existencia de un problema con la expansión incontrolada de la especie. Colectivos ambientalistas que, junto a la oposición parlamentaria, llevan años de críticas al polémico árbol celebran la decisión. “Reconocen que hay un conflicto”, señalan, al tiempo que advierten de la necesidad de concretar: “Sin medidas para que se cumpla, de poco vale”.
Los recelos de los ecologistas tienen una explicación, el Plan Forestal Galego de 1992. Este documento, impulsado por el primer gabinete de Fraga Iribarne, diseñaba el futuro del monte gallego. Y establecía previsiones. Una de ellas se refería al eucalipto: en el año 2032 ocuparía 245.000 hectáreas. Según los últimos datos del Inventario Forestal de Especies Productivas -realizado cada década por el ministerio-, en 2018 eran ya 300.500 de monocultivo de eucalipto y otras 121.700 en las que la especie se encontraba presente de algún modo. Es decir, casi el doble de las previstas para 2032. Las hectáreas de monte arbolado en Galicia se aproximan al millón y medio. “Si apruebas una ley pero no la haces cumplir, no hay un régimen de sanciones para que el eucalipto no vaya a más, pasará lo que pasó con el primer plan”, considera Cristóbal Pazo, de Ecoloxistas en Acción.
El conflicto al que se refieren respecto al eucalipto está relacionado con numerosos factores. La especie es pirófita y, por lo tanto, nada resistente a los incendios, más bien al contrario. Tampoco favorece la biodiversidad: “No acogen fauna en las copas ni debajo. Acaban siendo desiertos de eucaliptos. A su lado, los árboles autóctonos acaban secando”. Finalmente, el monocultivo al que tiende rompe la multifuncionalidad del monte y dificulta la vida en el rural, “que no es solo un lugar para que vayan los urbanitas de paseo”, dice Pazo. Esa multifuncionalidad es lo que recomienda la Unión Europea como criterio general en la gestión de montes.
Paralización temporal sin detalles
Ni Núñez Feijóo ni su conselleiro de Medio Rural, José González, han ofrecido detalles sobre la moratoria, que el segundo sacó de la manga este miércoles durante el debate parlamentario del nuevo plan forestal, que regirá desde este año hasta 2040. Lo hizo de manera tan inesperada que ni siquiera la recogerá la mencionada estrategia, aprobada solo con los votos del Partido Popular y en medio de duras críticas de la oposición. Será una disposición adicional de la Lei de Recuperación de Terras Agrarias, actualmente en tramitación. Consultado el departamento de Medio Rural por elDiario.es por la duración de la paralización o por la hipótesis de un régimen sancionador, ha remitido a las declaraciones del presidente y su conselleiro. De momento no da más información.
“Aplaudimos que se asuma que hay un problema”, insiste Pazo, “pero de palabra solo no vale”. Según sus cálculos, dos tercios del eucalipto plantado en la comunidad están fuera de la ordenación del primer plan forestal, el de Fraga. En su opinión, inspeccionar y, llegado el caso, sancionar a quien incumpla no sería complicado hoy en día, gracias a la tecnología vía satélite.
Con el activista de Ecoloxistas en Acción coincide, en líneas generales, Manu Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. “La moratoria es una victoria del movimiento ecologista, no tengo ninguna duda”, afirma, “por primera vez la Xunta reconoce oficialmente que tenemos un problema con el eucalipto y que esta especie ha dañado gravemente la biodiversidad en Galicia”. Greenpeace la había planteado en sus alegaciones a la revisión del anterior plan forestal en 2018. Ahora, la prohibición temporal significa, a su ver, que el Gobierno gallego acepta que no sabe cuánto eucalipto hay sobre el terreno, “que se les fue de las manos” y que es conflictivo. El propio Feijóo habló de dos vectores para justificar su decisión: la caída de la rentabilidad de la producción, por exceso de oferta, y un “problema de ecosistema”.
“Hasta ahora habían negado la realidad”, indica Santos. Ya no, parece. El conselleiro José González explicó este jueves cómo la “regulación temporal” de la especie también se debe a los compromisos adquiridos por la Xunta -con forma de directivas europeas- en materia ambiental: bioeconomía y neutralidad carbónica. Además, González se refirió a la “preocupación social”, a la necesidad de anticiparse a los incendios forestales o incluso a “una plaga originada por el cambio climático”. Reproducía parte de las conclusiones de la Comisión Forestal del Parlamento gallego, emitidas en 2018 y, de alguna manera, compraba los argumentos históricos del ecologismo y la oposición.
Primer paso antes de plantear la reducción
“Sí, la Xunta ha aceptado el marco. Abre una puerta y hay que entrar por ella. Ya veremos como se lleva a cabo, esa es otra fase”, entiende Santos. Sobre la otra razón que Feijóo y González esgrimieron para anunciar la moratoria, la económica, se extiende Cristóbal Pazo. “Galicia planta y corta casi el 70% de los árboles del Estado, pero solo factura el 15%. No se genera valor añadido. Se fabrica sobre todo pasta de papel. No hay artesanía, no hay ebanistas”, dice, “así, solo se beneficia la gran empresa. Y al rural no le compensa”. La sobreabundancia de eucalipto, especialmente de la subespecie nitens, ha hecho caer los precios. “A veces, si se trata de terrenos inaccesibles, ni siquiera generan beneficios para pagar la tala”, dice Pazo.
En todo caso, la suspensión temporal de nuevas plantaciones no afectará a las ya activas, siempre y cuando se ajusten a la legalidad, planteó Feijóo. Y para los colectivos ecologistas es solo el primer paso. Ecoloxistas en Acción entiende que, tras la paralización, debe comenzar la reducción, a través de la potenciación de las frondosas, “árboles de alto valor añadido”. El Gobierno gallego anunció también ayudas para plantar 20.000 hectáreas de las mismas, además de 20.000 de pino. Desde Greenpeace, Manu Santos avisa: “Para que funcione, la moratoria debe contar con la participación, algo que no hubo en el plan forestal, donde el consenso fue únicamente económico, no social”.