La Comisión Europea, el Gobierno central y la Xunta deberán dar explicaciones en las próximas semanas de lo que saben sobre el estado en que se encuentran los residuos nucleares vertidos entre 1949 y 1982 frente las costas gallegas, en la denominada Fosa Atántica. Los ejecutivos europeo, estatal y gallego tendrán que responder a diversas preguntas formuladas por PSOE, En Marea y BNG, que se interesan por el problema relatado esta semana por este diario de que una docena de instituciones estatales e internacionales no sean capaces de decir cuándo fue la última vez que se controló el estado de esos vertidos, cuándo será la próxima ni quién debe vigilarlos.
El eurodiputado y exministro socialista José Blanco, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, presentó el pasado 21 de junio una pregunta en la Eurocámara en la que pedía a la Comisión Europea que le indicase “si ha previsto realizar o participar en cualquiera forma en la realización de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos vertidos”. El 30 de agosto la Comisión Europea le respondió, en la misma línea en que contestó a este diario, situando el foco en que los vertidos están actualmente prohibidos e indicándole que debido a esa prohibición “en este momento la Comisión no está planificando nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos vertidos”. Ante esa respuesta, el 27 de septiembre Blanco formuló nuevas preguntas, aún pendientes de contestación, en las que pide a la Comisión que le diga si tiene conocimiento de que el Gobierno español esté planificando nuevos estudios sobre aquellos residuos, si España trasladó a la UE la necesidad de hacerlos o si la propia Comisión detectó alguna irregularidad en los controles sobre la radiactividad que pueda estar realizando el Gobierno español.
En el Congreso de los Diputados, la diputada de En Marea Alexandra Fernández acaba de presentar también varias preguntas en las que intenta aclarar qué sabe el Gobierno central sobre esta cuestión. Fernández pregunta si el Gobierno conoce si algún organismo internacional está realizando algún control de los vertidos, cuándo se produjo la última inspección y si el Ejecutivo va a demandar la vigilancia de esos bidones. La diputada de En Marea también pregunta si el propio Gobierno se ha interesado en los últimos años por el estado de esos residuos, si realizó alguna gestión internacional y, “de lo contrario, ¿por qué?”. Fernández argumenta que “dado el prolongado tiempo transcurrido desde que se depositaron los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica, sería pertinente saber si se están llevando a cabo revisiones sobre su estado y evolución, y qué organismo internacional es el competente”. La diputada destaca que “los bidones no fueron diseñados para el almacenaje de residuos nucleares y radiactivos a perpetuidad”, por lo que reclama “hacer política preventiva” y que el Estado español se preocupe por el tema “puesto que su costa es la más próxima a los bidones radiactivos”.
En el Parlamento de Galicia, fuentes del BNG avanzan que esta formación también prevé presentar iniciativas al respecto la próxima semana para interesarse por el conocimiento que pueda tener la Xunta de Galicia sobre el estado de esos residuos radiactivos frente a las costas gallegas.
Las peticiones de explicaciones políticas por parte de los ejecutivos gallego, español y europeo se producen al tiempo que Greenpeace reclama que sean los países que realizaron los vertidos los que controlen su estado. La organización ecologista, cuyas campañas de 1981 y 1982 de la mano de marineros gallegos sirvieron para parar aquellos vertidos, alerta también sobre la antigüedad de los análisis existentes sobre el estado de aquellos bidones.