La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados se reúne este martes a las once de la mañana para acoger la comparecencia y votación como nuevo presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del ingeniero y profesor Fernando Montes Ponce de León, propuesto por el Ministerio de Fomento. La CIAF fue el organismo encargado del análisis técnico del accidente de tren de Santiago que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos, del que concluyó que el único responsable había sido el maquinista. La CIAF viene rechazando reabrir esa investigación, como reclaman las víctimas, argumentando que no hay datos nuevos que la lleven a hacerlo, a pesar de que el juzgado que instruye la causa penal, en la que influyó en su momento el dictamen técnico, acaba de apuntar ahora un incorrecto análisis por parte de Adif del riesgo existente de un error humano como el ocurrido, por lo que acaba de imputar a un ex-director de esa empresa pública.
El pasado julio la Agencia Ferroviaria Europea criticó duramente la investigación realizada por la CIAF, de la que dijo, como también considera la Audiencia Provincial de A Coruña, que no era independiente cuando analizó el accidente de Angrois. Desde entonces el Gobierno modificó el procedimiento de nombramiento del presidente de la CIAF, que antes designaba directamente Fomento y que ahora debe ser avalado por el Congreso de los Diputados en una sesión como la de este martes. Ese nuevo procedimiento, que para la Unión Europea ya garantiza la independencia de la CIAF, es lo que impide, según la argumentación del Gobierno, que Fomento le pueda pedir que reabra la investigación. Si ahora es independiente, la reapertura de la investigación tendría que ser una decisión de la propia CIAF, de ahí la posible relevancia de un cambio en su presidencia.
Sin embargo, el nuevo presidente de la CIAF propuesto por Fomento ya consideraba en noviembre de 2013, antes incluso de que la investigación técnica finalizase medio año después, que los sistemas de seguridad existentes en Santiago “eran los adecuados” y apuntaba a la responsabilidad del maquinista, Franciso José Garzón, también imputado en la causa penal, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren.
Fernando Montes Ponce de León, ahora propuesto para presidir la CIAF, es ingeniero y profesor universitario, experto en señalización ferroviaria y, en particular, en el desarrollo del sistema de control constante de la velocidad ERTMS, propio del AVE, que en Santiago Adif había permitido desactivar y no pudo así evitar o paliar el error del maquinista. Montes es vocal de la CIAF desde julio de 2014, un mes después de que ese organismo finalizase su investigación sobre Angrois. Pero como experto en la materia, Montes había participado previamente tanto en la comisión técnico-científica que Fomento creó tras el accidente para proponer mejoras de todo tipo en toda la red ferroviaria española como en la subcomisión política de análisis y mejora creada a su vez en el Congreso. En este último foro compareció Montes el 26 de noviembre de 2013.
Allí, tras una exposición inicial general sobre los sistema de seguridad en la red ferroviaria española, la entonces diputada del BNG Rosana Pérez le preguntó si todos esos sistemas de seguridad de los que acababa de hablar eran los adecuados durante el accidente de Angrois, algo que ahora el juzgado de instrucción pone en entredicho. La respuesta de Montes, según la transcripción del propio Congreso de los Diputados, fue la siguiente: “Si los subsistemas que se han puesto en Santiago eran adecuados. Pues mi respuesta es sí, sí. Así de sencillo, sí, no me cabe la menor duda de que estamos en el nivel adecuado. Ha habido una actuación horrible, ha sido un accidente horrible; a todos los que somos ferroviarios, a mí me llegaban notas, correos de Europa de gente preguntándome por el accidente, y realmente ha sido horrible. Pero los sistemas que estaban puestos allí eran los adecuados. Posiblemente no se ha atendido a los procedimientos que se debía haber atendido, correctamente”. Esos procedimientos, según viene defendiendo Adif, dejaban al maquinista toda la responsabilidad de frenar a tiempo antes de la curva de Angrois sin ningún sistema automático que lo respaldase.
Siete meses después de aquellas consideraciones, en julio de 2014 Montes fue nombrado vocal de la CIAF y ahora Fomento propone que sea su nuevo presidente, puesto en el que podrá proponer o no la reapertura de la investigación técnica de Angrois. La última palabra sobre su nombramiento la tendrá este martes la Comisión de Fomento del Congreso, cuyos 37 miembros se reparten de la siguiente forma: 14 del PP, 9 del PSOE, 7 de Unidos Podemos-En Marea, 3 de Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto (de Compromís y PDCat), 1 del PNV y 1 de ERC.
Una reunión y votación la de este martes que se produce gracias a que así lo ha solicitado En Marea, ya que la ley ferroviaria permite que Fomento saque adelante su propuesta de presidente de la CIAF por asentimiento si en el plazo de un mes el Congreso no pide supervisar la decisión. Esa misma ley permite que Fomento nombre directamente a los cinco vocales que acompañan al presidente de la CIAF, que actúan de forma colegiada con él, sin que estos puedan ser vetados por el Congreso.
Las víctimas dudan de la independencia de la CIAF
Este lunes la Plataforma de víctimas de Angrois informó de que ha remitido dos escritos a la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Violeta Bulc, en los que muestran sus dudas de que la CIAF sea ahora independiente, como mantiene Bruselas, y le preguntan por sus siguientes pasos para investigar correctamente el siniestro.
Las víctimas le preguntan a la comisaria cuándo activará la Comisión Europea la investigación técnica “independiente” del siniestro que le ha reclamado el Parlamento Europeo. Una investigación que, en una reciente visita a Madrid, Bulc aseguró que no es competencia suya sino del Estado español, al tiempo que justificó que el Gobierno no pueda ahora pedirle a la CIAF que la realice para no vulnerar su independencia. Pero las víctimas preguntan qué piensa hacer la UE si ella misma, a través de la Agencia Ferroviaria Europea, certificó que España no investigó correctamente el siniestro tal y como exige la normativa europea.
Las víctimas también le trasladan a la comisaria sus dudas sobre la supuesta independencia actual de la CIAF tras los cambios en su normativa introducidos por el Gobierno y avalados por la UE. Los afectados destacan que “si el Ministerio de Fomento es el que nombra, y sigue haciéndolo” a los miembros de la CIAF -en particular a sus vocales, que no pueden ser vetados por el Congreso-, estos “no pueden ser independientes”. “Quien los nombre tiene intereses en la causa investigada, sea nuestra o futuras”, destacan.